19 septiembre, 2023Los avances reportados por el Gobierno de Bangladesh en cuanto a la implementación de la hoja de ruta de la OIT, particularmente en lo que respecta a combatir los actos de discriminación antisindical y violencia contra los trabajadores, están lejos de la realidad experimentada por los sindicalistas, que a diario enfrentan diferentes desafíos al sindicalizar a los trabajadores en las fábricas de ropa del país.
Cuando se trata de sindicalizar o negociar colectivamente en este sector, cuyos beneficios de exportación generan el 85 % del PIB de Bangladesh, el panorama es sombrío. Los empleadores se benefician de la violación sistemática de los derechos laborales y el silenciamiento de las voces sindicales. Es que, de lo contrario, puede que la mano de obra comience a exigir mejores salarios y condiciones de trabajo, lo que costaría dinero que no están dispuestos a gastar. Mientras tanto, el Gobierno de Bangladesh no garantiza que los empleadores respeten los derechos laborales y que la hoja de ruta de la OIT se aplique correctamente.
Una compleja red de maquinaria estatal y actores privados dificulta la sindicalización de los trabajadores de la confección en Bangladesh. A pesar de haber prometido defender el derecho a la libertad sindical y la negociación colectiva, el Gobierno no está cumpliendo. Ha habido sindicalistas asesinados por sindicalizar a nuevos miembros y denunciar a los empleadores para proteger los derechos de los trabajadores.
Recientemente, en Gazipur, un organizador sindical de la Federación de Trabajadores Industriales y de la Confección de Bangladesh (BGIWF) fue golpeado hasta la muerte por matones contratados por la fábrica luego de denunciar la falta de pago de los salarios del personal. Por su parte, un organizador sindical de la Federación Nacional de Trabajadores de la Confección (NGWF) fue asesinado, supuestamente, por tratar de sindicalizar a los trabajadores en Ashulia.
Si bien los asesinatos de sindicalistas reciben atención, el acoso que enfrentan a diario los organizadores sindicales por hacer su trabajo suele pasar desapercibido. Según los afiliados de IndustriALL en Bangladesh, los empleadores, los matones, los políticos locales y la policía trabajan juntos para hostigar y presionar a los sindicalistas que intentan sindicalizar a los trabajadores. Los matones locales, que actúan en nombre de los empleadores, amenazan y agreden físicamente de forma sistemática a los dirigentes sindicales de las fábricas. En varias ocasiones, la dirección de la fábrica obliga a los dirigentes sindicales a renunciar a su trabajo a cambio de indemnizaciones miserables. Si esta táctica falla, entonces simplemente los despide.
Los propietarios de las casas que alquilan los trabajadores también causan problemas, por ejemplo, al no permitirles que organicen círculos de estudio. Además, la policía local interrumpe las reuniones públicas organizadas por los dirigentes sindicales. Los propietarios de fábricas también son cómplices de las actividades antisindicales, ya que les advierten constantemente a los trabajadores que corren el riesgo de perder sus empleos si intentan formar o afiliarse a sindicatos. Para avivar el sentimiento antisindical entre el personal, también intentan asociar a los dirigentes sindicales con acciones que parecen ser perjudiciales para los intereses de los trabajadores.
En algunos casos, los empleadores y la policía presentan acusaciones falsas contra dirigentes sindicales locales. Un organizador sindical de la BGIWF, afiliada a IndustriALL, expresó:
“Sindicalizamos a los trabajadores en una de las fábricas de Ashulia y presentamos la solicitud de registro sindical. Apenas la dirección supo de esto, despidió a los dirigentes sindicales tras no lograr convencerlos de que renunciaran a cambio de una indemnización miserable. Cuando se enteraron, el personal de la fábrica se declaró en huelga. A partir de entonces, el director general de la fábrica no solo agredió físicamente a los sindicalistas, sino que también amenazó con presentar una demanda penal contra ellos. Los huelguistas fueron acosados por matones contratados. Hay una causa penal pendiente contra esos dirigentes sindicales”.
A los sindicalistas despedidos por su actividad sindical se les dificulta conseguir un empleo en otra fábrica, ya que se los incluye en la lista negra de la base de datos de trabajadores que mantiene la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh (BGMEA). Despedir a los trabajadores por afiliarse a un sindicato se utiliza como una táctica de intimidación para desalentarlos a hacerlo.
Las federaciones sindicales pueden presentar denuncias por prácticas laborales desleales o discriminación antisindical ante el tribunal laboral o ante el Departamento de Trabajo. Sin embargo, se tarda mucho tiempo en procesar las denuncias. A menudo, los funcionarios del Gobierno se niegan incluso a registrarlas, y ocasionalmente alegan que los dirigentes sindicales están tratando de destruir la economía del país.
Un organizador sindical de la Federación Sommilito Garments Sramik, afiliada a IndustriALL, expresó:
“Habíamos sindicalizado a unos 500 trabajadores en una fábrica de 1100 empleados en Gazipur. Tan pronto como presentamos la solicitud de registro sindical, la dirección despidió al presidente del sindicato, que también había recibido, a instancias de la dirección, amenazas de parte de matones locales para que renunciara voluntariamente. Como no sucumbió a la presión, fue despedido. Presentamos una denuncia ante el tribunal laboral y enviamos una carta al Departamento de Trabajo, pero no ha habido respuesta”.
A menudo, la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas (DGFI) y la policía industrial citan a declarar a los organizadores sindicales, a veces a altas horas de la noche. Los interrogan, los intentan convencer de suspender su trabajo sindical y, con frecuencia, los amenazan de muerte. En Bangladesh, los casos de agresión física contra sindicalistas mientras están bajo custodia policial son bastante frecuentes.
Un organizador sindical de la NGWF, afiliada a IndustriALL, informó de un incidente de violación de los derechos sindicales y laborales en la Zona Franca Industrial (EPZ, por sus siglas en inglés), donde está prohibido formar sindicatos:
“Cuando trabajaba en una de las fábricas de la EPZ, traté de sindicalizar a los trabajadores. No se permiten protestas ni huelgas y no hay sindicatos. Tienen comités de bienestar de los trabajadores, a los que una vez intenté unirme. No obstante, la Autoridad de la Zona de Procesamiento de Exportaciones de Bangladesh (BEPZA) no me quería en el comité y, en cambio, metió a su propio candidato. Fue entonces cuando empezaron las tácticas de presión para obligarme a renunciar a mi trabajo. Me gritaban por el más mínimo error, no me concedían mis licencias y me cuestionaban si iba al baño más de una vez. La fábrica finalmente cerró sus puertas, pero protestamos y obtuvimos todas las indemnizaciones previstas en la ley después del cierre. Todo ese tiempo, los matones locales amenazaron con matarme. Hasta la Inteligencia de Seguridad Nacional me interrogó por tratar de sindicalizar en la EPZ”.
Los empleadores no solo alteran los esfuerzos de sindicalización, sino que el proceso de negociación colectiva también es muy desafiante. Los afiliados han experimentado situaciones en las que la dirección no negoció de buena fe y respondió negativamente a la carta de demandas del sindicato.
La secretaria regional de IndustriALL para Asia del Sur, Apoorva Kaiwar, declaró:
“Creemos que no solo es responsabilidad del Gobierno garantizar que se respete el derecho de los trabajadores a la libertad sindical, sino que los empleadores y las marcas que se abastecen en Bangladesh también deben asegurarse de que se respeten los derechos de los trabajadores y que no se ataque a los dirigentes sindicales por realizar su trabajo”.