12 septiembre, 2011
En la Ia Región del norte de Chile, no se concretó la huelga de 24 horas que se había proyectado para el 2 de septiembre en Doña Inés de Collahuasi, la tercera mina de cobre del mundo. El día anterior, cuando la administración ofreciera una solución satisfactoria, aunque temporal, del conflicto, los 1.500 mineros del Sindicato de los Trabajadores, afiliado a la Federación Minera de Chile (FMC), votaron por no declarar la huelga.
Dicha solución incluía una prima ajustada para los dos últimos trimestres del ejercicio fiscal, la primera mitad de 2011, de dos millones de pesos (US$4.345) para cada minero, y la reintegración de dos de los seis mineros que fueron despedidos por su actividad durante la huelga del 30 de julio.
Manuel Muñoz, Presidente del sindicato de la FMC en Collahuasi, informó a la ICEM que tres de los seis mineros no quisieron volver a trabajar en las alturas del desierto de Atacama, y que el sindicato seguirá luchando por los derechos del sexto minero.
Manuel Muñoz
Doña Inés de Collahuasi, que es propiedad conjunta de AngloAmerican y Xstrata, con una participación del 44% cada una, con una parte más pequeña que pertenece a un consorcio de empresas japonesas controladas por Mitsui, ofreció jubilación al sexto minero, pero está intentando negarle el derecho a varios beneficios, incluyendo el seguro de salud.
Muñoz dijo a la ICEM: “Seguiremos luchando firmemente en favor de nuestro camarada, con el fin de procurar que predomine la justicia en este asunto".
Quedan por resolver varios otros asuntos que fueron motivo de la huelga del 29 al 30 de julio, incluyendo beneficios de vivienda, primas en base a las condiciones climáticas en las grandes alturas del Atacama, y un proceso de fichas a la hora de entrada y salida del trabajo en la mina y en la planta de procesamiento del cobre, que constituye un retroceso de las condiciones de trabajo de los mineros.
Las relaciones laborales entre Doña Inés de Collahuasi y el Sindicato de Trabajadores Mineros de Collahuasi han continuado tensas desde que terminara una huelga de 33 días en diciembre del año pasado. En aquella ocasión, la empresa encauzó una demanda criminal contra el sindicato, un mes después de finalizar la huelga, acusando al sindicato de difamación por comentarios que el sindicato habría publicado en su website durante la huelga.