3 abril, 2020En Malasia, algunos sindicatos denunciaron a las fábricas que han permanecido abiertas durante el confinamiento, ya que esto pone en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.
El 21 de marzo, el Sindicato de Empleados de la Industria Electrónica de la Región Sur (EIEUSR), afiliado a IndustriALL, presentó una denuncia ante la policía contra MFS Technology (M) Sdn. Bhd. La empresa incumplió la orden de control del movimiento del gobierno malayo, que dispuso el cierre de todas las empresas no esenciales entre el 18 y el 31 de marzo debido al brote de la COVID-19.
Idawati Idrus, subsecretaria general de EIEUSR y copresidenta del comité de mujeres de IndustriALL en Malasia, expresó:
“Junto con los miembros del sindicato, en su mayoría mujeres, presentamos denuncias ante la policía y el Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI). La acción directa puede empoderar a nuestros miembros e infundirles valor”.
“Aunque la policía cerró la fábrica de inmediato, esta reanudó sus actividades a los dos días luego de obtener la aprobación del MITI. Pero solo el diez por ciento de los trabajadores volvieron a trabajar: tenían miedo de ser infectados”.
La secretaria regional de IndustriALL Global Union, Annie Adviento, aprueba esta acción.
“Los trabajadores tienen derecho a negarse a trabajar si el entorno laboral es inseguro y poco saludable. El gobierno y el empleador deben respetar la seguridad y la salud en el trabajo”.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Equipos de Transporte e Industrias Afines (NUTEAIW) envió una carta a la sede de Robert Bosch, en la que cuestionó la decisión de la empresa de continuar la producción.
“Nuestros miembros están disgustados porque los productos de la empresa, principalmente accesorios automotrices, no se consideran servicios esenciales. A pesar de ello, la empresa obtuvo la aprobación del MITI. Exigimos que la fábrica cierre durante el confinamiento, que se ha extendido hasta el 14 de abril”,
expresó Nadesan Gopalkishnam, secretario general del NUTEAIW.
La Coalición para la Reforma de la Legislación Laboral, una amplia coalición de 58 sindicatos y ONG, planteó que el primer ministro debe implementar un subsidio salarial garantizado del 80 por ciento como un paso para preservar empleos y transformar el sistema de protección social de Malasia.