22 abril, 2021El proyecto de ley sobre la debida diligencia en las cadenas de suministro tendrá su primera lectura en el Bundestag, el Parlamento alemán, el 22 de abril. A los sindicatos les preocupa que las asociaciones de empleadores intenten obstaculizar su aprobación o diluir sus propuestas.
Durante años, los sindicatos alemanes han hecho campaña en pos de una ley sobre cadenas de suministro destinada a fortalecer el deber de debida diligencia de las empresas de este país en materia de derechos humanos. Ahora, el gobierno está a punto de aprobar esta ley. Sin embargo, las asociaciones empresariales y de empleadores están intentando, incluso en esta etapa avanzada, evitar o debilitar aún más esta norma.
Jörg Hofmann en la reunión del Comité Ejecutivo
En la reunión del Comité Ejecutivo de IndustriALL Global Union, celebrada el 22 de abril, el presidente de IndustriALL, Jörg Hofmann, expresó:
“Después de una larga lucha, y con el apoyo del movimiento sindical, hemos logrado un proyecto de ley que obligará a las empresas a responsabilizarse por lo que sucede en sus cadenas de suministro, lo que hará más justo el comercio mundial”.
“Si las empresas no cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos, los sindicatos y las ONG podrán denunciarlas ante los tribunales alemanes”.
En febrero de este año se publicó el texto del proyecto de ley, que contenía algunas medidas poco satisfactorias. Por ejemplo, este abarca, en principio, solo a las empresas con más de 3000 empleados y a los proveedores directos, cuando la mayoría de los abusos ocurren más adelante en la cadena de suministro. Tampoco se incluyó una disposición de Puerto seguro que permita a las empresas limitar su responsabilidad firmando un acuerdo marco global con la federación sindical pertinente.
Sin embargo, los sindicatos acogieron favorablemente la ley como un precedente importante, que también ayudará a promover la legislación sobre debida diligencia a nivel europeo.
Wolfgang Lemb, miembro del comité ejecutivo de IG Metall, un afiliado de IndustriALL, expresó:
“El cambio de paradigma del compromiso voluntario de debida diligencia en derechos humanos por parte de las empresas a la regulación legal está a nuestro alcance. Necesitamos esta ley para que finalmente podamos dar un paso importante hacia lograr condiciones de trabajo humanas a lo largo de la cadena de suministro”.
Los sindicatos están defendiendo la ley de los ataques y piden que se fortalezca, ya que consideran que el texto actual cuenta con lo mínimo indispensable y no aceptarán que se siga debilitando. Por su parte, los sindicatos han presentado varias críticas al proyecto de ley:
El proyecto de ley solo responsabiliza a las empresas por sus proveedores directos. Sin embargo, suelen ser los proveedores indirectos, al final de la cadena de suministro, los que atentan contra los derechos humanos con mayor gravedad.
Asimismo, este proyecto no prevé que los sindicatos y los comités de empresa participen en la gestión de riesgos dentro de la empresa. Tampoco contempla la participación de sindicatos que representen a las partes afectadas en la cadena de suministro. Es imprescindible fortalecer los derechos de participación de los sindicatos a través de los acuerdos marco globales como un ejemplo positivo de diálogo social.
Con respecto a los derechos humanos, el proyecto de ley hace referencia frecuentemente a la legislación nacional de los países proveedores. Sin embargo, el marco legal de algunos países es compatible con la restricción de la libertad y las actividades sindicales.
En una entrevista con Euractiv, Michael Vassiliadis, el presidente del sindicato IG BCE, afiliado a IndustriALL, afirmó:
“Muchas multinacionales aceptan los derechos de laborales y la gestión conjunta en Alemania y Europa. Pero cuando señalamos los problemas en otros países, responden que allí no hacen nada que no sea obligatorio. Esto es cierto, porque en Asia o América del Sur, por ejemplo, los derechos de los trabajadores aún no están tan desarrollados, pero los derechos humanos universales deberían aplicarse a nivel mundial”.
Los sindicatos también están pidiendo que las empresas cuya sede se encuentre fuera de Alemania sean contempladas en la nueva normativa si tienen actividades importantes en este país.