24 abril, 2011
28 de abril: por el interés común – los sindicatos dan más seguridad en el trabajo
Cada 28 de abril, el movimiento laboral recuerda a los caídos. El 28 de abril se conoce como la Jornada Internacional en memoria de los trabajadores fallecidos y lesionados, y es conmemorado por sindicatos y organizaciones de salud y seguridad en más de 140 países.
Según la OIT, a nivel mundial, 2,3 millones de trabajadores mueren cada año a consecuencia de su trabajo. La ICEM considera que esta cifra, aunque es espantosa en sí, constituye una subestimación, y que para representar la situación real debería multiplicarse por lo menos diez veces. Muchos millones más son lesionados o son víctimas de enfermedades profesionales. Cada una de estas muertes, lesiones, y enfermedades es innecesaria y, de hecho, sin sentido.
Los sindicatos afiliados a la ICEM trabajan en algunos de los lugares de trabajo más peligrosos y tóxicos de nuestro planeta. Las tragedias muy publicitadas, como explosiones e incendios en instalaciones de petróleo y gas, centrales nucleares fuera de control, explosiones de gas de metano y derrumbes en las minas, y un sinnúmero de fallos de equipos en el sector fabril que causan muertes, pérdida de extremidades, y otras lesiones constituyen parte de una cultura amarga que la ICEM quiere eliminar.
Simplemente la ICEM considera inaceptable el número constante de víctimas fatales, lesiones y enfermedades laborales que se registran. Es por este motivo que la ICEM está presente para ayudar a sus afiliados en cualquier asunto de seguridad y salud laboral. Es la razón por la cual la ICEM ha dado la pauta, incorporando la seguridad y salud laboral en los Acuerdos Globales. Es por este motivo que la ICEM tiene una campaña a favor de la ratificación del Convenio 176 de la OIT; por esto tiene desde hace mucho tiempo un proyecto sobre VIH/SIDA; y es también el motivo por el cual la ICEM dialoga con otras organizaciones internacionales para lograr el mejoramiento de las normas y una mayor cooperación en materia de seguridad y salud en el trabajo.
¿Qué se puede hacer para que los lugares de trabajo sean más seguros? Mientras los empleadores y los gobiernos gastan enormes sumas buscando soluciones mágicas, la ICEM sabe que la respuesta es en realidad muy sencilla, aunque para algunos sea difícil su implementación: los trabajadores tienen derechos, los empleadores contraen obligaciones.
Entonces, he aquí la respuesta.
• Los sindicatos hacen que el trabajo sea más seguro: por lo tanto priman como más importantes que ninguno los programas de salud y seguridad que provienen de sindicatos fuertes. Para lograr esto, exigimos que se respeten los Convenios Laborales Clave de la OIT, especialmente los que defienden la libertad de asociación, el derecho de sindicación y a la negociación colectiva.
• Derechos laborales - los derechos fundamentales de los trabajadores con relación a seguridad y salud en el trabajo incluyen lo siguiente: el derecho de estar informado sobre los peligros del trabajo y de recibir capacitación para poder realizar el trabajo en condiciones de seguridad; el derecho de negarse a realizar trabajos peligrosos, e incluso de parar las labores si fuera necesario; el derecho de participar en la formulación y aplicación de políticas, programas y procedimientos de salud y seguridad laborales. La mejor manera de lograr este derecho es a través de un Comité Conjunto de Salud y Seguridad, que juega un papel central y obligatorio en el sistema interno de responsabilidad de las empresas.
• Obligaciones de las empresas: Las empresas deberían concentrar sus esfuerzos en hacer que el trabajo sea más seguro. Esto implica gestionar la seguridad de los procesos, identificar y aplicar las mejores tecnologías disponibles, e higiene industrial, la ergonomía, investigación y reconocimiento de las enfermedades profesionales, y un acercamiento preventivo a los peligros químicos, biológicos, físicos, y de otro tipo.
