8 diciembre, 2021En 2017, los propietarios de la mina de cobre PT Freeport Grasberg, en Papúa Occidental, Indonesia, provocaron una huelga de 8300 trabajadores. La empresa utilizó la huelga, a la que calificó de ilegal, como pretexto para despedir a 4200. Después de años de conflictos judiciales, la Suprema Corte de Indonesia ha emitido su sentencia final: la huelga fue legal.
La Suprema Corte ordenó a Freeport que reintegre a todos los trabajadores despedidos. El fallo, emitido el 28 de noviembre, confirma una sentencia de 2018 del Departamento de Recursos Humanos de la provincia de Papúa, que afirmó que la huelga era legítima. En ese momento, el gobernador de Papúa ordenó a la empresa que reincorporara a los trabajadores, pero esta ignoró la orden.
En diciembre de 2017, ante la intransigencia de la empresa, el sindicato CEMWU se vio obligado a aceptar malas condiciones para resolver el conflicto. Sin embargo, se aconsejó a los trabajadores que buscaran justicia por separado a través del sistema judicial.
La mina de Grasberg, en Papúa Occidental, ha sido controversial durante mucho tiempo, y la empresa minera estadounidense Freeport-McMoRan ha sido acusada de extraer recursos del país sin someterlos a un proceso de beneficio. El conflicto original se desencadenó después de que el gobierno de Indonesia promulgara una nueva Ley de Minería, que incluía planes para nacionalizar parcialmente la mina. Las autoridades indonesias exigieron a Freeport que renunciara al 51 por ciento de sus acciones y construyera una fundición de cobre.
La empresa tomó represalias amenazando con despedir a los trabajadores y, en febrero de 2017, suspendió a unos 12.000 empleados directos, incluidos destacados activistas sindicales, y despidió a 20.000 contratistas. Esto desencadenó una huelga que dio lugar a la rescisión de los contratos de 4200 trabajadores. La empresa se negó a hablar con el sindicato y declaró que, como consideraba que la huelga era ilegal, los trabajadores habían “renunciado voluntariamente” al emprender acciones sindicales.
Los trabajadores que perdieron sus empleos también perdieron el acceso a la atención médica, la vivienda y la educación de sus hijos. Varios trabajadores fallecieron como consecuencia de ello. Los huelguistas también fueron objeto de una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad, que tienen antecedentes de ser utilizadas por la empresa para reprimir conflictos laborales. En abril de 2017, varios trabajadores sufrieron heridas de bala en una manifestación.
Los mineros conmemoran a sus muertos en una manifestación
Existe un historial de conflictos laborales en la mina de Grasberg. Después de 59 años de actividad, los trabajadores de Freeport se declararon en huelga por primera vez en 2011. Si bien la huelga le costó mucho dinero a Freeport, esta mejoró las condiciones para los trabajadores. La empresa ha intentado reprimir al sindicato desde entonces.
El gobierno de Indonesia es ahora el propietario mayoritario de la mina y la empresa construyó la fundición en 2021.
Glen Mpufane, el director de minería de IndustriALL, declaró:
“Desde el principio, este caso ha sido profundamente injusto y Freeport se ha comportado sin conciencia. Los trabajadores y el pueblo de Papúa Occidental fueron utilizados como peones políticos en un conflicto entre la empresa y el gobierno de Indonesia.
El fallo de la Suprema Corte demuestra que la causa de los trabajadores era justa. Esperamos que este pueda ser el comienzo de la restitución de los derechos de los trabajadores y de mejores relaciones laborales en la mina de Grasberg”.