26 julio, 2010
Las federaciones sindicales internacionales y organizaciones de la sociedad civil expresaron claramente su indignación la semana pasada por el más reciente revés que enfrenta el proceso de reconstrucción de Irak. El 20 de julio, el gobierno de Irak puso en vigencia una orden ministerial por la cual clausuraba y tomaba todas las oficinas y propiedad de los sindicatos de trabajadores de la energía eléctrica.
Dentro de un día de haberse promulgado dicha orden, los policías hicieron inventarios de los equipos, muebles y archivos de varios sindicatos de trabajadores de la electricidad en diferentes partes de Irak, incluyendo los de dos organizaciones afiliadas a la ICEM: el Sindicato de Trabajadores de la Energía Eléctrica de la Federación de Consejos y Sindicatos de Trabajadores de Irak (FWCUI) y el Sindicato General de Trabajadores y Técnicos de la Electricidad (GUEWT), afiliado a la Federación General de Trabajadores de Irak (GFIW). Hashmeya Muhsen Al-Saadawi, Presidenta del GUEWT, señaló que los policías fueron corteses pero enérgicos al catalogar y clausurar las oficinas.
En Irak, ese hecho constituyó un récord por la velocidad con que se promulgó y aplicó la orden, dentro de 24 horas. Normalmente, las órdenes administrativas demoran semanas o meses para hacerse efectivas. En este caso, son evidentes los prejuicios antisindicales del Ministro del Petróleo Hussain al-Shahristani. Sólo recientemente fue nombrado Ministro Interino de Energía Eléctrica. La orden señala que se demandará bajo la Ley de 2005 contra el Terrorismo en Irak a cualquier dirigente sindical que se resista a estos cierres.
Al embestir con estas medidas de la semana pasada contra los sindicatos de la energía eléctrica, el gobierno estaba haciendo un juego malicioso, demostrando fuerza para mantener la prohibición contra todos los sindicatos del sector público. Dicha prohibición, la Orden 8750, fue impuesta por las fuerzas de ocupación en agosto de 2005, que, a la vez, respaldaba una ley de Saddam de 1987 por la cual se prohibía los sindicatos libres e independientes. Los allanamientos de las oficinas de los trabajadores de la electricidad también dejan al descubierto el hecho de que, con los líderes actuales de este gobierno, será muy difícil establecer legislación laboral significativa en ese país.
La ICEM y muchos otros sindicatos y ONG, entre éstas Amnistía Internacional, protestaron inmediatamente. El 22 de julio, Manfred Warda, Secretario General de la ICEM, escribió a Nouri Al-Maliki, Primer Ministro de Irak, diciendo lo siguiente: “Esta orden es una ofensa directa contra todos los sindicatos de Irak, especialmente sindicatos tales como el GUEWT, con los cuales la ICEM y sus organizaciones afiliadas de todo el mundo vienen trabajando para establecer instituciones libres y democráticas para mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo iraquí.”
En otra carta, dirigida esta vez a William Hague, el nuevo Ministro del Exterior del Reino Unido, por Brendan Barber, Secretario General de la central sindical británica, el Trades Union Congress (TUC), calificó el decreto como “una violación de la constitución de Irak, y una de las medidas más draconianas impuesta por el gobierno del país desde el derrocamiento de Saddam. El responsable es Hussain al-Shahristani, Ministro del Petróleo, que recientemente se encargó de la cartera de electricidad y tiene antecedentes preocupantes por echar mano a la legislación laboral de la época de Saddam contra los sindicatos.”
El TUC inició una campaña en LabourStart para protestar contra esta medida voluntariosa del Ministro. Para incorporarse a esta campaña, ver aquí.
Al finalizar la semana pasada, ya se había registrado hechos de discriminación contra los dirigentes sindicales que habían intentado reunirse para intercambiar opiniones sobre los repentinos cierres y ocupación de oficinas. En una asamblea de esta naturaleza que se realizó frente a las oficinas de una empresa de electricidad, llegó la policía para agredir verbalmente a los sindicalistas. En Basra, el 22 de julio, los dirigentes sindicales se reunieron con algunos miembros de la Gobernación de Basra para conversar sobre esta agresiva orden ministerial, que es ilegal bajo el Artículo 22 de la Constitución de Irak.
La ICEM exhorta a los sindicatos y activistas dirigirse al respecto al gobierno de Irak, uniéndose a la campaña de LabourStart.