21 junio, 2021La violación del Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical en Colombia estuvo en la agenda del Comité de la OIT sobre la aplicación de estándares durante la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT).
A finales de abril, una amplia alianza de trabajadores colombianos y organizaciones de la sociedad civil del país empezaron a manifestarse pacíficamente contra un proyecto de ley de reforma tributaria, reformas regresivas de la legislación laboral y las pensiones, recibiendo como respuesta una brutal represión.
El sistema de supervisión y el Comité de Expertos de la OIT han destacado repetidamente que los sindicatos «deberían poder recurrir a protestas y huelgas, en especial, cuando tienen por objetivo criticar las políticas económicas y sociales de un gobierno». En Colombia, el Estado está respondiendo con unos niveles extraordinarios de violencia y está recurriendo a la policía antidisturbios contra su propia población, ensañándose especialmente con la juventud.
Las recientes amenazas de muerte recibidas por los líderes sindicales nuevamente se han difundido en las redes sociales. No se trata de incidentes aislados, sino que forman parte de una escalada de violencia contra líderes sindicales y sociales, que tiene su origen en la administración Duque-Uribe.
En su informe de 2021, el Comité de Expertos hace referencia a las denuncias específicas de CUT y CTC: (i) tres años tras la conclusión del Acuerdo de Paz, entre 2016 y mayo de 2020, se registraron 998 casos de violaciones de los Derechos Humanos a la vida y la seguridad de los líderes sindicales (incluidos 119 asesinatos); (ii) entre agosto de 2019 y mayo de 2020, se han registrado otros 141 actos documentados de violencia antisindical, incluidos 18 asesinatos y 101 amenazas de muerte, con una tendencia al alza en los asesinatos durante los cuatro últimos años; (iii) un 44 % de los actos de violencia antisindical son atribuibles a grupos paramilitares, mientras que un 52 % tiene origen desconocido.
El secretario general de IndustriALL Valter Sanches se dirigió a CAS en nombre de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, Educación Internacional y Servicios Públicos Internacionales, expresando una gran preocupación por la violencia extrema y el homicidio continuo de líderes y miembros sindicales, así como la inexistencia de unos esquemas de protección adecuados que el Gobierno colombiano supuestamente debería ofrecer a los líderes y miembros en riesgo.
En La Guajira, 226 trabajadores fijos fueron despedidos por la empresa minera Cerrejon, sin medidas equitativas de transición. La empresa aduce medidas de sostenibilidad, pero el despido masivo se interpreta como una represalia brutal a una exitosa huelga de 90 días que se llevó a cabo. No se consultan los sindicatos en cuanto que interlocutores sociales, lo que tiene como consecuencia que los casos de Covid incrementen rápidamente en los puestos de trabajo.
Los líderes sindicales de Unión Sindical Obrera están bloqueados y no se les permite el acceso a sus puestos de trabajo en Ecopetrol, lo que constituye una infracción del convenio colectivo actual. La empresa utiliza la pandemia del coronavirus como excusa para permitir que accedan únicamente los trabajadores convocados. Los trabajadores denuncian que sin líderes sindicales –que también son trabajadores– en el lugar de trabajo se violan sus derechos.
Valter Sanches ha declarado lo siguiente:
«A la luz de la actual escalada de violencia estatal y la brutal represión de las protestas civiles legítimas contra las reformas estructurales, las federaciones sindicales globales se alinean con las recomendaciones del Comité de Expertos de que el Gobierno de Colombia debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que todos los actos de violencia antisindical que se están produciendo, incluidos los homicidios, sean investigados y que los impulsores y responsables sean condenados».