2 noviembre, 2017La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia ha entendido que el despido de miles de trabajadores de la mina Grasberg de Freeport en Papúa fue una violación de los derechos humanos y recomienda la readmisión de los trabajadores.
Más de 4.200 trabajadores fueron despedidos por declararse en huelga cuando PT Freeport se negó a negociar sobre una suspensión temporal en la mayor mina de oro del mundo y la segunda mina mayor de cobre propiedad de Freeport-McMoRan radicada en Estados Unidos.
La recomendación de la Comisión al presidente de Indonesia, de la que se envió copia a la IndustriALL Global Union, decía:
La Comisión “recomienda a PT Freeport Indonesia que readmita a todos los trabajadores (tanto empleados de PT Freeport Indonesia como privatizados y de contratistas/subcontratistas) afectados por la suspensión temporal y que pague todas las pérdidas a que ha dado lugar la política.”
La Comisión concluyó que en el caso de los despidos hay una violación de los derechos humanos, en particular el derecho a obtener prosperidad.
La Comisión también transmitió la importancia de una respuesta de seguimiento de la recomendación para el cumplimiento del derecho al bienestar relacionado con el derecho a la vida, así como el derecho a la supervivencia de los ciudadanos garantizado en el Artículo 36, párrafo 1) y el Artículo 9, párrafo 1) de la Ley Nº 39 de 1999 sobre Derechos Humanos.”
Una misión a Indonesia de la IndustriALL en agosto se percató de que a muchos de los trabajadores despedidos, además de no tener ingresos, se les había negado el acceso al crédito, al alojamiento, la educación y la atención médica. Se cree que varias personas han muerto a causa de esta situación.
PT Freeport Indonesia, que emplea a decenas de miles de trabajadores permanentes y subcontratados, está prolongando las negociaciones con el Gobierno de Indonesia sobre el control de la mina Grasberg. El Gobierno quiere una participación del 51 por ciento en la mina y ha dejado en suspenso la licencia de exportación de Freeport para obligar a la empresa a vender acciones. El sindicato cree que las terminaciones de la relación de empleo forman parte de la estrategia de negociación de la empresa con el Gobierno y son un artificio para reducir el empleo directo y aumentar el uso del trabajo precario.
El afiliado a la IndustriALL la Unión de Trabajadores de la Química, la Energía y las Minas (CEMWU SPSI PTFI), representa a los trabajadores de Grasberg. El mes pasado publicó un aviso para extender la huelga, que comenzó el 1 de mayo, hasta el 30 de noviembre.
La IndustriALL continua su programa de información a los inversores de Freeport-McMoRan sobre las violaciones de los derechos por la empresa y les notificará la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La seguridad en la mina es también motivo de preocupación; el 17 de octubre hubo un accidente mortal: un trabajador subcontratado murió y dos de sus compañeros resultaron heridos.
La zona que rodea la mina no es segura. El 21, el 22 y el 23 de octubre hubo disparos de un francotirador cerca de la mina: seis policías resultaron heridos, y uno muerto. La policía dice que los disparos estaban vinculados con grupos separatistas, que piensan que la explotación de la mina no beneficia a la población local.
El secretario general de la IndustriALL, Valter Sanches, dijo:
“La Comisión ha dejado claro que PT Freeport Indonesia ha violado los derechos humanos en la mina Grasberg. Instamos a la empresa a que cumpla las recomendaciones de la Comisión y readmita inmediatamente a los trabajadores despedidos. También hacemos un llamamiento al presidente de Indonesia para tener la certeza de que PT Freeport Indonesia lo hace.”