• Prohibiciones a las empresas: No se debería permitir a las empresas aplicar métodos y prácticas cuyo propósito principal sea culpar a las víctimas, o suprimir el proceso de informar sobre accidentes, mejorando artificialmente las estadísticas con el fin de optimizar las tasas de compensación que se paga a los trabajadores en base a la experiencia, reducciones y descuentos de primas de seguro y puntaje por relaciones públicas. Esto incluye la prohibición de programas de seguridad basados en la conducta, pruebas de drogas y alcohol en el lugar de trabajo (especialmente después de los incidentes), incentivos de seguridad que promuevan el no informar sobre accidentes, y campañas contra el reconocimiento de enfermedades laborales.
El lema “Los sindicatos dan más seguridad en el trabajo” que se celebra el 28 de abril y en cada jornada de trabajo, a veces se conoce como el Día de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados. Corresponde porque un papel principal que realizan los sindicatos en la vida laboral de todos los días es el de vigilar – y mejorar – la seguridad y salud en el trabajo. Se exhorta a los activistas sindicales para que identifiquen una actividad determinada y tomen medidas significativas para mejorar las prácticas laborales por vía de su fuerza sindical.
La CSN de Québec adopta una posición heroica e histórica ante el asbesto
En el boletín noticioso especial de la ICEM del 28 de abril de 2010, la Internacional destacó el hecho de que se encuentra en Canadá la clave para lograr la prohibición mundial del asbesto. Si falla el apoyo que brinda Canadá a la industria del asbesto, se logrará la prohibición mundial del asbesto. Todos quienes se preocupan por estudiar las evidencias saben ya que es incuestionable el vínculo entre todas las formas del asbesto (asbestosis, mesotelioma, y otras formas de cáncer).
La Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) ofreció un importante avance en esta materia en el congreso del 11 de marzo de esa federación sindical. El congreso decidió retirar el apoyo que tradicionalmente había prestado esa federación a la industria del asbesto en Québec. Éste fue un planteamiento histórico y valiente, en esa provincia en la cual la industria del asbesto está tan estrechamente vinculada a la historia del movimiento sindical.
Claudette Carbonneau, Presidenta de esa organización, que cuenta con 300.000 miembros afiliados, afirmó ante los delegados al congreso: “Québec, al igual que muchas sociedades industrializadas avanzadas, ha sido gravemente afectada por el uso de un recurso que produce la muerte. Si en Québec las condiciones de salud y seguridad no impiden estas enfermedades mortíferas, es difícil plantear que se pueda usar el asbesto sin peligro en los países en vías de desarrollo.”
Sin embargo, por cada paso que se dé hacia adelante, parece que se diera por lo menos un paso hacia atrás. Tan sólo este mes, el gobierno de Québec aprobó un programa de ayuda económica con un valor de C$52 millones para ampliar la mina Jeffrey de asbesto, cuyos productos se van a exportar principalmente a la India, Indonesia, Filipinas y otros países asiáticos. Ésta es otra prueba más de que esta industria no sería viable sin fuertes subsidios gubernamentales.
Mientras tanto, la entidad que regula los nombres de los lugares de Québec ha autorizado para que la organización regional que se conoce como “MRC de L’Amiante” borre la palabra “Amiante” (Asbesto), cambiando su nombre a “MRC des Appalaches.” Entonces, queda en claro que hay personas, aún en la región de Québec donde se extrae el asbesto, que quizá sientan repugnancia por la desvergonzada hipocresía de los políticos y comerciantes, y que prefieren que no se les asocie con la exportación de esta fibra mortífera.
Seguridad y salud en las minas: prioridad para la ICEM
La ICEM, como la más importante organización sindical internacional de los mineros, sigue su campaña en favor de la ratificación del Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas, y para que se apruebe igualmente la Recomendación 183 relacionada con el mismo tópico.
Aunque se avanza muy lentamente, finalmente, en febrero de este año, se convenció a Ucrania para que ratificar el Convenio 176. Este año la ICEM tiene reuniones programadas o establecidas en varios países para presionar en favor de la ratificación de este importante instrumento de la OIT.
