7 mayo, 2009
En México, se comprobó que tanto la mayor empresa minera del país, Grupo México, como el gobierno nacional fueron culpables de violación de la legislación mexicana y de las normas internacionales cuando trataron de destruir el Sindicato nacional de mineros y metalúrgicos de México (SNTMMSRM).
Destitución por la fuerza del secretario del sindicato
En febrero de 2006, Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato de mineros de México, elegido democráticamente, fue destituido de su cargo por la fuerza, después de haber criticado públicamente al gobierno y al Grupo México, en respuesta a un trágico accidente en Pasta de Conchos, que dejó un saldo de 65 mineros muertos. El gobierno nombró a un nuevo secretario general -que no era miembro del sindicato- y congeló todos los activos del SNTMMSRM y del Sr. Gómez.
Las investigaciones de tales actos revelaron que el gobierno había usado documentos adulterados, ocultado pruebas y coaccionado a funcionarios para que emitieran órdenes de arresto sin fundamento contra el dirigente sindical. El Grupo México y el gobierno trataron entonces de dividir al sindicato, reconociendo de la noche a la mañana un sindicato pro-patronal y convocando "elecciones" en las que los trabajadores fueron obligados y coaccionados a afiliarse a él.
Protesta de sindicatos de todo el mundo
La FITIM objetó enérgicamente esas violaciones de los derechos de los trabajadores e instó al gobierno mexicano a que suspendiera su ataque al SNTMMSRM. Sindicatos de todo el mundo protestaron ante las embajadas y consulados de México, denunciando la interferencia del gobierno en el funcionamiento legal de un sindicato.
La FITIM presentó una queja contra el gobierno mexicano por violación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante esta entidad. El Comité Ejecutivo de la FITIM decidió investigar tanto las circunstancias del accidente en la mina como la interferencia del gobierno en los asuntos del sindicato.
A Gómez se le restituyó oficialmente su cargo de secretario general el 11 de abril de 2007, una vez que un tribunal federal había fallado que el Ministerio de Trabajo se había excedido de sus atribuciones y no había cumplido con los procedimientos establecidos. No obstante, Gómez Urrutia sigue en el exilio, debido a cargos infundados contra él que siguen pendientes y a las graves amenazas de que son objeto él y su familia.
La FITIM y sus afiliados siguen apoyando solidariamente al sindicato mexicano en su lucha por la independencia y por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores.