10 agosto, 2012El 3 de agosto de 2012, unos 1.500 mineros de una mina controlada por Anjin Investments fueron despedidos al dictaminar la magistratura del trabajo que su huelga era ilegal. Los trabajadores reivindicaban mejores sueldos y condiciones de trabajo en su octava huelga en dos años. Se les dijo que abandonaran las viviendas de la compañía y que volvieran a solicitar sus puestos si deseaban seguir trabajando en la mina.
La ONG local Center for Research and Development (CRD) que verifica las violaciones de los derechos humanos en la zona minera de diamantes ha pedido que se readmita incondicionalmente a todos los trabajadores despedidos, diciendo: “La decisión de despedir a los trabajadores fue arbitraria y estaba totalmente fuera de lugar. Y es también una grave violación del derecho de los trabajadores a declararse en huelga si sus condiciones de trabajo son aterradoras. La intolerancia mostrada por la dirección de Anjin en el tratamiento de las justificadas quejas de los trabajadores es inaceptable en una sociedad moderna."
El CRD ha planteado también la cuestión del proceso de nueva solicitud a que se somete a los trabajadores. “Pedir a los trabajadores despedidos que vuelvan a solicitar sus puestos es una forma draconiana de dividirlos mediante represalias a sus dirigentes y a los sospechosos de haber desempeñado una función destacada en la huelga”.
También hay alegaciones de violaciones de derechos humanos. Trabajadoras de Anjin aducen que algunas han sido agredidas sexualmente por supervisores chinos y que la compañía envió una carta de disculpa al comité de trabajadores en la que declaraba que los autores serían devueltos a China. Hasta ahora esto no se ha hecho, y la policía tampoco ha actuado en absoluto. Los trabajadores informan además de que se han profanado tumbas en el lugar de la mina, y que, en lugar de volver a enterrar los cuerpos en otro sitio apropiado, se han dejado abandonados los restos.
La polémica sobre Anjin aumenta. Una empresa conjunta sino- zimbabwense, Matt Bronze, es sospechosa de servir de tapadera al Ministerio de Defensa de Zimbabwe, los militares y la policía. En el consejo de administración de Anjin predominan los “securócratas”, miembros superiores de la seguridad del estado. En un informe publicado en junio de 2012 por la ONG radicada en el Reino Unido Global Witness se plantean estas cuestiones y preocupaciones por que beneficios de la mina se puedan estar utilizando para la financiación extrapresupuestaria de la policía estatal.
Global Witness dice que el Proceso de Kimberley, que es un sistema de certificaciones para evitar que los diamantes conflictivos entren en el mercado, ha fracasado en Zimbabwe, y es una de las razones que aduce para retirarse como observador del Proceso de Kimberley.
Peter Hain, miembro del Parlamento británico ha introducido las cuestiones planteadas por Global Witness en un debate parlamentario a mediados de julio de 2012, instando a que se mantengan las sanciones y se amplíen para incluir a los securócratas que intervienen en la extracción de diamantes. También ha propugnado la reforma del Proceso de Kimberley.
Las sanciones actuales consisten en la prohibición de viajar y la congelación de activos de 112 zimbabwenses por la UE desde 2002. En junio de 2012, una delegación de la UE visitó la zona de Marange, donde se encuentra Anjin, y se le dijo que las alegaciones de que Anjin no contribuye al fisco no eran ciertas. El 23 de julio, ministros de la UE publicaron una declaración en la que se señalaba que las sanciones contra la mayoría de las personas que figuran en la lista se levantarían después de celebrarse un referéndum sobre la nueva Constitución. Esta iniciativa constituye un incentivo para continuar las reformas positivas en Zimbabwe, tras años de violencia y desorden económico.
Entre quienes abogan por el levantamiento de las sanciones en Zimbabwe figura la Alta Comisionada de las NU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, después de la visita que realizó al país en mayo de 2012, pues dice que el estigma de las sanciones probablemente haya sido perjudicial para el comercio.