15 septiembre, 2011
Las petroleras transnacionales emplean a más de 12.500 trabajadores en el Departamento del Meta, Colombia, en su mayor parte externalizando el empleo a contratistas. Esos trabajadores en empleo precario están sujetos a salarios de pobreza, horarios de trabajo agotadores –incluidos períodos de 49 días consecutivos- y otras condiciones de trabajo inferiores a la norma, todas en clara violación de la legislació colombiana y de las normas mínimas
El senador colombiano Jorge Enrique Robledo ha dicho que los centros de trabajo de los yacimientos de Puerto Gaitán son más bien como campos de concentración, con hacinamiento en tiendas de campaña, escasez de agua, malnutrición, falta de higiene y tratamiento degradante. La contratista petrolera Pacific Rubiales ha desplegado una campaña de desinformación describiendo a la USO como “criminales armados que imponen suspensiones del trabajo”.
La respuesta de los trabajadores contra esa situación insoportable empezó el 19 de julio, con manifestaciones masivas y suspensiones del trabajo en las instalaciones de Puerto Gaitán y Campo Rubiales. Los huelguistas fueron reprimidos con brutalidad policial. La Unión Sindical Obrera (USO), afiliada a la ICEM, que por tradición ha sindicado personal de Ecopetrol, la empresa petrolera colombiana de propiedad estatal que cotiza en la Bolsa, ha dado un apoyo fundamental y desplegado acciones a favor de los obreros. Junto con Ecopetrol, los contratistas que emplean a los trabajadores del petróleo del Meta están prestando servicios a la Pacific Rubiales, que tiene su sede en Canadá, y a la CEPCOLSA, una subsidiaria de la CEPSA, establecida en España.
La explosión de protestas masivas llevó al gobierno colombiano, tristemente célebre por su tolerancia de la represión de los sindicatos, a abrir el 3 de agosto un diálogo tripartito, dirigido por el vicepresidente Angelino Garzón. Se crearon nueve grupos de trabajo para evaluar los diferentes problemas durante 15 días y sacar las conclusiones pertinentes para lograr una solución del conflicto. Desafortunadamente, como se podía prever, no se ha aplicado ni una sola de las recomendaciones de los grupos de trabajo reunidos 15 días. Al contrario, los sindicatos han sido objeto de feroz persecución. Contractors MR, Intricon y Medellín Electricians terminaron el contrato de 70 trabajadores que habían participado en la movilización del 19 de julio. Otro contratista, Duflo SA, dijo a los empleados que debían suspender su pertenencia al sindicato, bajo amenaza de despido.
Al no aplicarse ninguna de las recomendaciones de los grupos de trabajo, la comunidad de Puerto Gaitán respondió con protestas. El 19 de agosto bloquearon todas las calles principales que conducían al municipio. El descontento de la población se exacerbó más aún cuando las petroleras empezaron a contratar nuevo personal, sin emplear a nadie de la localidad.
El Ministerio de la Protección Social afirma haber hecho 162 visitas a la región; pero nunca se ha reunido con la USO ni con los trabajadores subcontratados, sino únicamente, en contadas ocasiones, con altos funcionarios de las empresas. Indicando claramente la lealtad del gobierno a las empresas, el gobierno del presidente Santos desplegará, a partir de septiembre, un batallón militar que será estacionado en la comunidad, cuyos vehículos militares serán abastecidos de combustible por las multinacionales que operan en la región.
Pacific Rubiales registró ganancias anuales de USD 218 millones en 2010.
Durante este conflicto laboral, 4.000 trabajadores se afiliaron en masa a la USO, en la región del Meta. El año pasado, más de 16.000 trabajadores contratados por obra se afiliaron a la USO en toda Colombia.
El senador colombiano Jorge Enrique Robledo ha dicho que los centros de trabajo de los yacimientos de Puerto Gaitán son más bien como campos de concentración, con hacinamiento en tiendas de campaña, escasez de agua, malnutrición, falta de higiene y tratamiento degradante. La contratista petrolera Pacific Rubiales ha desplegado una campaña de desinformación describiendo a la USO como “criminales armados que imponen suspensiones del trabajo”.
La respuesta de los trabajadores contra esa situación insoportable empezó el 19 de julio, con manifestaciones masivas y suspensiones del trabajo en las instalaciones de Puerto Gaitán y Campo Rubiales. Los huelguistas fueron reprimidos con brutalidad policial. La Unión Sindical Obrera (USO), afiliada a la ICEM, que por tradición ha sindicado personal de Ecopetrol, la empresa petrolera colombiana de propiedad estatal que cotiza en la Bolsa, ha dado un apoyo fundamental y desplegado acciones a favor de los obreros. Junto con Ecopetrol, los contratistas que emplean a los trabajadores del petróleo del Meta están prestando servicios a la Pacific Rubiales, que tiene su sede en Canadá, y a la CEPCOLSA, una subsidiaria de la CEPSA, establecida en España.
La explosión de protestas masivas llevó al gobierno colombiano, tristemente célebre por su tolerancia de la represión de los sindicatos, a abrir el 3 de agosto un diálogo tripartito, dirigido por el vicepresidente Angelino Garzón. Se crearon nueve grupos de trabajo para evaluar los diferentes problemas durante 15 días y sacar las conclusiones pertinentes para lograr una solución del conflicto. Desafortunadamente, como se podía prever, no se ha aplicado ni una sola de las recomendaciones de los grupos de trabajo reunidos 15 días. Al contrario, los sindicatos han sido objeto de feroz persecución. Contractors MR, Intricon y Medellín Electricians terminaron el contrato de 70 trabajadores que habían participado en la movilización del 19 de julio. Otro contratista, Duflo SA, dijo a los empleados que debían suspender su pertenencia al sindicato, bajo amenaza de despido.
Al no aplicarse ninguna de las recomendaciones de los grupos de trabajo, la comunidad de Puerto Gaitán respondió con protestas. El 19 de agosto bloquearon todas las calles principales que conducían al municipio. El descontento de la población se exacerbó más aún cuando las petroleras empezaron a contratar nuevo personal, sin emplear a nadie de la localidad.
El Ministerio de la Protección Social afirma haber hecho 162 visitas a la región; pero nunca se ha reunido con la USO ni con los trabajadores subcontratados, sino únicamente, en contadas ocasiones, con altos funcionarios de las empresas. Indicando claramente la lealtad del gobierno a las empresas, el gobierno del presidente Santos desplegará, a partir de septiembre, un batallón militar que será estacionado en la comunidad, cuyos vehículos militares serán abastecidos de combustible por las multinacionales que operan en la región.
Pacific Rubiales registró ganancias anuales de USD 218 millones en 2010.
Durante este conflicto laboral, 4.000 trabajadores se afiliaron en masa a la USO, en la región del Meta. El año pasado, más de 16.000 trabajadores contratados por obra se afiliaron a la USO en toda Colombia.