Durante el año 2010, el mundo presenció el dramático rescate, en Chile, de 33 mineros atrapados en las profundidades de una mina de cobre de tamaño mediano. También en ese año 29 mineros fallecieron de manera espantosa en la mina de carbón de Pike River en Nueva Zelanda, posiblemente a consecuencia de los ventiladores situados en el interior de los pozos de la mina en vez de estar en el exterior. También murieron veintinueve mineros en EE.UU., el 5 de abril de 2010, en la mina Upper Big Branch en el estado de West Virginia, tragedia por la cual la empresa propietaria Massey Energy y su Director General culpan, increíblemente, a los rigurosos sistemas de protección que contiene la Ley de EE.UU. sobre Seguridad y Salud en las Minas.
En 2010, también se conoció la muerte en masa de mineros en Rusia, Turquía y Ucrania. Siguen registrándose tragedias fatales todas las semanas en las minas de la China, y en Sudáfrica, a pesar de la pequeña reducción en comparación con los altos niveles de 2006 a 2008, todavía se producen regularmente muertes en las minas, y las declaraciones públicas que hace la Cámara de Minas en las que manifiesta su satisfacción y éxito, son ilusorias y de completo desprecio por los trabajadores.
Las tragedias que se produjeron en 2010, además de la explosión mortífera en una mina de carbón de Pakistán el mes pasado, demuestran que queda mucho por hacer para mejorar la seguridad de las minas en el mundo. Se podrá comenzar con la ratificación del Convenio 176, pero solo se efectuará si se aplican y se cumplen los principios de ese Convenio.
El Convenio 176 exige que las empresas realicen evaluaciones de riesgos, y que apliquen buena ingeniería al diseño de las minas y el uso de equipos de protección personal para controlar en su punto de origen los peligros que se han identificado. Es imprescindible que las minas cuenten con ingeniería adecuada, que su construcción se realice en base a normas de seguridad, y que cuenten, por lo menos, con dos vías de escape y sistemas de comunicación adecuados. Es necesario dotar las minas de adecuada ventilación, con sistemas de control de contaminantes y prevención e identificación de incendios, con sistemas para combatirlos. Hay que establecer y mantener planes para respuestas en caso de emergencia, y si se detecta algún peligro grave, hay que detener las operaciones y evacuar a los trabajadores. Se debe facilitar a los trabajadores información y capacitación sobre los peligros que existen y de cómo trabajar en condiciones seguras.
Hay que investigar los accidentes y tomar medidas para corregir sus defectos. Los trabajadores tienen el derecho de informar, y de recibir información sobre accidentes y sucesos peligrosos y riesgos. Los trabajadores pueden solicitar que los empleadores y autoridades de regulación realicen inspecciones. Los trabajadores tienen derecho de negarse a realizar trabajos peligrosos y de alejarse de la zona de peligro. Además, los trabajadores podrán elegir representantes de salud y seguridad en el lugar de trabajo, y se les permite participar en las investigaciones e inspecciones, vigilar cuestiones de salud y seguridad, recurrir a asesores y expertos, y consultar con la empresa y con las agencias de regulación del gobierno.
Bajo el Convenio 176, se exige a los gobiernos establecer un marco legislativo y de regulación que proteja la seguridad y salud de los trabajadores. Esto se ha de lograr exigiendo a los empleadores y trabajadores cumplir con las exigencias específicas del Convenio 176 de la OIT. Además, las autoridades competentes han de efectuar de manera adecuada la supervisión e inspección reglamentarias de las minas, y se exige rendir informe sobre accidentes y llevar estadísticas al respecto.
La minería es uno de los trabajos más peligrosos del mundo, y es imprescindible contar con los sistemas reglamentarios de protección. La lista siguiente, que se elaboró usando principalmente las estadísticas de la OIT, tomadas de la base de datos de la agencia LABORSTA de las Naciones Unidas, señala cuáles son los países más peligrosos para los mineros y trabajadores de cantera, calificados en base al número de lesiones fatales por cada 100.000 empleados, durante el período 1999-2008.
