13 diciembre, 2010
En los 19 días que han transcurrido desde que se declaró que habían muerto 29 mineros en el peor desastre minero que se ha visto en Nueva Zelandia en 114 años, todavía queda mucho tiempo de espera para que se recuperen los cadáveres, y, por otro lado, Pike River Coal Ltd. ha despedido a 90 trabajadores a tiempo completo.
Esto pasó el 8 de diciembre.
Pike River ya ha liquidado su relación con 70 trabajadores subcontratados en la mina de carbón de coque cerca de Atarua en la costa occidental de la Isla Sur.
Mientras tanto, resultaron polémicas las entrevistas que realizan la policía y el Ministerio de Trabajo a trabajadores de Pike River, debido a que la empresa insistía en que sus abogados asistieran a las entrevistas. El Sindicato de Ingeniería, Imprenta y Manufactura (EPMU) lo objetó, diciendo que podría inhibir la investigación de responsabilidad criminal.
“Lo hemos objetado, pues no cabe duda que existe un conflicto de intereses”, dijo Andrew Little, Secretario Nacional del EPMU. “Los policías están buscando responsabilidad criminal de parte de los trabajadores o la administración, o de ambas partes. No es correcto que la empresa cuente con la representación de abogados en esas entrevistas.”
Andrew Little, Secretario Nacional del EPMU
La semana pasada, Pike River envió avisos de despido obligatorio, con cuatro semanas de preaviso, a su personal permanente, de modo que no se pagará a 90 mineros después de mediados de enero. Pike River Coal Ltd. ya ha comenzado un estudio de factibilidad comercial para determinar si va a continuar sus operaciones mineras en la rica veta de carbón Brunner, pero los inversionistas señalan que hace falta NZ$200 millones para poner la mina en marcha nuevamente.
No obstante, se ha calculado que podría demorar varias semanas, o meses, el trabajo de rescatar los restos de los mineros muertos. Un juez local de instrucción ha visitado a los parientes de los trabajadores fallecidos con el fin de obtener muestras de ADN, lo cual es señal de los problemas que se van a presentar para identificar a los 29 mineros.
Lo más probable es que los 29 mineros hayan muerto en la explosión de gas metano que se produjo el 19 de noviembre en la mina de la Paparoa Range. Después de una explosión posterior que se produjo el 24 de noviembre, se declaró que los mineros habían fallecido. En los días siguientes, se produjeron dos explosiones más, y hasta mediados de la semana pasada se estaban propagando incendios alimentados por el carbón que ardían en las profundidades de los pozos horizontales de la mina.
El 29 de noviembre, John Key, Primer Ministro de Nueva Zelandia, informó que se iba a establecer una Comisión Real de Investigación compuesta por tres personas, para determinar las causas de la tragedia. La Comisión señalada, encabezada por Graham Panckhurst, Juez de la Corte Suprema de Justicia, junto con dos expertos internacionales especializados en la seguridad minera, tendrá amplios poderes y podría demorar dos años en reunir sus evidencias y determinar sus conclusiones. Mientras tanto, la policía local, el Ministerio del Trabajo y el EPMU van a realizar investigaciones separadas.
Presidente de la NZTU, Helen Kelly con Ian Murray y Tim Whyte de la CFMEU de Australia, al memorial del 2 diciembre
La semana pasada, la policía suspendió la vigilancia de la mina, entregando a la empresa los procesos de rescate de los cadáveres. Se trajo de la Unidad de Rescate Minero de Queensland, Australia, una unidad de inertización con motor a reacción Górbniczy Agregat Gaśniczy (GAG), diseñado en Polonia, y el 2 de diciembre esos equipos comenzaron a apagar los incendios y a neutralizar los gases combustibles usando gases inertes como nitrógeno.
Mientras se seguía trabajando en esto durante el fin de semana, se colocó una tapa metálica encima del pozo principal para crear contrapresión en la mina y dejar más inertes los gases mortíferos que se encuentran en su interior. La especulación inicial sobre la causa de la primera explosión era que hubo un cortocircuito en un ventilador que estaba a unos 100 metros de la entrada de la mina. Se acumuló rápidamente el metano, seguido por una enorme explosión.
Cuando un electricista fue a revisar el cortocircuito durante la fatídica tarde del 19 de noviembre, la explosión que se produjo en la parte más profunda de la mina le hizo caer al suelo. Sin embargo, logró rescatar a un operario de los equipos que fue expulsado de una máquina, y los dos lograron escaparse, subiendo 108 metros por un pozo de ventilación. Una de muchas cuestiones que seguramente se van a investigar ahora, incluso por parte de la Comisión Real de Investigación, es si el enorme ventilador era para uso en la superficie, por lo cual habría sido más fácil echarlo a andar de nuevo.
Se han establecido varios fondos de alivio para la tragedia, y la ICEM recomienda enviar las donaciones al fondo “Pike River Miners’ Family Support Trust” del EPMU. Esta organización afiliada de la ICEM ha señalado que la mitad de los fondos que se recolecten se entregará al fondo comunitario del Consejo Sindical del Distrito Grey, y la otra mitad se utilizará para establecer un fondo especial para la educación de los hijos de los mineros muertos.
Las transferencias bancarias se pueden hacer al Kiwibank en Nueva Zelandia. Número de cuenta 38-9011-0165987-00, con cheques a nombre de: EPMU Pike River Miners’ Family Support Trust, c/o PO Box 14-277, Kilbirnie, Wellington, NZ 6241.
Varias organizaciones sindicales de diferentes partes del mundo ya han aportado a este fondo, incluyendo A$100,000 del Australian Construction, Forestry, Mining, and Construction Union (CFMEU) y C$10,000 del sindicato Canadian Auto Workers (CAW).