28 julio, 2011La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas condena la violencia desencadenada por el Gobierno de Malawi durante las manifestaciones de la sociedad civil en las que murieron19 personas y hubo decenas de heridos.
MALAWI: Las manifestaciones nacionales planeadas por la sociedad civil para el 20 de julio se convirtieron en dos días de disturbios, al tratar el Gobierno de Malawi de impedirlas. Según un informe del dirigente superior del Malawi Congress of Trade Unions (MCTU), el 20 de julio por la mañana se anunció por radio que el Gobierno había conseguido la orden de que se impidieran las manifestaciones, pero esa orden fue anulada por el tribunal a la hora de la comida el mismo día. La gente que se había reunido para las manifestaciones fue reprimida por la policía, que utilizó gases lacrimógenos y munición con carga para dispersar a los manifestantes en Lilongwe, Blantyre and Mzuzu. La irritación creció ante la brutal actuación de la policía contra los manifestantes y hubo dos días de disturbios.
La insatisfacción en Malawi con el régimen del presidente Bingu wa Mutharika es cada vez mayor. La sociedad civil ha criticado leyes promulgadas para limitar la libertad de prensa, restringir las demandas contra el Gobierno y limitar laas libertades civiles. El descontento popular ha aumentado ante el empeoramiento de las condiciones económicas y las enormes escaseces de combustible y forex.
El líder del MCTU explica que los trabajadores han resultado muy afectados por la crisis económica. Debido a la escsez de forex, las compañías no pueden obtener materias primas ni piezas de repuesto, lo que ha provocado pérdidas de empleo. En razón de las escaseces de combustible y los elevados precios del combustible y de forex en el mercado negro, el costo del transporte es prohibitivo, y los productos básicos son inasequibles.
La situación en Malawi se ha agravado tras la expulsión del alto comisario británico Fergus Cochrane-Dyet en abril de 2011, al filtrarse un cable diplomático británico en el que se decía que el presidente Mutharika era "cada vez más autócrata e intolerante a la crítica". Como represalia, el Gobierno británico expulsó al de Malawi y suspendió la ayuda de 550 millones $ EE.UU. en los próximos cuatro años.
Gran Bretaña había reducido ya su ayuda a Malawi en protesta por la adquisición por el Gobierno de una lujoso avión a reacción para uso exclusivo del presidente. Otros países donantes también habían retirado ayuda a causa de las crecientes preocupaciones por las leyes represivas y la mala gestión de los fondos. Malawi es uno de los países más pobres del mundo; más del 70 por ciento de la población vive con menos de un dólar al día, y millones de personas sufren las consecuencias del deterioro de las relaciones con los donantes.
Malawi depende mucho de la ayuda exterior, representando la financiación de los donantes el 40 por ciento del presupuesto estatal, con lo que esta pérdida de donantes viene a sumarse a los males económicos del país, y ha intensificado la crisis de forex.
Los trabajadores organizados se reunieron con unas 80 organizaciones de la sociedad civil para organizar las marchas de protesta del 20 de julio en varias ciudades de Malawi, que serían pacìficas y ajustadas a las prescripciones constitucionales. A pesar de la brutal actuación de la policía, los manifestantes entregaron sus demandas a los comisarios de distrito y pidieron al presidente que las atendiera antes del 16 de agosto, porque de lo contrario volverían a las calles.
Ahora, muchos líderes de la sociedad civil local, entre ellos dirigentes sindicales, están escondidos, pues temen por su vida al haber recibido amenazas. Las protestas, cuya finalidad era recordar al presidente que había sido elegido por el pueblo y era responsable ante él, han mostrado que Mutharika no está dispuesto a escuchar sus peticiones. El día siguiente a las protestas, Mutharika reconoció la necesidad de diálogo con la sociedad civil, pero ahora no parece dispuesto a tratar con ella, y ha recurrido a culpar a la sociedad civil de los disturbios y de las muertes, dando prueba de una mayor actitud dictatorial al amenazar con aplastar toda nueva protesta contra su régimen.