1 octubre, 2014Los afiliados a la IndustriALL Global Union United Steelworkers (USW), que representa a los trabajadores en Estados Unidos y Canadá, y Unite the Union del Reino Unido, que constituyen colectivamente el Workers Uniting, han declarado su oposición a cierto número de disposiciones del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) propuesto entre Canadá y la UE. Aunque criticadas reiteradamente por el movimiento sindical, las disposiciones se mantienen.
Entre las disposiciones figuran las conocidas de la Solución de Controversias entre Inversores y Estados (SCIE) que permiten a las empresas multinacionales demandar a los gobiernos con respecto a leyes, reglamentos e incluso decisiones judiciales internas que afecten a beneficios actuales y futuros. Primordialmente, en el proyecto se ignora la demanda fundamental de los sindicatos de que las violaciones de los derechos laborales estén sometidas a los mismos mecanismos de solución de controversias que los conflictos comerciales.
Según el Workers Uniting, Canadá ha sido demandado por disposiciones similares en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) más de 20 veces y ha sido obligado a pagar más de 150 millones USD a varias empresas.
“El AECG establece un terrible precedente para los futuros acuerdos comerciales, especialmente el de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) entre Europa y Estados Unidos”, dice el presidente internacional del USW, Leo W. Gerard.
“Además de las deficiencias que hemos citado en el AECG – que probablemente se reproduzcan en la ATCI – los ataques a los derechos laborales en Estados Unidos amenazan los niveles de vida de los trabajadores europeos y canadienses."
En vez de debilitar esos derechos y de exportar normas americanas de menor rango mediante acuerdos comerciales secretos, tenemos que considerar la manera de ampliar los mecanismos europeos para proteger los derechos de los trabajadores y promover la participación de los trabajadores en las empresas.
Esta posición la comparte la confederación sindical alemana DGB, apoyada por los afiliados alemanes a la IndustriALL IG Metall e IGBCE, que ha expuesto sus preocupaciones en el proceso de negociación de la ATCI. Dice que no se puede permitir que una futura ACTI ponga en peligro los derechos de los trabajadores, y que debe cumplir las normas fundamentales del trabajo de la OIT y las Directrices para las empresas multinacionales de la OCDE.
Ningún acuerdo puede afectar a las leyes nacionales, especialmente las que rigen el mercado de trabajo o los sistemas de seguridad social, la autonomía de la negociación colectiva, el derecho de huelga, los salarios mínimos o los convenios colectivos. Esto no sólo se aplica a las disposiciones actuales, sino también a las futuras expansiones de estos derechos protectores.
La DGB también pide que se rechacen las disposiciones de la Solución de Controversias entre Inversores y Estados. En principio, la reglamentación destinada a proteger las inversiones no forma parte esencial de un acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la UE, por lo que no se deben incluir junto con la ATCI.