29 agosto, 2011
Hace dos semanas, el National Party, partido de gobierno de Nueva Zelandia, tomó una acertada decisión respecto a la seguridad industrial. En efecto, el gobierno conservador del Primer Ministro John Key autorizó otorgar NZ$1.5 millones anuales de una cuenta que ya se había creado, para establecer una unidad de grandes riesgos de seguridad en los sectores de la minería, petróleo y gas. Esta decisión tuvo su origen después de los trágicos fallecimientos que se registraron hace nueve meses atrás en la mina de carbón de Pike River, que dejaba claramente al descubierto los defectos del programa pro empresarial del National Party en la década de 1990. Al tomarse esta nueva decisión también se recalcó que debía de existir mayores medidas de control respecto a los reglamentos, imponiendo sanciones estrictas para proteger a todos los trabajadores en los lugares de trabajo en Nueva Zelandia.
El Partido Laborista de Nueva Zelandia también señaló que hacen falta otras medidas más, afirmando que se debería volver a incorporar a los inspectores de revisión en la nómina de las empresas para así garantizar el monitoreo y el cumplimiento. En 1992, como medida de desregulación promovida por las empresas, el Partido Nacional eliminó los puestos de especialistas de control de seguridad laboral.
La ICEM ha señalado que el establecimiento de una unidad dedicada a vigilar los riesgos de seguridad constituye una medida positiva originada inmediatamente después de haber finalizado la primera etapa de los juicios de la Comisión Real sobre Pike River. La ICEM felicita al gobierno de Nueva Zelandia por haber mejorado la seguridad laboral en el país. También recomienda a Nueva Zelandia, a través de la Comisión Real, estudiar la estructura de seguridad en Pike River, comparando sus prácticas con las normas de la mejor práctica del mundo, y luego comenzar un proceso para ratificar y llevar a la práctica los principios del Convenio 176 de la OIT.
Por otra parte, la creación de la unidad para vigilar grandes riesgos de seguridad se ha producido a un año de haberse publicado un estudio gubernamental de los problemas de salud, seguridad y del medio ambiente en el sector del petróleo costa afuera. Dicho estudio recomendaba que se aumentara el número de inspectores de seguridad.
Esta unidad de grandes riesgos de seguridad contará con tres inspectores, más inspectores en jefe para los sectores de minería y energía, y tres personas dedicadas al apoyo e investigación. En comparación con esto, Nueva Zelandia cuenta con solamente dos inspectores de minas – en la actualidad está vacante uno de los cargos – y solamente un inspector para los sectores del petróleo y gas para cubrir la producción en un área extensa.
Los NZ$1.5 millones que financiarán las nuevas medidas de seguridad se derivan de un impuesto especial que el gobierno ha recogido a través de los años en una cuenta del Protocolo sobre Salud y Seguridad en el Trabajo.
Ged O’Connell, Secretario Nacional Adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Ingeniería, Impresión y Manufactura (EPMU), calificó estas nuevas medidas de seguridad como un adelanto muy importante que había promovido el gobierno, pero que “todavía hay que hacer más. Se necesita contar con reglamentos decentes y que se reestablezca la función de inspector de revisión para que éste ofrezca revisiones completas y equilibradas que sean necesarias.”
Por otro lado, Helen Kelly, Presidenta del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU), señaló que los testimonios que se presentaron en la primera etapa del juicio de la Comisión Real sobre Pike River dejaron en claro la importancia crítica contar con reglamentos más rigurosos en materia de seguridad. “No podemos simplemente esperar y correr el riesgo de que se produzca otro desastre, sabiendo ya que también hacen falta otras medidas para evitarlo”, dijo Kelly.
El 22 de julio de 2011 finalizó la primera etapa de la investigación de la Comisión Real sobre la mortífera serie de explosiones en la mina de carbón de Pike River, donde fallecieron 29 mineros. Las audiencias de la segunda etapa comenzarán el 5 de septiembre, en Greymouth, cerca de la mina de Pike River, en la Isla Sur, y continuarán hasta el 23 de septiembre. La segunda etapa se centrará en la hora y las circunstancias de la muerte de los 29 mineros, el trabajo de seguridad y rescate, y la efectividad del sitio en las terribles semanas después de la explosión inicial del 19 de noviembre de 2010.