5 enero, 2012
Las devastadoras inundaciones que mataron a más de 600 personas en Tailandia han afectado gravemente los medios de sustento de los trabajadores subcontratados. Muchas agencias no pagaron los sueldos porque las plantas han estado cerradas desde que comenzó la crisis en octubre de 2011. Como las inundaciones continuaron en noviembre y diciembre, fueron despedidos cientos de miles de trabajadores de agencias.
El sector de la electrónica, en el que labora un alto porcentaje de trabajadores precarios, ha sido uno de los más afectados por las inundaciones. En las provincias de Ayutthaya y Pathumthani, al norte de Bangkok, miles de fábricas de productos electrónicos situadas en varios polígonos industriales permanecen inundadas bajo más de dos metros de agua. Varias compañías han anunciado despidos y planes para reubicar las instalaciones de producción de Ayuttaya, trasladándolas a Malasia.
El gobierno tailandés ha ofrecido un programa de ayuda a las empresas para retener su fuerza de trabajo. Podrán optar a este programa de ayuda aquellas empresas que se comprometan a una política de no despedir a su personal, a mantener el mismo nivel de prestaciones sociales para los trabajadores, y a pagar a los trabajadores por lo menos un 75% de sus sueldos.
Algunas compañías donde existen sindicatos han seguido pagando el 100% de los sueldos en el primer mes, y 75% y 50% para noviembre y diciembre. La compañía Goodyear Tyre ha pagado el sueldo completo tanto a trabajadores de planta como a los de plazo fijo, desde que su única planta en Rangsit, al norte de Bangkok, se vio afectada por las inundaciones del 21 de octubre.
Todavía no se ha reanudado la producción en la planta, pero la dirección y el sindicato están trabajando en forma conjunta en el proceso de recuperación. No se renovaron los contratos de trabajadores a plazo fijo cuyos contratos llegaron a su fin el 30 de noviembre de 2011.
Al mismo tiempo, varias empresas en la costa oriental que no se vieron directamente afectadas por las inundaciones han recurrido al desastre como excusa para retrasar las negociaciones sobre convenios colectivos o para evitar la aplicación de los mismos.