1. Turquía
2. República de Corea
3. China
4. Pakistán
5. Chipre
6. Kirguistán
7. Togo
8. Hong Kong, China
9. Irlanda
10. Taiwán, China
11. Costa Rica
12. Lituania
13. Portugal
14. Ucrania
15. Filipinas
16. España
17. Nicaragua
18. Chile
19. Argentina
20. Malta
21. República de Moldavia
22. India
23. Brasil
24. Bulgaria
25. Estados Unidos
26. Túnez
27. Estonia
28. Zimbabwe
29. Eslovenia
30. Burkina Faso
31. Dinamarca
32. Rumania
33. República Checa
34. Canadá
35. Finlandia
36. Italia
37. Kazakhstán
38. Myanmar
39. Austria
40. Polonia
41. Francia
42. Letonia
43. Eslovaquia
44. Croacia
45. Azerbaiyán
46. Australia
47. Egipto
48. Japón
49. Suecia
50. Reino Unido
51. Sri Lanka
52. Hungría
53. Noruega
54. Trinidad y Tobago
55. Bahrein
56. Bélgica
57. Luxemburgo
58. Macau, China
59. Mauricio
60. Singapur
Sin embargo, esta lista no contiene las estadísticas correspondientes de todos los países, por lo tanto el ránking de la China, Ucrania y Chile se han estimado en base a los informes que aparecen en websites privados. No hay estimaciones confiables en el caso de Rusia, a pesar de que Rusia es un país minero sumamente importante.
Al evaluar la lista, corresponde hacer algunas aclaraciones. Primero, hasta la base de datos de la OIT, que es la más acreditada para estos asuntos, tampoco es muy confiable. La OIT sólo puede citar lo que les señalen los países miembros. Por otra parte, hay problemas de falta de cobertura, ya que la mayoría de los países solamente informan sobre muertes que comprometen el pago de indemnización, y falta de información registrada, ya que muchos fallecimientos, aún aquéllos que son traumáticos, simplemente no se registran como fallecimientos a consecuencia del trabajo. Por otra parte, hay también fraude descarado, ya que no cabe duda que sea del interés económico de los empleadores no registrar todos los siniestros. Además, a muchos países les interesa políticamente no informar plenamente al respecto.
Por otra parte, un número mucho mayor de trabajadores fallece debido a enfermedades profesionales que los que mueren en accidentes traumáticos, incluso en trabajos peligrosos como la minería. Es casi seguro que solamente el cáncer ocupacional mata a más mineros que los accidentes, y hay muchas otras enfermedades (del pulmón, de la piel, del sistema nervioso) que son fatales, pero no son de cáncer. En todo el mundo hay deficiencias en la diagnosis de estas enfermedades, y no se registran debidamente.
En el ránking de los países que se ha señalado anteriormente, Turquía y Corea pasan a ser los países con las minas más peligrosas, más que en la China. Esto puede parecer sorprendente, pero el hecho es que Turquía, que no es un país de gran producción minera, tiene a la vez antecedentes muy malos en materia de seguridad, y quizá informe mejor al respecto que otros países que figuran en la lista. En lo que se refiere a la China, las estadísticas se han estimado en base a Fuentes en línea de origen desconocido, y hay que suponer que son cifras que subestiman enormemente los hechos reales. La cifra real podría ser dos o tres veces mayor que el nivel del cual se ha informado.
Por último, muchas veces las estadísticas sobre minería se hallan en la forma de muertes por millones de toneladas métricas del mineral/carbón que se extrae. Las informaciones de este tipo tienden a deformar las estadísticas, de modo que países mineros con un nivel bajo de productividad como la China parecen estar en condiciones inferiores en comparación con los países mineros altamente mecanizados como EE.UU., porque se requiere de un número mayor de mineros para producir la misma cantidad del producto en toneladas. Aquí se puede ver un ejemplo de clasificación de esta naturaleza.
La ICEM prefiere tomar en cuenta el número de muertes de mineros por cada 100.000 trabajadores, porque lo que importa para los mineros al determinar si una mina es peligrosa o no, es saber si volverán a sus hogares intactos al final de la jornada. La cantidad de toneladas que se extrae ese día es una consideración secundaria.
En general, hay que tomar en cuenta que las estadísticas de seguridad que se señalan anteriormente tienen solamente relevancia menor.
La ICEM presiona a Chile por las normas de seguridad minera
Mientras disfrutaba de la admiración del mundo tras el exitoso rescate de 33 trabajadores del interior de la mina de cobre de San José, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera declaraba, el 18 de octubre de 2010, en el programa HARDtalk de la BBC, ante un público mundial que miraba televisión, que “dentro de 90 días” su país ratificaría el Convenio 176 de la OIT, reformando el descoyuntado sistema nacional de seguridad minera.
