14 marzo, 2011
Se han unido a la ICEM las federaciones sindicales internacionales, sindicatos nacionales, y activistas sindicales de todo el mundo para exigir al gobierno de Chile ratificar el Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas.
Después de que, el 2 de marzo, la ICEM y la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) hicieran un llamado conjunto a sus respectivas organizaciones afiliadas, para que éstas escriban a Sebastián Piñera, Presidente de Chile, exigiendo que comience reformas en el sistema de seguridad minera, unas 70 organizaciones afiliadas han respondido con cartas como ésta.
La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) respondió al llamado, enviando una alerta de acción que produjo más de 1.000 mensajes a Piñera. Luego, la semana pasada, LabourStart inició una campaña por la cual hasta la fecha se han enviado 2.500 mensajes al Ministro de Minería de Chile, Laurence Golborne. Incorpórese a la campaña de LabourStart enviando un mensaje a Golborne, quien durante el gobierno de Michele Bachelet había ejercido como gerente de una cadena de supermercados.
Luego, Hazards, vibrante boletín noticioso sobre salud y seguridad de la central sindical británica Trades Union Congress (TUC), también envió un mensaje sobre seguridad minera en Chile, a través de su listín de contactos que contiene cientos de especialistas internacionales en material de salud y seguridad de sindicatos, ONG, e instituciones de educación, muchos de los cuales respondieron enviando sus propios mensajes, expresando claramente el problema de seguridad minera que vive Chile, dirigidos al gobierno de Piñera.
Y no sólo eso. A esta campaña internacional se unieron simultáneamente sindicatos afiliados a las dos principales federaciones sindicales mineras de Chile, que representan a los trabajadores tanto de Codelco, empresa del estado que se dedica a la minería del cobre, y de las grandes empresas mineras que son propietarias que operan la minería de cobre y oro en gran escala. Se informó a los dirigentes seccionales de ambas federaciones sobre el trabajo de la ICEM a nivel internacional para presionar a Piñera y Golborne, y son esos dirigentes de sindicatos mineros de Chile que conocen más que nadie las debilidades de la cultura de seguridad minera de su país.
Sharon Burrow Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), le escribió a Piñera, señalando lo siguiente: “Creemos que en Chile el desarrollo sostenible debe partir de una cultura lógica y coherente de seguridad minera, que incluya a representantes de los mineros y sus sindicatos, respetando sus derechos, y que contenga los componentes necesarios de vigilancia, conocimientos técnicos especializados, y facultades judiciales.”
A fines de la semana pasada, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) publicó un comunicado que decía lo siguiente: “Después de haber disfrutado de la publicidad, el gobierno ahora quiere distanciarse de los compromisos que adquirió públicamente respecto a la seguridad minera en Chile. Grupos de periodistas de América Latina y de otras partes del mundo están espantados por esta conducta cínica, y apoyamos plenamente la exigencia de los sindicatos de que Chile actúe de modo más honrado, cumpliendo con las normas internacionales de la minería.
La decisión que tomara la ICEM de centrar su atención en Chile, exigiendo que revise sus reglamentos sobre minería y que ratifique el Convenio 176 de la OIT, tiene su origen en una audaz declaración que hiciera Piñera al mundo mientras disfrutaba del éxito del rescate de 33 mineros, el día 13 de octubre de 2010. Cinco días más tarde, estando en Londres, el Presidente de Chile declaró al mundo que Chile había aprendido su lección, que revisaría su legislación sobre seguridad minera, y que “dentro de 90 días” aprobaría las normas internacionales que se plasman en el Convenio 176.
A mediados de enero, Senzeni Zokwana, Presidente de la ICEM, y Manfred Warda, Secretario General, se reunieron con la entonces Ministra del Trabajo y Previsión Social de Chile, para conversar sobre esa promesa. Se le informó a la ICEM que el Convenio 176 no figura en el programa de acción de Chile, pero que podría estudiar el Convenio 187, el Marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, que es más general.
La ICEM le recordó que tal como Piñera y Golborne elevaron el estatus mundial de la nación durante el rescate de la mina de cobre de San José, Chile es un país de importancia mundial porque es un gran exportador de metales y minerales básicos. Si de alguna manera ha de tener categoría mundial, debe implementar prácticas mineras seguras para los trabajadores chilenos que extraen esas riquezas.
Un ejemplo al respecto es la comisión que Piñera nombró para investigar la causa del accidente del 5 de agosto en San José. No se invitó a ningún representante de los trabajadores para incorporarse a esa comisión. Los sindicatos mineros de Chile dan aviso de alarma frecuentemente sobre las deficiencias de seguridad y las razones por las cuales se producen accidentes. Pero tanto el gobierno como las empresas informan que al sindicato le corresponde el deber de negociar asuntos económicos, pero no involucrarse en cuestiones de seguridad o salud.
Ministro de Minería de Chile, Laurence Golborne
En toda su extensión territorial, de norte a sur, Chile cuenta con más de 8.000 minas. En total, tiene 16 inspectores de minas para cubrir esas operaciones. Tiene un sistema arcaico de agencias de seguridad adscritas a seis ministerios diferentes, muchas de las cuales coinciden en sus áreas de trabajo, que cubren todos los sectores laborales, incluyendo minería. Además, ninguna de las agencias tiene poder judicial para implementar los pocos reglamentos que hay, ni tampoco cuentan con la capacidad técnica necesaria para inspeccionar y evitar los accidentes antes de que se produzcan.
En el sector minero de Chile, faltan todos los requisitos previos que encierra el Convenio 176: inspecciones regulares, métodos establecidos para informar e investigar situaciones peligrosas y accidentes, consultación a los sindicatos, entidades reguladoras con facultades para clausurar y mantener cerradas las minas peligrosas, el derecho de los mineros de negarse a realizar trabajos arriesgados, derecho de los trabajadores de seleccionar a sus propios representantes de salud y seguridad, y obligaciones del empleador para proveer capacitación sobre seguridad y programas de seguridad.
Por esto es que la ICEM y la FITIM – y ahora los sindicatos de todas partes del mundo – han dirigido su atención a Chile, exigiendo que el gobierno reforme la legislación interna sobre seguridad minera, y la ratificación, implementación, y cumplimiento de las normas que se establecen en el Convenio 176 de la OIT. Rogamos haga su parte: contacte a los líderes políticos de Chile, exigiendo que se implementen cambios en este campo.