2 abril, 2019Los días 28 y 29 de marzo, Apasco, que es filial de LafargeHolcim, despidió a otros seis trabajadores/as en Hermosillo, México, por haberse afiliado a Los Mineros, sindicato de trabajadores mineros afiliado a IndustriALL Global Union. Todos eran trabajadores/as de planta.
En total, 12 trabajadores/as de la planta de cemento LafargeHolcim Apasco en Hermosillo pagaron con sus puestos de trabajo por ejercer su derecho de sindicación y afiliación al sindicato de su elección.
La modalidad de subcontratación que aplica la empresa es muy extrema: alrededor de 500 personas de la fuerza de trabajo de 600 son trabajadores/as subcontratados con bajos sueldos y sin protección social. La compañía trató de justificar los seis despidos más recientes, aduciendo que formaban parte de una reestructuración de la empresa; es probable que sean reemplazados por trabajadores/as subcontratados con sueldos más bajos y menos protegidos.
Anteriormente, a fines de 2016, un grupo de seis trabajadores/as de la fuerza de trabajo permanente que constaba de 70 empleados decidió afiliarse a Los Mineros. Desconformes con las condiciones de trabajo y la falta de respeto de sus derechos, los trabajadores/as consideraron que su afiliación a Los Mineros era la única manera de mejorar su situación.
En ese entonces, el sindicato controlado por la administración de la empresa, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), contaba con unos 30 trabajadores/as de planta como miembros obligatorios de su organización. Al enterarse de las actividades de sindicalización relacionadas con Los Mineros, el sindicato patronal informó a la empresa, que seguidamente despidió a los seis activistas en febrero de 2017. Eran trabajadores/as con experiencia que llevaban entre 7 y 10 años en sus puestos.
Desde hace muchos años, la CTM ha tenido mala fama por su práctica de establecer contratos de protección patronal para encargarse de la negociación colectiva, impidiendo que otros sindicatos organicen a los trabajadores/as en la fábrica. Al mismo tiempo, se impide que la fuerza de trabajo participe adecuadamente en la negociación colectiva, negándole también la posibilidad de comunicar sus reivindicaciones. Además, muchos trabajadores/as son contratados a través de contratistas externos, quienes, según se dice, son compañías propiedad de administradores y directores de la empresa.
Los activistas tienen grabaciones de audio del procedimiento de despido durante el cual se les dijo que ése era su último día de trabajo debido a los carnets de afiliación que habían recogido.
Los trabajadores/as despedidos en 2017 trataron de demandar a la compañía por violación de sus derechos y despidos ilegales, pero la compañía respondió que la única razón para los despidos era el ausentismo, ya que los trabajadores/as dejaron de asistir al trabajo. Los trabajadores/as echaron la culpa al gobierno local y a las relaciones de los tribunales con la CTM, que tradicionalmente gozaba del fuerte apoyo del anterior partido gobernante PRI.
Se dice que después de estos despidos la situación en la fábrica ha deteriorado. Las grabaciones de audio revelan que los trabajadores/as reclaman por las constantes amenazas de despido que reciben de la CTM, afirmando que terminarían en lo mismo que los despedidos si ofrecen resistencia. Los trabajadores/as también informan sobre violaciones a las normas de seguridad que han causado varios accidentes, incluyendo incidentes en que los trabajadores/as perdieron algunos dedos.
Se alega que a los trabajadores/as no se les permite informar sobre estos accidentes a los servicios de seguros para mantener su lugar de trabajo "libre de accidentes". Luego les dicen que sigan asistiendo al trabajo, pero en lugar de eso, les mandan a hacer trabajos de oficina.