19 octubre, 2009
Es probable que a principios de 2010 sepamos si la Asamblea Nacional de Sudáfrica va a prohibir los intermediarios laborales. Sin embargo, a juzgar por la intensidad del debate, no cabe duda que este asunto se ha convertido en una polémica candente en lo que se refiere al empleo en ese país.
A fines de agosto hubo dos días de chillonas audiencias públicas en Cape Town, realizadas por el Portfolio Committee on Labour de la Asamblea, donde los partidos políticos se enfrentaron firmemente; luego, a principios de octubre el debate sobre la cuestión de prohibir o imponer reglas más estrictas a los intermediarios laborales pasó a cuatro provincias donde se realizaron audiencias parlamentarias regionales.
Mientras tanto, en su X° Congreso Nacional, en coordinación con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD) del 7 de octubre, el Congreso Sindical de Sudáfrica (COSATU) se expresó fuertemente en favor de una prohibición, lanzando inmediatamente una campaña nacional en favor de la prohibición de este negocio, que tiene un valor de 25 billones de rand.
En una declaración del Congreso de COSATU, la federación señaló: “… como parte de la lucha a favor del trabajo decente, hacemos un llamado para que se elimine la práctica de mediación del trabajo.” En una conferencia de prensa realizada después del Congreso del 21 al 24 de septiembre, la Secretaria General Zwelinzima Vavi dijo que muchas veces, por concepto de honorarios, los intermediarios laborales se quedaban hasta con un 20% del sueldo de los trabajadores.
Tres semanas antes, en las audiencias del Portfolio Comité de la Asamblea, Vavi calificó el sistema como un “mal social,” comparándolo con el “VIH y SIDA o el crimen y la corrupción. Es un sistema que se creó para aprovecharse de los más débiles y vulnerables de la sociedad.”
Una de las actividades que realizó el COSATU para la JMTD se llevó a cabo el 6 de octubre, cuando 400 miembros de la organización afiliada Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWU) realizaron una manifestación ante un centro de correos en Ormonde, donde un 80% de los trabajadores son facilitados por intermediarios laborales. Un representante del CWU señaló que se ocupan a ocho intermediarios, y, lo que es peor, agregó, es que algunos de los administradores de correos son propietarios en parte de las agencias de mediación laboral.
Un trabajador víctima del abuso de este sistema, y que participó en la protesta, señaló que gana un sueldo mensual que vale una cuarta parte de lo que gana un empleado permanente del centro de correos, en tanto otro dijo que el trabajo precario no es mejor que ser desempleado. “Nos usan como si fuéramos condones. Si te equivocas una vez, te echan, y de todas maneras consiguen a otro para reemplazarte.”
El Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA), organización afiliada a la ICEM, hizo un llamado para que los parlamentarios del Congreso Nacional Africano (ANC) usen su mayoría para aprobar una ley que prohíba a los intermediarios laborales. Irvin Jim, Secretario General de NUMSA, dijo que con el sistema de empleo actual de tipo apartheid, las empresas dirigen su atención a las agencias de trabajo, y no a los trabajadores mismos. “En una sociedad con niveles tan altos de desigualdad, constituye una crisis permitir que prospere este sistema”, dijo.
Se han establecido planteamientos políticos en este debate. Aunque la mayoría de los legisladores del ANC están a favor de la prohibición, la Alianza Democrática (DA), que favorece al sector empresarial, está a la defensiva, y simplemente hace un llamado para que se regule la medicación laboral. El recién formado Congreso del Pueblo (COPE), que tiene poco poder político después de haberse separado del ANC, casi no se ha pronunciado al respecto, pero se cree que favorece regulación más rigurosa, y no la prohibición total.
El sector empresarial señala que en Sudáfrica unas 500.000 personas son contratadas por vía de los intermediarios laborales, pero se cree que la cifra verdadera podría ser tres veces la que indican las empresas. Los empresarios reconocen que de los 6.000 intermediarios laborales que hay en el país, solamente 3.000 están debidamente registrados.
En el país vecino de Namibia, los intermediarios laborales fueron prohibidos en 2008. Sin embargo, ahora los grupos de presión del sector empresarial han cuestionado la legislación, aduciendo razones constitucionales, y es probable que las empresas sudafricanas hagan lo mismo si se aprueba la prohibición.
El 27 de agosto, la Federación Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FITCM), junto con su afiliada sudafricana, el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Afines, realizaron un foro en Johannesburgo llamado “Conferencia multisectorial sobre el trabajo decente, hacia 2010 y más allá”, que se centró principalmente en cuestiones laborales relacionadas con los preparativos para la realización de la Copa Mundial de FIFA en Sudáfrica en 2010.
Isaac Ntshangase, Coordinador de la Construcción para el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros (NUM) señaló que un 32% del trabajo de construcción del país se realiza con mano de obra informal. La Conferencia aprobó una resolución que hacía un llamado para que se prohíba el uso de intermediarios laborales, y censuró los sueldos y condiciones de trabajo inferiores que suelen caracterizar los acuerdos de subcontratación.
En este momento, no se sabe si en Sudáfrica se va a modificar la sección 198 del Acta sobre Relaciones Laborales de 1995, con una prohibición total de los intermediarios laborales, o si se va a llegar a una solución intermedia, regulando esta práctica de forma más rigurosa. Sin embargo, no cabe duda que se va a producir alguna medida legislativa, que será buena noticia para las organizaciones sindicales internacionales que actualmente aúnen esfuerzos para reducir el trabajo que no sostiene a las personas, ofrecido por agencias de trabajo y diferentes formas de tercerización.