10 octubre, 2017Una empresa de propiedad japonesa, fabricante de piezas de automóviles, ha aplicado represión brutal contra su fuerza de trabajo por haber establecido un sindicato.
La compañía Y-Tec utilizó CCTV para vigilar a los miembros del sindicato, los sometió arbitrariamente a pruebas para detectar el consumo de drogas, despidió a algunos y obligó a otros a renunciar; además, acusó de difamación al presidente del sindicato por un mensaje enviado a los medios sociales.
Las plantas del fabricante de piezas de automóviles, situadas en Prachinburi, Tailandia, son propiedad de Yamashita Rubber. La empresa emplea a unos 2.000 trabajadores/as, y produce tubos de manguera, soportes del motor, casquillos de suspensión y amortiguadores dinámicos para Daihatsu, Isuzu, Suzuki, Sanyo y varias otras marcas. Cuenta con dos plantas en Prachinburi, inauguradas en 1997 y 2013.
Las plantas de Prachinburi forman parte de una zona industrial con una serie de empresas interrelacionadas que operan en las mismas cadenas de suministro. No se ha reconocido oficialmente al sindicato, pero a veces los trabajadores/as organizan protestas y huelgas espontáneas, protestando por las malas condiciones de trabajo.
La Confederación de Trabajadores de la Electrónica, Electrodomésticos, Metalúrgicos y del Sector Automotriz (TEAM) de Tailandia, organización afiliada a IndustriALL Global Union, ayudaba a los trabajadores/as a crear y registrar un sindicato.
A principios de diciembre de 2016, los trabajadores/as manifestaron su desconformidad por la falta de pago de un beneficio que la empresa les había prometido. La situación se agravó después de una provocación física por parte del director de recursos humanos, y se llamó a la policía, los militares y los guardias de seguridad para resolver la situación.
Siete trabajadores fueron nombrados para representar a la fuerza de trabajo en las negociaciones. El 26 de diciembre, completaron el registro formal del Sindicato de Trabajadores de Autopartes de Prachinburi, logrando la afiliación de miembros, y solicitando reconocimiento por parte de Y-Tec.
La respuesta inmediata de la compañía fue separar a los miembros del sindicato del resto de la fuerza de trabajo, asignándoles turnos de noche. La empresa llamó a reunión a un grupo de 90 trabajadores/as que habían participado en la protesta; en esa reunión la empresa les pidió renunciar al trabajo por haber “destruido las relaciones laborales”.
Cuando los trabajadores/as se negaron a obedecer la voluntad de la empresa, la compañía obligó a 32 miembros a renunciar debido a supuesta "reestructuración". La empresa les ofreció a los trabajadores/as un pago, bajo la condición que si no lo recibían serían despedidos.
Aunque 22 trabajadores/as aceptaron la oferta de la empresa, el sindicato presentó una queja ante el Comité de Relaciones Laborales (LRC), organismo gubernamental de arbitraje laboral. La compañía intensificó su presión al sindicato, ofreciendo coimas al presidente para disolver el sindicato, instalando cámaras de vídeo para grabar la actividad de miembros del sindicato y realizando exámenes de detección de drogas.
La compañía también intentó sobornar a algunos miembros del sindicato para animar a otros a renunciar. Cuando esto no resultó, la empresa aumentó el monto de la coima a US$ 6.000 por persona. Cuatro empleados aceptaron esta oferta.
En ese momento, el LRC tomó una decisión a favor de los trabajadores/as, exigiendo la reincorporación de la fuerza laboral que había sido despedida; sin embargo, la empresa no cumplió la orden del LRC, presentando una apelación legal.
El Presidente del sindicato, Ruangsak Klaimala, fue trasladado de su cargo como supervisor para ejercer un trabajo manual recién creado, con un salario más bajo. Después de que Klaimala presentara una queja al LRC, la compañía impuso una acusación de difamación en su contra por un mensaje que escribiera en los medios sociales, y luego lo despidió porque tenía cargos criminales en su contra.
La compañía también ha presentado cargos por difamación contra un académico que escribió un artículo criticando sus prácticas.
IndustriALL ha dirigido una carta a Yamashita, solicitando intervención de la empresa matriz.
Valter Sanches, Secretario General de IndustriALL, escribió lo siguiente:
“IndustriALL Global Union pide urgentemente a Yamashita Rubber que intervenga en Y-Tec para establecer las estructuras necesarias para realizar un diálogo, cooperación entre la dirección y el sindicato, y plena cooperación con el Comité de Relaciones Laborales de Tailandia en el proceso de mediación, garantizando pleno respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras”.
En 2015, IndustriALL presentó una queja contra Tailandia ante la OIT por no respetar las normas internacionales del trabajo.