30 julio, 2018Si fueran realmente acertadas las declaraciones públicas de las empresas mineras respecto a las condiciones de trabajo, se habría cumplido con las reivindicaciones de los sindicatos sobre salud y seguridad, los derechos de los trabajadores/as y la necesidad de poner fin a las prácticas laborales inmorales.
Lamentablemente, por el contrario, la situación real en las minas no es favorable para la fuerza de trabajo: malas condiciones de trabajo, destrucción del medio ambiente y pobreza y enfermedades en las comunidades afectadas por las minas. Entonces, ¿cómo pueden las empresas mineras cumplir con las expectativas de la sociedad, que considera que los recursos minerales son los más importantes elementos para promover el desarrollo nacional? ¿Es posible lograr que las empresas acepten responsabilidad por cuestiones económicas, ambientales, sociales y de gobernanza? ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas se pueden usar para lograrlo?
Estos fueron algunos de los tópicos industriales y laborales que debatieron más de 50 delegados de Ghana, Kenia, Costa de Marfil, Liberia, Madagascar, Malawi, Tanzania, Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabue, reunidos en Johannesburgo los días 25 y 26 de julio, con el fin de estudiar las conclusiones principales de la evaluación del Índice de Minería Responsable (RMI) 2018. Los delegados provenían de organizaciones comunitarias y de derechos humanos, comunidades afectadas por las minas, organizaciones no gubernamentales y universidades. Los sindicatos, representados por el Sindicato Nacional de Mineros y el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica, organizaciones afiliadas a IndustriALL Global Union, señalaron que es importante colaborar con los representantes de la sociedad civil en relación a los problemas en común que enfrentan los trabajadores/as y las comunidades.
El RMI evaluó a 30 empresas mineras en base a seis áreas temáticas: el desarrollo económico; la conducta empresarial; gestión del ciclo de vida; el bienestar de la comunidad; las condiciones de trabajo; y la responsabilidad ambiental. La evaluación abarcó 127 minas.
Las condiciones laborales son el área temática que tuvo los peores resultados. El RMI descubrió que a pesar de que las compañías mineras prestaron atención al problema, manifestando su compromiso con la salud y seguridad, se informó de 331 muertes en los años 2015 y 2016. Además, las empresas mineras registran malos antecedentes en cuanto a abordar la cuestión de salarios dignos, las quejas de los trabajadores/as y el combate contra la discriminación en las minas. Sin embargo, se han dado avances importantes en cuanto al trabajo forzoso e infantil.
En las conclusiones de la reunión, se recomendó que el RMI, que promueve acceso libre a la información a través del intercambio público de sus datos, trabajara con otras organizaciones que realizan trabajos similares, como la Alternative Mining Indaba y African Mining Vision. Una estrategia que el RMI debe seguir utilizando es dar a conocer la falta de cumplimiento de los derechos esenciales de los trabajadores/as. Esto ejerce presión sobre las empresas, ya que los accionistas preguntan por qué se produce esta situación. Además, el RMI puede complementar otros sistemas de evaluación, ya que cuestiona las incoherencias en los informes de las empresas mineras.
Según afirma Glen Mpufane, Director de Minería de IndustriALL:
“Confirmando lo que ya sabemos, el RMI es una herramienta útil para facilitar enlaces y comunicación, identificando temas en común para el diálogo y la colaboración entre las comunidades afectadas por las minas, la sociedad civil y los sindicatos. Queremos que las empresas mineras dejen la retórica y se comprometan a mejorar la salud y seguridad”.