25 marzo, 2012Seis activistas zimbabwenses fueron declarados culpables de las acusaciones de incitar a la violencia pública el 19 de marzo, causando una airada protesta de organizaciones laborales y de la sociedad civil. Llamamientos regionales e internacionales se convirtieron rápidamente en presiones sobre importantes funcionarios gubernamentales mediante una campaña de sms para lograr que se dicte la menor sentencia posible.
ZIMBABWE: A los seis, Munyaradzi Gwisai, Tafadzwa Choto, Tatenda Mombeyarara, Edson Chakuma, Hopewell Gumbo y Welcome Zimuto, se les impuso una multa y 420 horas de servicio comunitario el 21 de marzo, el mejor resultado posible, habida cuenta de las circunstancias.
Los activistas, cuatro de los cuales trabajaban como activistas sindicales, fueron detenidos hace un año, junto a otras 39 personas, en el Centro Laboral de Zimbabwe, cuando discutían de la primavera árabe y veían secuencias filmadas en vídeo sobre el levantamiento popular en Egipto. Lo que era meramente un debate político académico se presentó como conspiración para derrocar al Gobierno.
Los seis habían sido acusados inicialmente de traición, pero durante el procedimiento judicial los cargos se redujeron y las otras 39 personas fueron absueltas. En su dictamen, el juez Kudya dijo que los fiscales estatales no habían podido probar que los activistas eran una amenaza para la seguridad de Zimbabwe, y agregó: "No veo un ápice de prueba de que cualquier zimbabwense contemplara jamás alguna revolución [de estilo] tunecina o egipcia."
Los seis activistas permanecieron en prisión, hasta que se depositó una fianza un mes después de ser detenidos. Estos activistas fueron sometidos a tortura física y mental, y han interpuesto una demanda contra funcionarios gubernamentales por sus experiencias a manos de agentes de seguridad del Estado. También se les impidió el acceso a prescripción médica y tratamiento médico. Las condiciones fueron particularmente duras para la única mujer de los seis, Tafadzwa Choto, que sufre de mala salud y requiere constante atención médica después de seis intervenciones cerebrales.
Los secretarios generales de la FITIM, la ICEM y la FITTVC enviaron una carta conjunta al Gobierno zimbabwense en la que afirmaron que la detención, la tortura y el enjuiciamiento de esos seis activistas en su país era inconstitucional y violaba la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En la carta se dice: "Nos inquieta que esos seis activistas hayan sido tratados como criminales por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, y pedimos a su Gobierno que indulte incondicionalmente a los seis activistas. También instamos a su Gobierno a que libere a todos los presos políticos y abandone las acusaciones contra otros que están en espera de ser juzgados. Pedimos a su Gobierno que tome todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos y las libertades de todos los zimbabwenses, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos."
La condena criminaliza el activismo y da al Gobierno de Zimbabwe luz verde para perseguir y silenciar a los activistas. También sirve para reprimir e intimidar más a las personas ordinarias, creando temor y desactivando el compromiso ciudadano político ante las elecciones nacionales programadas para 2013, que el Gobierno de Zimbabwe desea adelantar a este año.