24 abril, 2011
El día 5 de abril, se realizó en Greymouth una sesión preliminar de la Comisión Real sobre el desastre de Pike River. La comisión investigadora, que el 23 de mayo comenzará las audiencias y discusión plenaria, realizará sus deliberaciones durante 15 semanas.
El 19 de noviembre de 2010, fallecieron 29 mineros debido a una enorme explosión de gas metano en el interior de la mina de Pike River Coal Ltd. Entre las víctimas figuraron 11 miembros del Sindicato de Ingeniería, Impresión y Manufactura (EPMU), afiliado a la ICEM, siendo ésta la peor catástrofe minera conocida en Nueva Zelanda en 119 años.
La sesión preliminar de este mes comenzó con un minuto de silencio en memoria de los 29 mineros muertos. También en esta oportunidad, los síndicos de la empresa, que está en quiebra, señalaron que ésta no tiene fondos para poder participar plenamente en la investigación. Un abogado que representaba a los síndicos, PricewaterhouseCoopers, decía que su prioridad era reembolsar a los acreedores con garantía, y no proveer declaraciones de testigos y compilaciones de otros documentos para la Comisión Real.
La Comisión, encabezada por el Juez Graham Panckhurst, y que incluía a Stewart Bell, Comisionado de Queensland, Australia, para Seguridad y Salud en las Minas, y reconocido experto en gas metano en las minas de carbón, realizará la investigación en cuatro etapas: contexto, búsqueda y rescate, lo que pasó en Pike River, y aspectos de políticas que son aplicadas en la minería.
Se plantearon algunas partes de estos temas el 5 de abril. Un abogado que representaba al EPMU decía que los reglamentos mineros de Nueva Zelanda tienen un atraso de dos décadas con relación a los programas desarrollados de seguridad minera, como los que existen en Australia. Nigel Hampton, en representación del EPMU, dijo lo siguiente: “Nuestros miembros quieren ver un mejoramiento significativo de las normas de salud y seguridad que se requieren para trabajar en las minas.”
El EPMU también ha solicitado que la Comisión oiga los conocimientos expertos y asesoría con que cuentan el sector minero y los sindicatos de mineros de Australia. Es seguro que se preguntará por qué la policía local que supervisaba el rescate no dejó pasar a un equipo de rescate minero de Australia que llegó al lugar 36 horas después de la explosión del 19 de noviembre.
Otra cuestión que se va a plantear es la ubicación de los grandes ventiladores en el interior de la mina de Pike River, lugar inusitado para la colocación de equipos eléctricos cargados cuando prima gas metano en el ambiente. Los informes iniciales señalan que algunos minutos antes de la explosión, un cortocircuito eléctrico dejó sin funcionamiento los dos ventiladores.
También se oirá la cuestión del engaño y falta de respeto a las familias en los días después de la explosión del 19 de noviembre. Un abogado que representa a las familias dijo en la sesión de inauguración que las familias simplemente quieren saber la verdad y tener claridad acerca de cómo y por qué sucedió esta tragedia.
En su discurso inaugural, el Juez Panckhurst dijo que el objetivo era averiguar “qué pasó en la mina, por qué sucedió, y qué se puede hacer para que no vuelva a pasar. En fin… por qué, y qué debe cambiar para el bien futuro.”
La mina fue clausurada en enero, y aún no se han recuperado los cadáveres de los 29 mineros fallecidos. PricewaterhouseCoopers ha hecho una evaluación de la mina, que contiene vetas de carbón blando de primera calidad, señalando que tiene un valor de NZ$6 millones, pero podría costar 20 veces esa cifra para reiniciar las operaciones en el lugar. La empresa internacional espera que para junio ya se haya vendido.