10 abril, 2011
Esta semana y la próxima, los activistas sindicales de diferentes partes del mundo centrarán su atención nuevamente en México, donde el movimiento sindical lleva una importantísima campaña para bloquear la legislación laboral retrógrada que va a legitimizar más todavía el incumplimiento de las normas internacionales del trabajo por parte de México.
Las propuestas revisiones del código del trabajo podrían legitimizar el uso ilegítimo y generalizado de los “contratos de protección”, socavarían más todavía la libertad de sindicación por medio de la tercerización y el uso de contratos temporales, restringirían gravemente el derecho de huelga, y limitarían el cuestionamiento de los despidos injustos.
Se cree que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al proponer estas severas cláusulas, estaría complaciendo a las grandes empresas, anticipándose al período de propaganda pre-electoral para las elecciones presidenciales de 2012. Las draconianas revisiones en cuestión tienen todo el apoyo del actual partido de gobierno, el Partido de Acción Nacional (PAN) del Presidente Felipe Calderón.
Los legisladores quieren hacer que el proyecto de ley pase rápidamente por la etapa de consultación pública, a la cual están aportando delegaciones sindicales de alto nivel, de tal manera que la Comisión Legislativa del Trabajo pueda aprobar la propuesta en los últimos días de esta sesión del parlamento, que finaliza el 18 de abril. Es probable que la próxima etapa del proyecto de ley se produzca durante las vacaciones de Semana Santa. Los legisladores se han negado a debatir durante la etapa de consultación los 30 artículos más polémicos de la nueva legislación.
Durante estos críticos días, rogamos escribir a los coordinadores de los partidos en el parlamento, manifestando que su sindicato se opone a la legislación laboral propuesta aquí.
Otros aspectos peligrosos de estos propuestos cambios legislativos incluyen la imposición de un monto límite del pago de sueldos atrasados cuando un trabajador sea injustamente despedido. En efecto, el límite propuesto es de 12 meses de salario, aunque los trámites legales suelen demorar cinco a dos años, lo cual da visto bueno a las empresas para despedir a los trabajadores arbitrariamente, con impunidad.
Otro asunto de preocupación es una propuesta que les daría a los empleadores el derecho a hacer negociaciones en forma individual con los trabajadores, en base a términos que no son los que figuran en el convenio colectivo. Esto destruiría de forma escandalosa el proceso de negociación colectiva, respaldada por el derecho internacional del trabajo.
La legislación laboral mexicana jamás podrá contar con normas aceptables sin primero abordar el problema de los “contratos de protección”, que hacen prácticamente imposible el trabajo democrático de sindicación, y la “toma de nota,” que le permite a las autoridades despedir, arbitrariamente y sin base legal, a los dirigentes sindicales elegidos. Los legisladores de los partidos PRI y PAN no han tomado en cuenta las reivindicaciones sindicales relacionadas con estos asuntos, ni tampoco otras enmiendas, incluyendo el establecimiento de una semana laboral de 40 horas y el mejoramiento de los bonos de antigüedad y el sistema de vacaciones.
Los promotores de estos cambios legislativos tampoco han tomado en cuenta el informe del 23 de marzo del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que se refiere a los reclamos presentados por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), que identifica los “contratos de protección” como un asunto prioritario que debería ser tratado a través del diálogo social con los sindicatos.
El Zócalo
El 31 de marzo, fue organizada una marcha sindical que se dirigió a la plaza central de la Ciudad de México, el Zócalo, finalizando en el Congreso, donde sigue el debate sobre el retrógrado proyecto de revisión de la ley del trabajo. Luego, el jueves pasado, 7 abril, se realizó un gran día nacional de protesta contra la mencionada legislación laboral propuesta.
En la Ciudad de México, los manifestantes marcharon del Monumento del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde hicieron uso de la palabra oradores de todos los sindicatos democráticos de México. Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General de Los Mineros, que vive en el exilio en Canadá, envió un mensaje cuyo contenido califica los cambios propuestos como un “robo de los derechos laborales en México”, e hizo un llamado para que renunciara inmediatamente el Ministro del Trabajo Javier Lozano Alarcón para que no “siga dañando las relaciones laborales y la paz social de la república.”
En diferentes partes del mundo, se distrae la opinión pública para que no se fije en la espantosa negación de los derechos humanos y sindicales de México, centrando la atención más bien en la falsa guerra contra la droga, financiada por la administración de Obama como una forma de financiar la fuerza militar de Calderón, que a su vez se usa para aplastar campañas sindicales como la de Cananea.
El 29 de abril, se realizará en la Ciudad de México un tribunal internacional sobre libertades sindicales, y esa entidad oirá los planteamientos, que cuentan con apoyo internacional, contra la legislación laboral propuesta, así como también casos específicos de sindicatos afectados.
Se hizo notar nuevamente la campaña que realizan el gobierno y el sector empresarial con el fin de debilitar la fuerza sindical mexicana que se prepara para recordar la trágica muerte de dos trabajadores mineros, en Barroterán, Coahuila, ocurrida el 26 de marzo, a consecuencia de, en una explosión de gas metano, que podía haberse evitado. La explosión en la Mina No 7 perteneciente a Northern Steel costó la vida a Juan Francisco Rodríguez Piedra, de 33 años de edad y a José Camacho Grimaldo de 43 años. Este accidente se ha calificado como “homicidio industrial” debido a las condiciones de seguridad peligrosas y negligentes de la mina. Se les había obligado a los trabajadores a aceptar la dirigencia sindical en Barroterán.
Mario Alberto Castillo y Héctor Álvarez
La semana próxima, 20 abril, Los Mineros rendirán homenaje a otros dos mineros que también murieron trágicamente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en 2006. En esta ocasión se conmemora el quinto aniversario de su fallecimiento. Mario Alberto Castillo y Héctor Álvarez fueron asesinados por policías federales y estatales en la violenta represión de una huelga en la planta de acero de Sicartsa.