9 agosto, 2018Ante el asesinato de seis personas, entre ellas trabajadores y comerciantes callejeros, por el Ejército Nacional de Zimbabwe, en los actos de violencia después de las elecciones, los sindicatos de zimbabwenses dudan de las perspectivas de una transición democrática.
Los ciudadanos fueron a las urnas con la esperanza de enderezar la situación tras varios decenios de crisis políticas y económicas. Era razonable, porque el desempleo supera el 90 por ciento, las fábricas han cerrado y el robo de los salarios es común.
La falta de liquidez, el limitado acceso al agua potable, los cortes de energía y la deteriorada infraestructura han dado lugar a la migración masiva de millones de personas, mientras que la mayoría se gana la vida a duras penas en el sector no estructurado. Sólo el seis por ciento de la población trabajadora tiene empleos formales.
Con la destitución de Robert Mugabe con la ayuda de los militares, que ha gobernado el país durante 38 años, había muchas esperanzas en las elecciones del 30 de julio para el gobierno local, el Parlamento y el presidente. El partido gobernante, el Zimbabwe African National Union Patriotic Front (ZANU PF), consiguió más de dos tercios de los escaños del Parlamento, y la MDC Alliance (MDCA), un partido más pequeño y un candidato independiente lograron el resto.
Sin embargo, los retrasos en el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales dieron lugar a protestas de la oposición el 1 de agosto en Harare, la cual alegó que los resultados se estaban "robando". Para dispersar a los manifestantes que se dirigieron al centro de recuento de los votos, la policía llegó primero, pero cuando apareció el ejército — disparando indiscriminadamente en las calles abarrotadas con munición real — seis personas murieron y docenas más resultaron heridas. En medio del caos, se efectuaron disparos contra las oficinas del Zimbabwe Congress of Trade Unions.
Sylvia Maphosa iba camino de casa, al regresar del trabajo, cuando la tirotearon por la espalda y murió en Harare al disparar los soldados con munición real para dispersar a los manifestantes que exigían el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales.
Miembro del afiliado a la IndustriALL la Zimbabwe Energy Workers Union (ZEWU), Maphosa, trabajó en la Zimbabwe National Water Authority.
En su mensaje de condolencia, la ZEWU dijo:
Maphosa era un miembro comprometido del sindicato, se unió a la ZEWU en 2003 y siguió siendo leal a la organización hasta su muerte prematura, que sorprendió a todos los que la conocieron como una persona humilde.
Por lo tanto, el sindicato exige una investigación exhaustiva del asunto, para que los responsables de este atroz acto sean llevados urgentemente ante la justicia y caiga sobre ellos todo el peso de la ley.
Human Rights Watch ha informado de palizas e intimidaciones a los partidarios de la oposición por "las fuerzas de seguridad y hombres armados no identificados" en la ciudad de Harare, donde viven la mayoría de los trabajadores.
La mano dura del ejército ha sido condenada por las NU, que reclaman la "máxima moderación". Además, la UE, Canadá, Suiza y Estados Unidos de América han deplorado "la irrupción de la violencia, y graves violaciones de los derechos humanos".
Wiseman Garira, presidente del Consejo de la IndustriALL de Zimbabwe, que representa a ocho afiliados en los sectores del textil y del vestido, la ingeniería, la química y el plástico, la energía, el cuero y el calzado, la metalurgia y la minería, denunció la manera en que la Comisión Electoral de Zimbabwe gestionó el escrutinio. Por ejemplo, la comisión no proporcionó a tiempo a los partidos de la oposición el censo de los votantes.
Incluso los resultados son cuestionables y se han dado a conocer más tarde de lo necesario", agregó Garira.
Paule France Ndessomin, secretaria regional de la IndustriALL para el África Subsahariana, añadió:
El derecho a protestar está garantizado en la Constitución de Zimbabwe. En caso de protestas violentas, la responsabilidad de mantener la ley y el orden incumbe a la policía, no al ejército. Por consiguiente, el uso de munición real contra civiles que huyen es deplorable.