28 febrero, 2011
El 19 de noviembre de 2010, a consecuencia de una enorme explosión de gas metano en la mina de carbón de Pike River Coal Ltd. en Nueva Zelanda, fallecieron 29 mineros, entre ellos 11 miembros del Sindicato de Trabajadores de la Ingeniería, Impresión y Manufactura (EPMU), organización afiliada a la ICEM, y 13 trabajadores subcontratados. En las 15 semanas que han transcurrido desde ese entonces, el gobierno del Primer Ministro John Keys ha defraudado a las familias de las víctimas respecto al rescate de los cadáveres, y ahora ha prohibido al EPMU recurrir a fondos federales para su representación legal en la investigación del siniestro.
El 14 de febrero, el gobierno de Keys informó que se le había negado asistencia al EPMU para suplir los costos legales involucrados en la investigación de la Comisión Real de Investigación.
El Fiscal General del Estado Chris Finlayson calificó el sindicato como una “organización de abogacía” y dijo que no debería haber ayuda adicional para el EPMU cuando “realiza el trabajo que le corresponde en nombre de sus miembros.” El gobierno pagará las costas legales de las familias de las víctimas y de todos los contratistas involucrados en la investigación de la Comisión, que ha de comenzar sus averiguaciones a fines de este año, publicando un informe a más tardar en marzo de 2012.
“El EPMU tiene intereses concretos respecto a la Comisión Real de Investigación de la tragedia de la mina de carbón de Pike River”, dijo Andrew Little, Secretario Nacional del sindicato indicado, agregando que podría haber sido víctima del siniestro cualquiera de los 65 integrantes del EPMU que forman parte de la planta de 120 personas de Pike River Coal Ltd.
“En toda esta cuestión, el gobierno no ha tomado en cuenta el interés legítimo del sindicato”, dijo Little.
Un mes antes de que se tomara esa decisión a mediados de febrero, el gobierno de Keys mortificó a las familias de los 29 mineros al sellar la mina de la South Island, informando que el plan de rescate había fracasado, manifestando que no había forma factible para recuperar los 29 cadáveres.
El portavoz de las familias Bernie Monk
“Es un triste día de amargura para Nueva Zelanda,” dijo, el 14 de enero, el portavoz de las familias Bernie Monk. Con 23 años de edad, Michael, el hijo de Monk, murió dentro de la mina. “No han comunicado por nada con las familias. ¿Cómo diablos vamos a averiguar la verdad si no entran en la mina?”
Keys dijo en una nota de prensa que ante los familiares de las víctimas él no prometía que se iban a rescatar los restos de las víctimas.
El 27 de enero, una investigación del juez principal de instrucción determinó que lo más probable era que los 29 mineros fallecieran dentro de algunos minutos de haberse producido la primera explosión, el 19 de noviembre. El 24 de noviembre, una segunda gran explosión remeció el pozo horizontal, y luego en los días posteriores se produjeron otras dos explosiones.
Es seguro que un aspecto importante de todas las investigaciones será la ubicación de los grandes ventiladores dentro de la mina, que estaban colocados en un lugar insólito en minas de carbón, debido a que el gas metano es común. Los informes iniciales señalan que en el interior de la mina pararon dos grandes ventiladores debido a un corte de energía eléctrica. La investigación judicial señalaba que el día 19 de noviembre, un electricista, Russell Smith, entró en la mina para investigar el corte de luz, y simultáneamente, se produjo una segunda explosión, que duró 50 segundos. A unos 600 metros de profundidad, Smith encontró a Daniel Rockhouse, de 24 años, operador de equipos que fue expulsado de su máquina debido a la explosión.
Presidente de la NZTU, Helen Kelly con Ian Murray y Tim Whyte de la CFMEU de Australia, al memorial del 2 diciembre
Los dos trabajadores lograron escapar por una escalera 108 metros de largo dentro del pozo de ventilación, saliendo de la mina a las 17:26h. La investigación del juez de instrucción concedió certificados de defunción para las familias. Pero sus cadáveres permanecen enterrados en el interior de la mina de Pike River.
Inesperadamente, la semana pasada, Tony Kokshoorn, alcalde de Greymouth y fideicomisario del Fondo de Alivio para el Desastre de Pike River, exhortó a los donantes trasladar sus contribuciones a los labores de alivio del terremoto producido en Kivi. El fideicomiso de la mina ha recibido más de 20.000 donaciones, que alcanzan un monto de NS$7 millones.
Kokshoorn dijo que algunas donaciones estuvieron destinadas para propósitos específicos, mientras NZ$6,5 millones se destinaron para proveer ayuda financiera a las familias de las 29 víctimas de la tragedia. Igualmente, señaló que el fondo comenzaría a trasladar dinero a los fideicomisos de familias individuales, dando prioridad a la donación de fondos para entidades benéficas de familiares que eran dependientes de las víctimas.