25 enero, 2010
El Sindicato de Trabajadores de Bauxita y Generales de Guyana (GB&GWU) exige justicia frente al ataque antisindical por parte de la empresa rusa del sector metalúrgico, RusAl, el mayor productor de aluminio del mundo. Ha presentado una queja por discriminación racial originado en el despido de 57 activistas sindicales en la empresa RusAl. El sindicato se vio obligado a tomar esta medida, debido a que ni el Primer Ministro, ni tampoco el Ministro del Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social, intervinieron para proteger la aplicación de la ley laboral de Guyana.
El conflicto comenzó en noviembre de 2009, después de que GB&GWU y RusAl, propietaria del 90% de la Bauxite Co. of Guyana Inc. (BCGI) realizaran conversaciones sobre los sueldos en las minas de Aroaima y Kwakwani en Guyana Central. Los directores administrativos de RusAl presentaron tres contrapropuestas para la consideración de los 500 trabajadores, pero después de que los mineros votaron a favor de aceptar una propuesta, la empresa la retiró, anunciando, el 1° de diciembre, que ya no reconocía al GB&GWU, lo cual constituyó una evidente violación del Acta de Reconocimiento Sindical.
Se dice que posteriormente, la empresa señaló, en una reunión del lugar de trabajo, que los primeros en ser despedidos serían los responsables de promover la oferta que se había aceptado. BCGI había querido poner como condición del aumento salarial unos 70 despidos, contrapropuesta que los mineros rechazaron.
El 21 de noviembre, los mineros iniciaron una huelga legal en al mina de Aroaima. A los tres días de haber comenzado la huelga, la BCGI envió cartas de despido a 57 dirigentes de la huelga, todos descendientes africanos. A pesar de varias llamadas urgentes y cartas a funcionarios del gobierno para que presionaran a RusAl con relación a las violaciones de la ley, se ha hecho muy poco. Las cartas de despido calificaban a los trabajadores de “insubordinados, negándose a seguir instrucciones”, y culpables de “mala conducta”.
El 8 de enero, la acusación de discriminación racial fue oída por la Comisión sobre Relaciones Étnicas. El GB&GWU ha solicitado a la Comisión convocar una investigación pública completa de los alegatos por despidos discriminatorios porque “no funcionará una iniciativa bilateral de dialogar con el sindicato, luego con la compañía y luego con el Ministro.”
El 8 de enero, el sindicato y los 57 mineros despedidos dirigieron una carta al Primer Ministro Samuel Hinds, expresando su frustración por la falta de acción del gobierno al respecto: “Jamás nos demandaron, ni nos llamaron para responder a las acusaciones… nunca nos dieron una audiencia, sin embargo la empresa nos ha calificado como culpables de las acusaciones. Hoy, seguimos defendiendo nuestros derechos, pero hasta la fecha la posición del Ministro del Trabajo indica que no tenemos derechos ni podemos recurrir a la justicia.”
Charles Sampson, Presidente General del GB&GWU
En una carta dirigida a Mansoor Nadir, Ministro del Trabajo, Servicios Humanos, y Seguridad Social, Charles Sampson, Presidente General del GB&GWU, señalaba que estaba “horrorizado” por el hecho de que “Ud. no ha considerado conveniente intervenir… para poner fin inmediatamente a este insulto nacional.” Por su parte, en diciembre Nadir declaró públicamente que “debemos dejar que siga su curso esta temporada de festividades navideñas y de buena voluntad, con la esperanza de que ambas partes ejerzan mayor generosidad la una con la otra.”
Seis semanas después, se ha demostrado poca generosidad con las 57 familias mineras que se encuentran ahora en la miseria en un país empobrecido. La Comisión de Reconocimiento y Certificación Sindicales de Guyana realizó una audiencia, el 12 de enero, sobre la declaración unilateral de desautorización por parte de la empresa RusAl, y también se informó directamente de cómo la BCGI obliga a los trabajadores a firmar documentos de renuncia al sindicato.
Hay preocupación en la ICEM por cuanto el Primer Ministro Samuel Hinds, que en sí es un ex minero y defensor de los derechos humanos, no haya estado al frente de este conflicto, buscando la reintegración de los 57 trabajadores despedidos y prohibiendo que RusAl viole el código laboral del país. La ICEM también acusa a la señalada multinacional rusa del sector de la minería y metalúrgica haber dado otro ejemplo más de su total desinterés por las normas internacionales del trabajo y por los derechos humanos.