Resultó ser mentira.
A mediados de enero, cuando estaba por cumplirse ese plazo de 90 días, Senzeni Zokwana, Presidente de la ICEM, y Manfred Warda, Secretario General, se reunieron en Santiago con altos funcionarios de gobierno, quienes les informaron que no se tenía nada programado en cuanto a reformar las normas internas de seguridad, ni para aprobar normas internacionales al respecto. Y, por cierto, posteriormente en Chile no se ha visto ningún movimiento en favor de la reforma, excepto de parte de las federaciones sindicales de ese país que actualmente trabajan conjuntamente con la ICEM.
En febrero, la ICEM organizó una campaña para presionar a Piñera con el fin de que cumpla con su promesa. ¡Las organizaciones afiliadas a la ICEM y nuestros simpatizantes en el movimiento sindical enviaron más de 4.000 mensajes al respecto! Se está obligando al gobierno de Piñera a contestar preguntas que le han de dar mucha vergüenza al primer mandatario, de por qué hasta la fecha su gobierno no ha cumplido la promesa que hiciera durante las celebraciones que se produjeron después del rescate de San José.
La ICEM sigue siendo optimista, creyendo que el gobierno chileno recordará cuán importante es la realidad; que sólo falta un accidente minero para que el país pierda toda la Buena voluntad y credibilidad técnica que logró al organizar un rescate de dimensiones históricas.
Además, el gobierno de Piñera tiene que enfrentar otra realidad: si Chile es de alguna manera famoso, de categoría mundial como país productor minero, especialmente de cobre, esto significa que debe desarrollar e implementar igualmente prácticas de categoría mundial en materia de seguridad minera. Sin embargo, hasta la fecha, no ha sido así.
El rescate de 33 trabajadores de la mina de San José
En los días anteriores a la presuntuosa declaración de Piñera, el Presidente había recurrido a una cultura que se remonta a la época del régimen de Pinochet. No se invitó a ningún delegado sindical a participar en la comisión que estableciera para investigar el siniestro de San José. El Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas señala que los trabajadores y sus sindicatos han de participar en las inspecciones e investigaciones de accidentes en las minas.
En San José, el Sindicato No. 2 de la Compañía Minera San Esteban había advertido repetidamente sobre los peligros de seguridad que había, e incluso una vez presentó una demanda legal para que se clausurara la mina. Sin embargo, cuando los sindicatos advierten sobre condiciones de seguridad y salud, tanto el gobierno como las empresas repiten el mismo cántico, diciendo que al sindicato le corresponde el deber de negociar asuntos económicos, pero no involucrarse en cuestiones de seguridad o salud.
Después de la muerte de un minero en 2007, San José estuvo clausurada por un breve período por SERNAGEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Sin embargo, reanudaron rápidamente las operaciones por orden de otro funcionario del gobierno que no había leído el informe sobre la clausura, confiando en la promesa de la empresa propietaria de que se iban a corregir los fallos que se habían detectado en la mina.
Entre esas promesas figuraba la de instalar una escalera en un pozo de ventilación como segunda salida, lo cual es una de las normas que se establecen en el Convenio 176. Esto no se hizo, no hubo ninguna inspección de seguimiento, y, de hecho, la falta de una segunda salida fue causa del atrapamiento de los 33 mineros durante 69 días.
SERNAGEOMIN no es una inspectoría de salud y seguridad. Realiza esa función, pero así también lo hacen diferentes oficinas de seis ministerios de Chile, donde Chile cuenta con agencias de seguridad cuyas funciones coinciden parcialmente unas con otras, y que cubren todos los sectores laborales. Ninguna de estas agencias tiene autoridad judicial para hacer cumplir los pocos reglamentos que existen en la minería, y ninguna tiene la capacidad técnica para realizar inspecciones y prevenir accidentes, antes de que se produzcan.
