29 octubre, 2018Trabajadores/as miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Equipos de Transporte y Afines de Malasia (NUTEAIW), organización afiliada a IndustriALL, despedidos en agosto de 2013, recibirán compensación por orden del tribunal laboral de Malasia. En octubre, el tribunal falló a favor de los trabajadores/as, quienes recibirán pago retroactivo de MYR1,1 millones (US$ 265.000) desde la fecha de su despido.
Aunque en su sentencia el juez declaró a los trabajadores/as culpables de mala conducta, consideró también que el despido era un castigo excesivo para 18 ex empleados de las dos empresas fabricantes de componentes para automóviles, Hicom Automotive Manufacturers e Isuzu Hicom. Ambas empresas son filiales del Grupo DRB-Hicom, que se especializa en el montaje de automóviles en Malasia para Tata-Motors, Honda, Volkswagen, Mercedes-Benz e Isuzu.
Después de su despido en 2013, NUTEAIW presentó al departamento de relaciones laborales del Ministerio de Recursos Humanos una demanda en apoyo a sus miembros, y contrató a un abogado para que los representara en el tribunal.
Los trabajadores/as fueron despedidos cuando la administración de la compañía descubrió una grabación de vídeo en YouTube con fecha de mayo 2013 en la que entregaban a un candidato del Partido Islámico de Malasia un manifiesto de los trabajadores/as, exigiendo derechos sindicales y prestaciones sociales. En las elecciones generales de 2013, el candidato mencionado postuló para un escaño en el parlamento del estado de Pahang.
La administración acusó a los trabajadores/as de utilizar influencia externa con el fin de mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. En el momento de entregar el manifiesto, algunos de los trabajadores/as llevaban uniformes con los logotipos de la empresa, por lo cual la administración afirmó que se había dañado la reputación de la empresa, y, tras algunos meses de investigación interna, despidió a 18 trabajadores y trabajadoras que habían participado en la acción, incluyendo al organizador de la mencionada acción.
El tribunal consideró que la mala conducta no era un delito penal. El tribunal también observó que los trabajadores/as despedidos, la mayoría de los cuales llevaban 20 años trabajando en la misma empresa, no tenían antecedentes de mala conducta grave. El tribunal dictaminó que el despido era "desproporcionado en relación a la conducta indebida" y obligó a las empresas a pagar todos los salarios debidos, así como compensación en lugar de reincorporación después de su despido. Cada trabajador/a recibirá entre MYR24.000 (US$ 5.800) y MYR94.000 (US$ 22.635).