13 abril, 2023En Tailandia, los sindicatos están pidiendo al Gobierno que implemente las normas del trabajo reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, las autoridades del país sostienen que los convenios no pueden ratificarse hasta que se modifique la legislación laboral y se resuelvan las preocupaciones en materia de seguridad nacional.
La Confederación de Trabajadores Industriales de Tailandia (CILT) y el Sindicato de PTT Public Company Limited (PTTLU), afiliados a IndustriALL, han hecho campaña durante mucho tiempo a favor de la ratificación del Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, así como sobre el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
“El Gobierno tailandés tiene la obligación internacional de proteger los derechos de los trabajadores a formar y afiliarse a sindicatos de su propia elección. La CILT insta al Gobierno a ratificar los Convenios 87 y 98 de la OIT para proteger la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores tailandeses”,
expresó Apsorn Krissanasmit, presidente del PTTLU.
Las barreras legales e institucionales en Tailandia limitan la capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos. También hay poca protección contra la discriminación, el acoso y las represalias contra quienes buscan ejercer los derechos consagrados en los Convenios 87 y 98 de la OIT.
El país ha enfrentado una inestabilidad política incesante y una serie de golpes militares que han debilitado las leyes laborales bajo el pretexto de mantener la seguridad nacional.
La Ley de Relaciones Laborales de 1975 (LRA), que abarca a los empleados del sector privado, y la Ley de Relaciones Laborales de las Empresas Estatales (SELRA), aplicable a los empleados públicos, todavía contienen muchas políticas antisindicales que atenta contra el principio de libertad sindical y negociación colectiva.
Menos del 2 % de la mano de obra tailandesa está sindicalizada, y la legislación actual ha ayudado a los empleadores a alterar las actividades sindicales sin sufrir consecuencias.
“El Gobierno debe revisar el proyecto de ley sobre la base de las recomendaciones de los sindicatos y aprobar las modificaciones de la LRA y la SELRA tan pronto como sea posible”,
declaró Prasit Prasopsuk, presidente de la Confederación de Trabajadores Industriales de Tailandia (CILT).
En 2015, IndustriALL Global Union presentó una queja ante el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT con pruebas que demostraron cómo los empleadores en este país violaron repetidamente los derechos de los trabajadores a afiliarse a un sindicato, negociar colectivamente y tomar medidas colectivas.
En octubre de 2020, el Gobierno anunció que estaba en proceso de revisar la LRA y la SELRA, y que las modificaciones de estas leyes allanarían el camino para la ratificación del Convenio 98 de la OIT. También afirmó que estudiaría la posibilidad de ratificar el Convenio 87.
La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) también presentó una queja ante el Representante Comercial de los Estados Unidos, en la que exigió que el gobierno norteamericano retirase el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Este reclamo condujo a la suspensión del SGP para 573 productos tailandeses en 2019.
En 2022, el Gobierno tailandés publicó un proyecto de ley de modificación al LRA, en el que prometió una libertad sindical más amplia. Como respuesta, la CILT, el PTTLU y el Comité de Solidaridad Laboral de Tailandia (TLSC) apoyaron algunas de las modificaciones, pero no estuvieron de acuerdo con otras. Argumentaron que estas enmiendas no eran suficientes para resolver las infracciones continuas.
“Tailandia debe atravesar un proceso de desmilitarización y democratización para garantizar que el poder político esté siempre en manos de los líderes electos del gobierno civil. La ampliación del espacio democrático aumentará la influencia de los sindicatos cuando se protejan sus libertades fundamentales. Deben derogarse las disposiciones antidemocráticas que obstaculizan el derecho de huelga en casos de ley marcial o crisis económica”,
declaró Shinya Iwai, secretaria regional de IndustriALL.