En fin, en Chile están ausentes todas las condiciones que exige el Convenio 176: inspecciones regulares, procedimientos determinados para informar e investigar hechos peligrosos y accidentes, consultación con los sindicatos, entidades de regulación que tengan autorización para clausurar minas en estado de peligro, el derecho de los trabajadores a negarse a realizar trabajo inseguro, la capacidad de los trabajadores de seleccionar a sus propios representantes de seguridad, y la obligación de la empresas de ofrecer capacitación. El Convenio 176 adjudica a los empleadores la responsabilidad, no sólo de eliminar peligros en el lugar de trabajo, sino de eliminar las causas de esos peligros.
A pesar de la táctica de avestruz que el gobierno chileno está aplicando a las cuestiones de seguridad minera ahora que se han ido las cámaras y micrófonos que eran tan notorios en San José, la ICEM, junto con la renovada colaboración que hemos establecido con las federaciones de trabajadores mineros del país, seguirá presionando a Piñera.
Comisión Real por muertes en mina de Pike River, Nueva Zelanda
El día 5 de abril, se realizó en Greymouth una sesión preliminar de la Comisión Real sobre el desastre de Pike River. La comisión investigadora, que el 23 de mayo comenzará las audiencias y discusión plenaria, realizará sus deliberaciones durante 15 semanas.
El 19 de noviembre de 2010, fallecieron 29 mineros debido a una enorme explosión de gas metano en el interior de la mina de Pike River Coal Ltd. Entre las víctimas figuraron 11 miembros del Sindicato de Ingeniería, Impresión y Manufactura (EPMU), afiliado a la ICEM, siendo ésta la peor catástrofe minera conocida en Nueva Zelanda en 119 años.
La sesión preliminar de este mes comenzó con un minuto de silencio en memoria de los 29 mineros muertos. También en esta oportunidad, los síndicos de la empresa, que está en quiebra, señalaron que ésta no tiene fondos para poder participar plenamente en la investigación. Un abogado que representaba a los síndicos, PricewaterhouseCoopers, decía que su prioridad era reembolsar a los acreedores con garantía, y no proveer declaraciones de testigos y compilaciones de otros documentos para la Comisión Real.
La Comisión, encabezada por el Juez Graham Panckhurst, y que incluía a Stewart Bell, Comisionado de Queensland, Australia, para Seguridad y Salud en las Minas, y reconocido experto en gas metano en las minas de carbón, realizará la investigación en cuatro etapas: contexto, búsqueda y rescate, lo que pasó en Pike River, y aspectos de políticas que son aplicadas en la minería.
Se plantearon algunas partes de estos temas el 5 de abril. Un abogado que representaba al EPMU decía que los reglamentos mineros de Nueva Zelanda tienen un atraso de dos décadas con relación a los programas desarrollados de seguridad minera, como los que existen en Australia. Nigel Hampton, en representación del EPMU, dijo lo siguiente: “Nuestros miembros quieren ver un mejoramiento significativo de las normas de salud y seguridad que se requieren para trabajar en las minas.”
El EPMU también ha solicitado que la Comisión oiga los conocimientos expertos y asesoría con que cuentan el sector minero y los sindicatos de mineros de Australia. Es seguro que se preguntará por qué la policía local que supervisaba el rescate no dejó pasar a un equipo de rescate minero de Australia que llegó al lugar 36 horas después de la explosión del 19 de noviembre.
Otra cuestión que se va a plantear es la ubicación de los grandes ventiladores en el interior de la mina de Pike River, lugar inusitado para la colocación de equipos eléctricos cargados cuando prima gas metano en el ambiente. Los informes iniciales señalan que algunos minutos antes de la explosión, un cortocircuito eléctrico dejó sin funcionamiento los dos ventiladores.
También se oirá la cuestión del engaño y falta de respeto a las familias en los días después de la explosión del 19 de noviembre. Un abogado que representa a las familias dijo en la sesión de inauguración que las familias simplemente quieren saber la verdad y tener claridad acerca de cómo y por qué sucedió esta tragedia.
En su discurso inaugural, el Juez Panckhurst dijo que el objetivo era averiguar “qué pasó en la mina, por qué sucedió, y qué se puede hacer para que no vuelva a pasar. En fin… por qué, y qué debe cambiar para el bien futuro.”
