17 febrero, 2021Los sindicatos alemanes llevan años afirmando que se necesita una ley con respecto a la debida diligencia en las cadenas de suministro (Sorgfaltspflichten). Ahora se están tomando en serio sus argumentos, y se espera que se apruebe una nueva ley sobre este tema antes de las elecciones de otoño de 2021.
La ley incorporará a la legislación nacional alemana las disposiciones de los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas y las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Aunque el proyecto de ley aún no se ha publicado, los ministros anunciaron algunos detalles en una conferencia de prensa del 12 de febrero.
La ley obligará a las empresas con sede en Alemania a garantizar que se respeten los derechos humanos y las normas ambientales afines en todos los niveles de la cadena de suministro. Se espera que esta ley entre en vigor a principios de 2023 y que inicialmente cubra a las empresas con más de 3000 empleados. A partir de 2024, se prevé que abarque a las empresas con más de 1000 trabajadores.
Los subcontratistas de otros países tendrán que cumplir las mismas normas, aunque los proveedores indirectos sólo serán examinados si se plantean problemas. Esto haría que las empresas alemanas sean responsables de los abusos que se producen en sus cadenas de suministro. Si no remedian estas infracciones, los sindicatos y las ONG podrían llevar a las empresas a juicio en Alemania en nombre de las víctimas.
“La ley de la cadena de suministro debe fortalecer la libertad de asociación local y tomar medidas contra la represión sindical. Necesitamos sindicatos fuertes en los países involucrados a lo largo de las cadenas de suministro. Junto con los trabajadores, los sindicatos pueden detectar abusos y penar las infracciones para proteger los derechos de los trabajadores”,
expresó Wolfgang Lemb, miembro del comité ejecutivo de IG Metall, un sindicato afiliado a IndustriALL.
Las empresas podrán limitar su responsabilidad si implementan normas industriales aprobadas por el gobierno, llamadas disposiciones de “Puerto seguro” (Safe Harbour). Los sindicatos alemanes sostienen que un requisito mínimo para la condición de Puerto seguro sería que la empresa firme un acuerdo marco global (AMG) con la federación sindical pertinente. Esto proporcionaría otro mecanismo para dirimir cualquier reclamo, así como determinar las consecuencias negativas para las empresas, tales como Volkswagen, que violen los términos de los AMG.
A nivel mundial, existe una tendencia creciente a la creación de leyes en materia de debida diligencia. En 2017, Francia se convirtió en el primer país en aprobar una ley nacional basada en los principios rectores de las Naciones Unidas. Los Países Bajos adoptaron una ley sobre el trabajo infantil en 2019, y el Reino Unido cuenta con una Ley de esclavitud moderna. Se han aprobado leyes en Estados Unidos y Suiza, así como se están preparando otras en Hong Kong y Canadá. La organización hermana de IndustriALL Global Union, IndustriAll Europe, exige reglas de debida diligencia a nivel de la UE.
Imagen de la Iniciativa Lieferkettengesetz: “Por una moda sin víctimas: necesitamos un marco legal”.
Los sindicatos alemanes han abogado constantemente por una ley similar, uniendo fuerzas con más de 120 organizaciones miembros en la Iniciativa Lieferkettengesetz y trabajando duro para hacer campaña y ejercer presión a favor de la ley. Al destacar las falencias del enfoque voluntario, estos construyeron apoyo político a lo largo de los años, y la ley ha sido respaldada por destacados economistas. Algunas empresas, entre las que se encuentra Tchibo, que tiene un AMG con IndustriALL, también apoyan la ley.
Hoy en día, se les ha dado la razón. Las encuestas demuestran que el 75 por ciento de los ciudadanos está a favor de una ley de la cadena de suministro. Cada vez más, los políticos de todo el espectro político reconocen la necesidad de un marco jurídico para crear condiciones justas para las actividades de las empresas alemanas a nivel mundial.
La mayoría de las corporaciones multinacionales afirman que no es necesaria una legislación en materia de debida diligencia y que pueden controlar sus propias operaciones a través de códigos de conducta voluntarios. Sin embargo, los sindicatos han demostrado que esto no es cierto. Una y otra vez, han dejado en evidencia que las empresas no respetan los códigos voluntarios cuando esto no les beneficia a nivel económico.
Michael Vassiliadis
El presidente de IG BCE, afiliado a IndustriALL, Michael Vassiliadis, expresó:
“Las multinacionales han tenido mucho tiempo para demostrar que pueden resolver estos desafíos a través de un proceso voluntario, pero han fracasado. Ahora tienen que aceptar la consecuencia lógica: una ley”.
Alemania está gobernada por una gran coalición formada por la CDU/CSU, de centroderecha, y el SPD, de centroizquierda. El SPD ha apoyado constantemente la ley, pero incluso los políticos conservadores se han sumado a la causa. El ministro de la CSU a cargo del BMZ, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, que es responsable de la asistencia y el desarrollo en el extranjero, se unió al ministro de Trabajo del SPD en una declaración a favor de la legislación.
Jörg Hofmann
Jörg Hofmann, el presidente de IG Metall e IndustriALL Global Union, declaró:
“¡El gobierno federal alemán ha logrado un acuerdo! Los esfuerzos del ministro de Trabajo, Hubertus Heil, y del ministro de Desarrollo, Gerd Müller, han dado lugar a este avance. IG Metall celebra el acuerdo sobre una ley de debida diligencia. Después de una larga y dura lucha, esta es una señal positiva”.
“Sin embargo, existe un lado negativo: la ley tardará demasiado en entrar en vigor. Instamos a los empleadores a cumplir de antemano con los estándares establecidos por la ley. A mediano plazo, se debe evaluar si las evaluaciones de los proveedores indirectos dentro de la cadena de valor basadas en ocasiones puntuales resultan suficientes”.