21 septiembre, 2007Algunos de los trabajadores de la factoría australiana de Tristar han conseguido indemnización por supresión del empleo, pero continúa la lucha respecto a otros.
AUSTRALIA: Después de más de un año de lucha, los negociadores sindicales han conseguido indemnizaciones por supresiones de empleos para la mayoría de los trabajadores que quedan en la fábrica inactiva de partes de automóviles Tristar. Se ha notificado a veintitrés trabajadores que recibirán todo lo que les corresponde por perder sus puestos de trabajo, de conformidad con las disposiciones de su acuerdo certificado por el sindicato.
De los nueve empleados restantes, algunos esperan llegar a una resolución en los próximos días, según el organizador del Australian Manufacturing Workers' Union (AMWU), Martin Schutz. "Pero mantendremos nuestra campaña hasta que la totalidad de los empleados reciban todo a lo que tienen derecho."
El conflicto en Tristar comenzó cuando la fábrica dejó efectivamente de funcionar, en abril de 2006, pero retuvo a sus empleados más antiguos, algunos de los cuales llevaban en la compañía 45 años, a fin de evitar las indemnizaciones por supresión de empleo. Tristar Steering and Suspension trataba de utilizar las nuevas leyes de relaciones de trabajo australianas para ahorrarse centenares de miles de dólares manteniendo en nómina a los trabajadores "excedentes" hasta que expiraran las condiciones del acuerdo sindical.
El convenio colectivo, que comprende el pago de cuatro semanas de sueldo por año de servicio en caso de despido forzoso, expiró en febrero de 2007. La compañía esperaba que prescribieran las cláusulas del acuerdo, en cuyo caso sólo tendría que pagar 12 semanas de sueldo a los trabajadores cesantes.
Además de conseguir que se respeten los derechos de los empleados, la campaña sobre Tristar también ha logrado la protección de otros miles de trabajadores australianos que podrían correr la misma suerte. Preocupado por la publicidad en torno al caso, el Gobierno australiano amplió las disposiciones pertinentes a 12 meses. Y desde entonces se han prorrogado a dos años, ante la continua presión del AMWU y de grupos comunitarios.