La mina fue clausurada en enero, y aún no se han recuperado los cadáveres de los 29 mineros fallecidos. PricewaterhouseCoopers ha hecho una evaluación de la mina, que contiene vetas de carbón blando de primera calidad, señalando que tiene un valor de NZ$6 millones, pero podría costar 20 veces esa cifra para reiniciar las operaciones en el lugar. La empresa internacional espera que para junio ya se haya vendido.
Cambios de salud y seguridad: políticas de los Conservadores y Liberales en el Reino Unido
Los recientes cambios administrativos y otros en materia de gestión de salud y seguridad en el Reino Unido reflejan claramente las políticas de la coalición de Conservadores y Liberales que se encuentra actualmente en el gobierno. A fines de marzo, Chris Grayling, Ministro del Trabajo, dio a conocer un cambio de énfasis de la gestión de seguridad y salud realizada por la Health and Safety Executive (HSE), con el fin de ablandar la carga reglamentaria de las empresas.
Entre los cambios propuestos figura la eliminación de inspecciones sin aviso de la seguridad en los lugares de trabajo, poniendo mayor énfasis en los lugares de trabajo que presenten un alto nivel de peligrosidad, y en los que tienen antecedentes de condiciones peligrosas. El gobierno también va a revisar todos los reglamentos actuales en materia de salud y seguridad, con el propósito de eliminar medidas que no sean necesarias, y las que puedan recargar innecesariamente a las empresas.
El Trades Union Congress (TUC) ha cuestionado esta nueva orden, que considera una manera de recortar el presupuesto que el gobierno asigna al HSE.
Brendan Barber, Secretario General del TUC, dijo al respecto: “La posibilidad de una visita inesperada del HSE o de un inspector de la autoridad local ayuda para que las empresas cumplan debidamente las medidas necesarias. Incluso ahora, en los lugares de trabajo podrán pasar varias décadas sin jamás tener la visita de un inspector.
“Si la reducción del financiamiento del HSE da como resultado menos inspecciones de seguridad, las empresas inescrupulosas van a suponer simplemente que pueden tomar riesgos sin problema, sin temor de que alguna vez puedan ser demandadas en los tribunales.”
Otro cambio que se perfila en el Reino Unido es una propuesta del Ministerio de Justicia para que se reformen los tribunales locales en lo que se refiere a la responsabilidad por los gastos legales en casos de compensación por sucesos ocurridos en el lugar de trabajo y otros. Con el cambio propuesto, que está en consultación pública hasta el 30 de junio, los demandantes que ganen su caso en las cortes tendrán que pagar sus propios gastos legales, independientemente de los daños y perjuicios.
Se cree que esta propuesta de que “si no ganas no te pagan” es una manera de reducir el número de demandas contra las empresas por parte de los trabajadores que sufren accidentes laborales, con el fin de eliminar la llamada “cultura de compensación” del Reino Unido. El objetivo del Ministerio de Justicia es también hacer que más personas recurran a la mediación y no a los tribunales. La publicación Hazards Campaigns del TUC considera que esta nueva proposición es pura pantalla, por cuanto menos del 10% de los trabajadores lesionados en el trabajo reciben compensación, y, por otra parte, el estado ha eliminado el servicio legal gratuito para las víctimas que buscan compensación como trabajadores.
Otra noticia del Reino Unido, de importancia histórica, es que el 15 de febrero de 2011 se produjo la primera condena a una empresa por homicidio corporativo involuntario bajo la Ley sobre Homicidio Corporativo Involuntario y Homicidio Corporativo de 2007, cuya vigencia data de abril de 2008. Un jurado de la audiencia provincial de Winchester encontró culpable a Cotswold Geotechnical Ltd., una pequeña empresa geológica, de la muerte por negligencia de Alexander Wright, de 27 años. Wright trabajaba solo en un pozo de 12 pies de profundidad, sin vigas de apoyo. Murió de asfixia al quedar sepultado con tierra del pozo cuando éste se derrumbó. La corte le impuso a la empresa una multa de £385.000.
Lo que ha de saber antes de usar pesticida Glyphosate
Glyphosate, que se conoce por el nombre ácido fosfonometilamino o ácido acético según la terminología de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) se fabrica para ser usado como herbicida. Según el propósito específico, se puede usar como tal, o como sal de amonio, sal de isopropilamina o sal de potasio.
