15 octubre, 2020Según IndustriALL Global Union y sus afiliados, los recientes acontecimientos políticos en Kirguistán deben conducir al país a la paz y la estabilidad, así como contribuir al fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos y laborales de conformidad con las normas internacionales.
Durante las manifestaciones masivas en la capital de Kirguistán, Biskek, desencadenadas por las acusaciones de fraude en las elecciones parlamentarias del 4 de octubre, los manifestantes tomaron el edificio gubernamental y se liberó a los presos políticos.
Posteriormente, se anularon los resultados de la elección, se destituyó al gobierno y se eligió un nuevo primer ministro. El 15 de octubre, el presidente del país anunció su dimisión.
Además del caos político, la economía se ha visto profundamente afectada por los disturbios. La industria minera es importante para la economía del país, pero muchas minas fueron incautadas y algunas empresas de este sector tuvieron que suspender sus actividades.
A raíz de las apelaciones de los sindicatos y los empleadores, las fuerzas policiales están vigilando las instalaciones y las actividades se están reanudando lentamente.
Según Eldar Tadjibaev, presidente del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Kirguistán (MMTUK), más de 5000 de sus miembros todavía no han podido regresar a sus empleos debido a los daños en los lugares de trabajo.
Los sindicatos kirguises son bastante optimistas y esperan que el cambio político en los poderes legislativo y ejecutivo del país pueda contribuir a la mejora de su situación. A su vez, esperan que, al llevar a cabo elecciones justas, se abandone un proyecto de ley antisindical que infringe los principios fundamentales de los Convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por Kirguistán.
El secretario general de IndustriALL, Valter Sanches, expresó:
“Kirguistán necesita avanzar hacia una democracia y unas instituciones democráticas genuinas y bien establecidas. Nuestra lucha, junto con nuestros afiliados kirguises, continuará fortaleciendo la democracia y los derechos humanos, en particular el pleno respeto y aplicación de los derechos laborales”.
“Instamos al nuevo gobierno a garantizar que los organismos encargados de la aplicación de la ley dejen de interferir en los asuntos de los sindicatos y de perseguir a los dirigentes sindicales”.