19 octubre, 2009
Hace nueve días atrás, el gobierno mejicano del Presidente Felipe Calderón Hinojosa sorprendió a mucha gente cuando envió a los agentes federales y policías para que se apoderaran de la segunda empresa distribuidora de energía eléctrica del país, Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Calderón usó un decreto amplio para liquidar la empresa endeudada, pero al hacerlo también despidió a todo el personal de LyFC, que contaba con 60.000 trabajadores, y también disolvió su sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que se fundó hace 95 años.
Esta medida, que fuera tomada para liquidar el SME, molestó a mucha gente en el movimiento sindical internacional, y, además, a los grupos de activistas que vigilan los derechos sindicales en Méjico, si bien no era de sorprenderse, si se toman en cuenta las medidas represivas que Calderón ha tomado contra los sindicatos.
En julio, los miembros del SME reeligieron a Martín Esparza como Secretario General del sindicato, pero el gobierno se ha negado a certificar la elección, citando irregularidades en la votación. Sin embargo, la verdadera razón por la cual el gobierno quiere eliminar el SME radica en la oposición que han manifestado los dirigentes sindicales contra las políticas económicas de Calderón, específicamente con relación a la privatización de la empresa. No es casualidad que el contrincante de Esparza en las elecciones del verano pasado, Alejandro Muñoz, se ha unido a Esparza para censurar el apoderamiento de la empresa, y se ha comprometido a resistir la liquidación del sindicato.
La semana pasada, en una carta conjunta que enviaran a Calderón la ICEM y la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), los Secretarios Generales Manfred Warda y Jyrki Raina calificaron la medida como “represalia porque los dirigentes del sindicato se oponían a sus políticas económicas anti-trabajadores y antisociales.”
El SME, que no se había afiliado a la ICEM, y que no ha dado muchos pasos para incorporarse al movimiento sindical internacional, merece el apoyo de los sindicatos de todas partes del mundo porque ahora es víctima del plan sistemático del actual gobierno mejicano de eliminar a cualquier grupo de trabajadores que se oponga a los intereses empresariales y a los mercados desregulados.
El SME se ha comprometido a resistir por medios pacíficos el apoderamiento de la empresa en altas horas de la noche del 10 de octubre, realizado por policías militares. El gobierno ya ha ofrecido programas de indemnización por despido, con un máximo de hasta 33 meses de sueldo, diciendo que volvería a contratar a 10.000 de los trabajadores electricistas. Sin embargo, el SME ha recomendado a los trabajadores rechazar estas ofertas, y a participar en manifestaciones pacíficas, de las cuales la más reciente se produjo el 15 de octubre, cuando 100.000 personas marcharon por la Ciudad de México, reuniéndose en el Zócalo, la plaza principal de la ciudad. Fue un día completo de manifestaciones a gran escala, pero se realizó sin ningún incidente, y recibió amplio apoyo en la capital, incluso de la municipalidad izquierdista de la capital.
La gran manifestación del 15 de octubre coincidió con un foro sindical internacional sobre la cuestión de las empresas multinacionales y sus convenios colectivos proteccionistas. Estos convenios constituyen un enorme obstáculo que impide el sindicalismo libre en Méjico, permitiendo a las empresas firmar convenios “colectivos” sobre sueldos y condiciones de trabajo, sin incluir a los trabajadores en las negociaciones, y sin que los trabajadores siquiera sepan del convenio que se ha establecido en su nombre. El gobierno de Calderón promueve esta práctica y sigue bloqueando nuevos sindicatos democráticos al negarles reconocimiento oficial repetidamente durante muchos años, colocando en lista negra a los sindicalistas y permitiendo a la administración de las empresas seguir actuando con impunidad. El Foro publicó una declaración de solidaridad con el SME.
Una cifra que vale la pena tomar en cuenta es que en Méjico un 95% de las empresas cuentan con un convenio colectivo, en tanto el porcentaje de los trabajadores que pertenecen a un sindicato es del 10%: es evidente que la gran mayoría de los convenios colectivos se firman con sindicatos amarillos. Muchos dirigentes sindicales son millonarios, debido a acuerdos mafiosos que han logrado con la administración.
Visite el website de la campaña en: http://www.democraciaylibertadsindical.org.mex
El gobierno de Calderón ha trasladado las operaciones diarias de LyFC a la mayor empresa de electricidad del país, la Comisión Federal de Electricidad, de la cual LyFC compra la mayor parte de su capacidad, pero se cree que ahora se va a vender LyFC a manos privadas. LyFC suministra de energía a la Ciudad de México y a algunas partes de los estados circundantes de México, Hidalgo, Morelos, y Puebla.