Es mejor conocido como el principal ingrediente activo de “Roundup”, producto de la empresa química Monsanto. Sin embargo, como ha vencido la patente de Monsanto, varios fabricantes lo usan también en fórmulas semejantes. Funciona como inhibidor de las hormonas de las plantas, y al interferir con el proceso metabólico de las mismas, finalmente las mata.
Cuando se manipula el glyphosate, es imprescindible contar con una ficha de datos de seguridad (MSDS), que se puede obtener de alguna empresa que fabrica productos que incorporan esta sustancia. También es imprescindible reducir al mínimo la exposición, usando controles de ingeniería, aislamiento, ventilación eficaz, y equipos de protección personal donde sea inevitable la exposición de los trabajadores.
Hay dos versiones respecto al glyphosate, una de su fabricante original, Monsanto, que lamentablemente es aceptada por la mayoría de las entidades de regulación del mundo, y otra de quienes se oponen al uso del glyphosate, que señalan que se ha ocultado mucha información al respecto.
Según la versión de Monsanto, glyphosate se considera una de las herbicidas más seguras. Existe una posibilidad bien comprobada de irritación temporal de la piel y de los ojos, y de irritación gastrointestinal si se ingiere. Estos síntomas pueden ser graves si se trata del producto en forma pura, y si no se lava pronto la piel. Al estudiar las MSDN que se han producido recientemente, se ve que a nivel oficial se considera prácticamente no tóxico, y, en varios estudios realizados con animales, no ha producido ninguna evidencia oficialmente reconocida de que sea cancerígeno, que produzca mutaciones ni que sea tetarogénico.
Sin embargo, muchas veces las MSDS no son completas. Hay indicaciones bastante alarmantes de algunos investigadores de que existe un vínculo entre la exposición al glyphosate y la linfoma no-Hodgkin (LNH). La afirmación de Monsanto de que no se sufre de efectos adversos graves tuvo su origen en el trabajo del investigador sueco Hans-Olov Adami, quien a la vez tiene vínculos con un grupo de asesoría llamado Exponent.
Exponent tiene, a la vez, vínculos con Monsanto y otras empresas químicas, y se conoce por haber rechazado las preocupaciones por productos químicos en el medio ambiente. Rara vez se presta mucha atención a conclusiones sobre glyphosate que contradicen a Monsanto.
Se ha sugerido que puede ser un disruptor endocrinológico o genotoxina. Quien así lo afirma en sus estudios, por ejemplo, es Gilles-Eric Séralini, bioquímico francés, al observar los efectos de glyphosate en las células embrionarios, células de los fetos, y células de la placenta, y que es probable que glyphosate sea un disruptor endocrinológico en el ser humano. Este efecto se demostró en el caso de “Roundup”, más que con glyphosate en estado puro. Por cierto, uno de los problemas de las pruebas de cualquier producto químico es establecer cómo afectará al ser humano o el ambiente, dada la complejidad de la mezcla de productos químicos que se encuentran en el mundo real, en comparación con su estudio en forma aislada en un laboratorio.
Es baja la significación estadística de la relación entre el glyphosate y LNH. Los defensores de Monsanto han indicado que la relación entre la exposición al glyphosate y LNH se debe probablemente a una casualidad, o a errores en la evaluación de los niveles de exposición. En cuanto a las observaciones de Séralini, no está claro si los efectos que observara Séralini se debían al glyphosate, o a los sufactantes (detergentes) que siempre son partes constituyentes de la fórmula de las pesticidas.
Sea como sea, desde el punto de vista de la salud laboral, es mejor manipular con precaución cualquier producto químico. Se debe reducir al mínimo las oportunidades de exposición de los trabajadores, usando la mejor ingeniería para aislar los productos químicos, de tal manera que los seres humanos no tengan contacto con ellos. Se deben instalar sistemas eficaces de desagüe y ventilación para eliminar sin peligro cualquier producto químico que salga del sistema cerrado. Finalmente, se debe facilitar y mantener correctamente el equipo necesario de protección personal.
En cuanto al nivel de exposición, lo mejor es la no exposición.