8 febrero, 2010
Se ha establecido en Tailandia un plazo hasta el 28 de febrero para que aproximadamente dos millones de trabajadores migrantes provenientes de Birmania, Camboya y Laos puedan inscribirse por vía de un complicado proceso o de “verificación de nacionalidad” o expulsión del país. El gabinete de ministros del Gobierno Real de Tailandia publicó este ultimátum vinculante e injusto el 19 de enero.
Sin embargo, se ha intensificado la actividad tanto dentro como fuera de Tailandia para convencer al gobierno de la inconveniencia de este procedimiento, sobre todo por el hecho de que un 80% de estos trabajadores son birmanos que enfrentan persecución por motivos étnicos y políticos si regresan a Birmania. Aquellos trabajadores migrantes que tengan un permiso para trabajar en Tailandia vigente para 2009 tendrán que presentar información biográfica al gobierno de su país natal antes del 28 de febrero. Quienes no participen en el proceso de “verificación de nacionalidad” serán expulsados del país.
Desde principios de la década de 1990, las autoridades tailandesas vienen aplicando un período anual de 30 días para realizar complicados trámites de registro, durante el cual los trabajadores migrantes ilegales pueden empadronarse para obtener permiso de trabajo, en base a lo cual se les otorga permiso para trabajar en Tailandia por un año, para luego trabajar en una gran cantidad de puestos que no les interesa a la mayoría de los trabajadores tailandeses. Sin embargo, con el cambio del mes pasado, faltando solamente cinco semanas, los trabajadores migrantes se hallan con un futuro inseguro en el cual les espera explotación y posible trato laboral malicioso.
La ICEM se ha unido a los sindicatos tailandeses afiliados y ONG en una campaña que busca que dicho reglamento sea menos riguroso. Se cree que otras federaciones sindicales internacionales también se van a incorporar en la campaña. La ICEM apoya la Confederación de Relaciones Laborales de Empresas Públicas (SERC), que cuenta con 170.000 miembros, el Comité de Solidaridad Laboral de Tailandia, y otros sindicatos y ONG que están trabajando para hacer que dicho reglamento sea revocado.
Se puede acceder aquí a una carta en inglés que la ICEM ha enviado al Primer Ministro de Tailandia, y la ICEM también ha escrito a Juan Somalia, Director General de la OIT, como también al Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, señalando la inconveniencia del plazo del 28 de febrero.
La ICEM ha sabido, por información facilitada por sus afiliados en Tailandia y por el Programa de Justicia para el Migrante de la Human Rights and Development Foundation, que en este momento decenas de miles de trabajadores migrantes en Tailandia viven atemorizados, confundidos por el proceso de “verificación de la nacionalidad”, y preocupados para la incertidumbre, que significaría para muchos el vivir y trabajar en forma clandestina.
La ICEM considera de gran preocupación el hecho de que intermediarios laborales sin regulación ya están engañando a los trabajadores migrantes, cobrándoles honorarios excesivos para encargarse de los trámites del proceso de registro. Se ha informado que se están cobrando honorarios de unos 6.000 a 7.000 baht tailandeses (€130-150), a pesar de que los honorarios oficiales que se cobran en Tailandia por dichos trámites son mínimos en comparación.
La ICEM también está preocupada por cuanto el gobierno de Tailandia ha hecho poco para publicitar dicha directiva y el plazo que se ha fijado. Esto no ha hecho más que aumentar la confusión y temor de los trabajadores migrantes.
Por otra parte, hay un hecho de importancia fundamental en la resolución tailandesa del 19 de enero sobre política de migración: la gran mayoría de los trabajadores migrantes que laboran en Tailandia son birmanos, y provenientes de minorías étnicas en Birmania. En muchos casos, al inscribirse con la junta militar de Birmania, o al ser expulsado de Tailandia por no haber logrado inscripción, es seguro que aquellos trabajadores birmanos que estén en esta situación serán perseguidos si los obligan a regresar a su país, o se perseguirá a sus familiares si no regresan.