18 octubre, 2010
La semana pasada, mientras el mundo celebraba el rescate de 33 mineros atrapados en Chile, surgieron algunas interrogantes relacionadas con una serie de sucesos que se habían producido en la mina de cobre San José de la Compañía Minera San Esteban Primera antes del derrumbe masivo del techo y deslizamiento de rocas del día 5 de agosto, que atrapara a los mineros por un tiempo récord de 69 días.
Mientras Sebastián Piñera, Presidente de Chile, disfruta de la atención mundial suscitada por el exitoso rescate organizado por los mejores expertos del mundo en ingeniería y tecnología de minas, es probable que seguirán confusas las respuestas a esas interrogantes. Piñera prometió que los propietarios de la mina no saldrán impunes, encargando del asunto a una comisión investigadora que presentará sus conclusiones el 22 de noviembre.
Sin embargo, la sola conformación de la comisión de investigación demuestra una de las múltiples deficiencias estructurales de la seguridad minera en Chile: en esta comisión no participará ningún representante sindical. Los sindicatos mineros de Chile señalan que desde hace muchas décadas el gobierno de ese país se niega a participar en diálogos tripartitos para mejorar la seguridad minera, señalando a los delegados sindicales que su trabajo es realizar negociaciones sobre cuestiones económicas, pero no en asuntos de salud y seguridad.
Los sindicatos señalan que los funcionarios de gobierno y representantes de empresas mineras siempre se han negado a participar en iniciativas para estudiar la ratificación del Convenio 176 de la OIT, el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, aduciendo que esto perjudicaría el control riguroso que ejerce el gobierno sobre el sector. Un dirigente sindical informó a la ICEM que ha habido ya enormes inversiones del sector privado en las minas de Chile, y que según había notado, personeros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) visitaban frecuentemente las minas, pero jamás había visto algún representante de la OIT.
Para entender con precisión las barreras estructurales que perjudican la seguridad de las prácticas de minería en Chile, es necesario aclarar los hechos de los cuales se derivan los malos antecedentes de San Esteban en materia de seguridad. Ya en 2004, el sindicato de la mina San José, Sindicato N° 2 de la Compañía Minera San Esteban, había presentado demandas ante los tribunales, solicitando la clausura de la mina debido a la peligrosidad de las condiciones de trabajo. No se tomó debidamente en serio estas demandas.
En enero de 2007, después de un deslizamiento de rocas que mató a un trabajador, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) mandó a cerrar la mina, pero algunos meses después un supervisor suplente de la agencia la volvió a abrir. Según se dice, dicha orden de reanudar las actividades en la mina se debió a presión política.
El reinicio de labores en la mina se autorizó a condición de que los dos propietarios prometieran construir una segunda vía de escape, mejorar la ventilación, e invertir en otras mejoras en la mina, donde solían haber derrumbes de rocas después de las voladuras. No se cumplió ninguna de las promesas, y no se realizó ninguna inspección.
Seis meses antes del 5 de agosto, renunció el asesor de seguridad de San Esteban, por no poder con la gran cantidad de infracciones en materia de seguridad. Señaló que no se habían instalado las mallas del techo, que los pernos del techo eran más cortos y que se habían instalado con un espacio entre ellos mayor de lo que se exigía en forma estándar, y que después de las voladuras había enormes rocas que no se sacaban. En suma, faltaban todos los requisitos previos que contiene el Convenio 176: una segunda vía de salida, inspecciones periódicas regulares, consultación con los sindicatos, la exigencia de que las autoridades cuenten con la fuerza para cerrar y mantener cerrada cualquier mina insegura; también señala el derecho de los trabajadores de negarse a trabajar en condiciones peligrosas. Todos estos elementos estaban ausentes en la mina de San José, y sin duda en innumerables otras minas chilenas.
(Para obtener más información sobre la campaña mundial de la ICEM a favor de ratificación del Convenio 176 de la OIT, haga clic aquí.)
Lo que no se puede negar es que Piñera, Laurence Golborne, Ministro de Minería, y otros, incluyendo algunos directivos de la empresa estatal del cobre Codelco, organizaron las condiciones de una operación de categoría mundial que permitió sacar con vida a los 33 mineros de San José. Chile es un país de categoría mundial en la producción de minerales. Sin embargo, no cabe duda que los procedimientos de seguridad que se aplican en las minas del país distan mucho de ser de categoría mundial.
Después del rescate, decenas de sindicatos afiliados a la ICEM publicaron declaraciones al respecto. El Sindicato Nacional de Mineros (NUM) felicitó a los chilenos “por la exitosa operación de rescate”, señalando que, como la asesoría técnica especializada provenía de Sudáfrica, los mineros sudafricanos deberían exigir más en su propio país, en cuanto a reducir el número de accidentes fatales que se producen en las minas.
La declaración decía lo siguiente: “Este año, desde enero hasta la fecha, han fallecido más de 90 mineros, y el sector minero de Sudáfrica sigue siendo muy lento para actuar en materia de seguridad, y sigue engañándose y engañando a quienes creen que han habido mejoramientos significativos” en las minas del país.
El Sindicato de la Construcción, Silvicultura, Minas y Energía (CFMEU) de Australia señalaba que en agosto “se puso a recaudar fondos para ayudar (a los 33 mineros) y a sus familias. Éstas son personas que no tienen nada, y que trabajan en las condiciones más draconianas del mundo. La campaña (de CFMEU) recaudó 20 millones de pesos, equivalente a aproximadamente A$40,000, y el fondo sigue aumentando.
El sindicato australiano rindió homenaje a los mineros en un vídeo que se puede ver aquí.
El sindicato United Mine Workers of America (UMWA) ha dicho: “… mientras celebramos el rescate, también este hecho ha de servir como una oportuna experiencia para quienes regulan la minería, tanto en este país como en el extranjero. Todas las minas del mundo, independientemente de su ubicación y los problemas de ingeniería que presenten, deben realizar sus operaciones en un ambiente en que la seguridad de los mineros prime sobre todo otro factor.
“Hasta las más rigurosas leyes de seguridad minera son eficaces solamente si las entidades de regulación cuentan con voluntad y con los medios adecuados para hacerlas cumplir rigurosamente. Mientras celebramos el rescate de nuestros compañeros chilenos, es importante que también aprendamos de los errores que pusieron en grave peligro sus vidas.”
En Alemania, el IGBCE señaló que de este accidente se deben deducir lecciones que puedan servir de apoyo para los mineros chilenos en su lucha en favor de la seguridad de las condiciones de trabajo. Con derecho, la ICEM ha citado este accidente minero al hacer un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que ratifiquen y cumplan las normas de seguridad que figura en el Convenio de la OIT.
Por otra parte, Los Mineros, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), comparó, haciendo contraste, el enorme esfuerzo que se hizo para rescatar a los mineros chilenos y la negación de su propio gobierno de buscar o realizar investigación ante la catástrofe minera ocurrida en febrero 2006, en la cual murieron 65 mineros.
Ahora los 33 mineros chilenos están fuera de peligro y reunidos con sus familias. Sin embargo, siguen pendientes las interrogantes en cuanto a los factores que los llevaron al borde de la muerte, y, por otro lado, surge otra interrogante: si el gobierno chileno realizará en efecto los cambios estructurales que son necesarios en materia de seguridad minera.