23 agosto, 2010
El 11 de agosto, Los Mineros de México lograron un triunfo legal en la mina de cobre del Grupo México en Cananea, cuando, en el estado de Sonora, el Juez del IX Distrito dictaminó que la huelga todavía existe legalmente. En la huelga de Cananea, que, el pasado 30 de julio, cumplía tres años, después que los huelguistas, el 6 de junio, fueran atacados por efectivos de la policía, que hicieron uso de la fuerza para desalojar a los huelguistas de las instalaciones, donde todavía permanecen 3.000 efectivos de la policía federal. Con esta gran fuerza policial se está protegiendo a los rompehuelgas en Cananea, ya que el Grupo México tiene proyectado reiniciar las operaciones de la mina antes de fines de 2010.
A consecuencia de la apelación constitucional de Los Mineros, tanto la Oficina del Fiscal General de México, como el Secretario Federal de Seguridad Pública reconocieron que el 6 de junio se habían desplegado policías en la mina para realizar inspecciones de acuerdo a una orden ministerial. Como ya se había completado la inspección de la mina, la policía no tenía derecho legal a entrar en las instalaciones de la mina ni a sacar a los huelguistas. Nunca hubo ninguna orden de desalojamiento de parte de la autoridad judicial.
La policía federal violentamente tomar el control de Cananea, 06 de junio
Foto - FITIM
El 20 de agosto, Leo Gerard, Presidente de los United Steelworkers (USW), dio a conocer medidas de solidaridad con Los Mineros en Cananea: el USW envió un equipo rotativo de observadores internacionales a la ciudad para vigilar esta intervención ilegal de la policía, que intimida a los huelguistas y protege a los rompehuelgas. Gerard agregó que este fin de semana habían llegado trabajadores voluntarios norteamericanos que iban a actuar como observadores. El equipo rotativo se unirá al piquete, que muchas veces cuenta con unas 800 personas.
El gobierno sigue apoyando a los rompehuelgas, y se acusa a las autoridades locales de cortar la electricidad en las viviendas de algunos huelguistas, con la intención de intimidarlos.
El Grupo México y el Ministerio del Trabajo de México se han negado a aceptar la decisión, que fuera emitida por la corte a consecuencia de la apelación, diciendo que sigue suspendido el convenio colectivo del sindicato, y que la decisión del Juez Distrital no es efectiva porque ya se ha desalojado a los huelguistas.