26 abril, 2023El cambio climático ha obligado a los gobiernos a emprender una transición hacia una economía baja en carbono. La eliminación gradual de los combustibles fósiles en favor de la energía verde es una característica importante de esa acción climática, que se estima requerirá diez veces más vehículos eléctricos y almacenamiento de baterías. Esto, a su vez, depende de un suministro constante de minerales, que incluyen el cobalto, el litio, el níquel y el grafito, como componentes de dispositivos, pantallas y sistemas digitales.
La demanda de estos minerales ha creado una lucha por parte de los gobiernos y las empresas multinacionales para adquirir depósitos, extraerlos y procesarlos. Chile, Australia y la República Democrática del Congo se encuentran entre las fuentes más importantes de estos recursos.
Esta lucha por los minerales, y la explotación minera que esto implica, plantea una amplia gama de cuestiones ambientales y de derechos laborales para las cadenas de suministro. La carrera por obtener estos minerales conlleva impactos ambientales potencialmente graves, así como un aumento de la minería artesanal en pequeña escala y la subcontratación por parte de multinacionales a contratistas locales que pueden no respetar los derechos de los trabajadores ni estar familiarizados con la OCDE y otras normas internacionales en materia ambiental y de seguridad.
El gigante minero australiano BHP declaró 7700 empleados a tiempo completo y 17.083 subcontratados en sus operaciones en América del Sur. Una fuerza laboral fragmentada, que involucra a miles de trabajadores subcontratados para actividades relacionadas con la minería, como la voladura, la trituración y el transporte, hace que sea mucho más difícil para el personal formar sindicatos y negociar colectivamente por un salario decente y condiciones de trabajo seguras.
Incluso después del colapso de la presa en la mina Brumadinho en Brasil, que mató a 270 personas en 2019, BHP, que tiene una participación del 50 por ciento en la mina, ignoró la recomendación del Punto de Contacto Nacional en Brasil de proporcionar evidencia de un acuerdo de diligencia debida con los sindicatos.
No obstante, las empresas mineras no pueden ignorar para siempre a los sindicatos y las crecientes demandas a favor de una minería responsable y sostenible. Cada vez más países están adoptando leyes sobre diligencia debida que responsabilizan a las grandes empresas por el cumplimiento de las normas en materia laboral y ambiental en toda su cadena de suministro. Esto afecta no solo a las empresas involucradas en la minería, sino también a las entidades financieras que invierten en ellas y a los fabricantes de productos que emplean los minerales.
Dichas presiones se vieron reflejadas en la reunión de los gobiernos de la OCDE sobre la conducta empresarial responsable, celebrada a principios de este año, en donde se reconoció:
“el papel indispensable de los minerales para lograr la transición a una economía baja en carbono, y que la CER [conducta empresarial responsable] será primordial para permitir un suministro sostenible, diversificado y confiable a la luz de la creciente demanda mundial”.
Judith Kirton-Darling, Kemal Özkan, Liz Umlas and Blake Harwell.
Judith Kirton-Darling, Kemal Özkan, Liz Umlas y Blake Harwell.
En este contexto, el Comité Asesor Sindical (TUAC) e IndustriALL Global Union organizaron una reunión para representantes gubernamentales y empresariales como punto de partida para el Foro de la OCDE sobre responsabilidad en las cadenas de suministro de minerales.
“El diálogo genuino con los sindicatos es la forma en que la OCDE define la diligencia debida eficaz. Los sindicatos están aquí en la OCDE para insistir en que las empresas mineras respeten las normas de esta organización y garanticen un trabajo seguro y decentemente remunerado para todos”,
expresó Blake Harwell, del TUAC.
“Si bien el uso intensivo de los minerales en la transición energética baja en carbono anuncia otro superciclo de las materias primas, esta es una oportunidad para cambiar la carrera hacia el abismo, que ha caracterizado los primeros ciclos de auge, por una carrera hacia la cima para las comunidades y las y los trabajadores. Las normas sobre diligencia debida de la OCDE ofrecen una hoja de ruta de enorme importancia para lograr este avance”,
declaró Kemal Özkan, secretario general adjunto de IndustriALL.
Judith Kirton-Darling, subsecretaria general de industriAll Europe, expresó:
“industriAll Europe ha estado pidiendo durante mucho tiempo una política industrial europea activa, en la cual las materias primas críticas sean cruciales para las transiciones verde y digital. Las condiciones sociales y la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos son fundamentales, ya que garantizan el respeto por el trabajo decente a lo largo de las cadenas de valor mundiales. Actualmente, en Europa hay propuestas legislativas sobre la mesa, pero estas deben fortalecerse para garantizar que promuevan la minería, el procesamiento y el reciclaje responsables, así como la investigación y la innovación en materiales. Las y los trabajadores deben estar en el centro de la Transición Justa y tener voz y voto en cada mesa de negociación. No puede decidirse nada sobre nosotros sin nosotros”.