31 marzo, 2010Una Comisión de Investigación especial de la Organización Internacional del Trabajo presenta un informe sobre violaciones de los derechos fundamentales por el Gobierno zimbabwense.
ZIMBABWE: Una Comisión de Investigación especial de la Organización Internacional del Trabajo, en sus conclusiones presentadas al Consejo de Administración de la OIT esta semana, ha confirmado que el Gobierno de Zimbabwe es responsable de graves violaciones de derechos fundamentales, en particular sobre la libertad para organizar sindicatos y negociar colectivamente, el derecho de huelga, y la protección de los sindicalistas contra la discriminación.
La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas se une a los llamamientos hechos por la Confederación Sindical Internacional el 26 de marzo para mantener la presión por el imperio de la ley y el respeto de los derechos fundamentales en Zimbabwe, tras la publicación del informe..
Por primera vez en la historia de la OIT, organizaciones sindicales y de empleadores presentaron una queja contra un gobierno, que condujo al establecimiento de la Comisión de Investigación en 2008. La Comisión se desplazó a Zimbabwe y escuchó el testimonio de trabajadores, y se reunió con representantes del Gobierno y de empleadores.
En el informe de la CIE se detallan también violaciones de otros derechos fundamentales contra sindicalistas, como el arresto y la detención arbitrarios, y del derecho a la "seguridad personal". Muchos sindicalistas zimbabwenses han sido fuertemente golpeados por fuerzas de seguridad y otras a requerimiento del régimen en los últimos años.
Después de que la Comisión de Investigación informara de sus conclusiones al Consejo de Administración de la OIT, se confirmó que el Gobierno de Zimbabwe es responsable de graves violaciones de derechos fundamentales, en particular sobre la libertad de organizar sindicatos y de negociar colectivamente, el derecho de huelga, y la protección de sindicalistas contra la discriminación.
La Comisión formuló varias recomendaciones que el Gobierno ha de aplicar para garantizar el la plena aplicación de los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT sobre la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, y que puede contribuir al proceso de reconciliación nacional.