13 marzo, 2014Las enmiendas presentadas recientemente al código penal significarían que los directores y el personal de empresas de importancia estratégica podrían ser encarcelados hasta 15 años por fallos o interrupción de la producción.
A finales de febrero de 2014 se presentaron al parlamento de la República de Kirguistán proyectos de enmienda al código penal según las cuales los “actos u omisiones del director u otros miembros del personal de empresas de importancia estratégica que causaren la interrupción de la producción en la planta o de sus subdivisiones estructurales, serán castigados con penas de prisión de 8 a 12 años. El mismo acto que causara un gran daño o fuera causa de daño irreparable al medio ambiente ecológico del país será castigado con penas de prisión de 10 a 15 años.”
Si se aplicara, este proyecto de ley no sólo afectaría a los directores, sino también a los empleados corrientes de las empresas si participaran en una huelga. Por lo tanto, los trabajadores de una amplia serie de empresas que el Gobierno considerara de importancia estratégica serían privados del derecho a declararse en huelga como último recurso para proteger sus derechos laborales legítimos. Actualmente, los cambios afectarían a los trabajadores de unas cincuenta empresas industriales de Kirguistán, y la lista podrían ser mucho mayor.
La IndustriALL Global Union y su afiliado el Sindicato de Minería y Metalurgia de Kirguistán (MMTUK) creen que, si se adoptaran, esas enmiendas violarían flagrantemente las normas internacionales y constitucionales según las cuales los trabajadores tienen derecho a la huelga.
La IndustriAll reaccionó enviando cartas al presidente de la República de Kirguistán y a varios funcionarios de alto rango, expresando su preocupación por el hecho de que un proyecto de ley de tal naturaleza sea considerado por el parlamento de un país civilizado como Kirguistán.
La carta de la IndustriALL dice: “El proyecto de ley presentado muestra la incompetencia y la irresponsabilidad social de sus autores, ya que cierra el canal legal para la resolución de problemas sociales y laborales de los trabajadores. La experiencia internacional prueba que esto entraña siempre una acumulación de tensión social, que finalmente estalla y trasciende la adopción por la empresa de una actitud política agresiva. El creciente y no resuelto sentido de insatisfacción es utilizado siempre por las fuerzas políticas interesadas en intensificar su influencia y su poder desestabilizando la situación. Esto es especialmente peligroso si se tienen en cuenta las dos revoluciones en la República Kirguisa en los últimos años.”
Según Eldar Tadzhibayev, presidente del MMTUK, "En Kirguistán ha habido levantamientos con cambio de presidente en 2005 y 2010. Los inversores siguen teniendo miedo debido precisamente a esta inestabilidad política. A nivel de la empresa, todo se resuelve normalmente, pero ahora el proyecto de ley representa un peligro para el diálogo social y bloquearía los canales legítimos de expresión de quejas y reclamaciones de los empleados, debido a la imposibilidad de utilizar la huelga como último recurso de presión económica. Este proyecto de ley puede politizar los conflictos laborales que amenazan el orden social mucho más que una huelga o una interrupción de la producción incluso en las mayores empresas.”
La IndustriALL sigue de cerca la situación para impedir el colapso del marco legal de la protección de los derechos y los intereses de los trabajadores en la República de Kirguistán.