3 junio, 2022Los sindicatos de Myanmar han pedido a la comunidad internacional sanciones económicas de gran alcance contra el régimen militar, sin embargo muchas marcas mundiales de prendas de vestir siguen adquiriendo productos de ese país. La respuesta de la comunidad internacional a los abusos contra los derechos humanos en Myanmar contrasta fuertemente con la situación en Rusia.
INFORME ESPECIAL De la edición Nº1 de Global Worker, junio 2022 | |
 | País: Myanmar Texto: Walton Pantland |
Después del golpe militar del 1 de febrero de 2021, la junta militar de Myanmar ha cometido abusos contra los derechos humanos que, según señaló Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”. Agregó que “la terrible amplitud y escala de las violaciones del derecho internacional sufridas por el pueblo de Myanmar exigen una respuesta internacional firme, unificada y resuelta”.
Más de 10.000 presos políticos, entre ellos activistas sindicales, se hallan detenidos y al menos 1.800 civiles, incluyendo 54 trabajadores y trabajadoras activistas del movimiento sindical, han sido asesinados por la junta. 16 sindicatos y federaciones sindicales han sido prohibidos. Estos incluyen la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM), organización afiliada a IndustriALL Global Union.
A pesar de estos crímenes y violaciones de los derechos humanos, muchas marcas mundiales de prendas de vestir continúan sus negocios como si no hubiera pasado nada. Las mismas marcas que abandonaron Rusia a los pocos días de la invasión a Ucrania presentan excusas para quedarse en Myanmar; la más común es que son una fuerza para el bien y pueden proteger a los trabajadores mediante "diligencia debida reforzada”.
La situación es muy difícil para los trabajadores y sindicalistas: la OIT calcula que unos 220.000 trabajadores de la confección han perdido sus puestos de trabajo, y la IWFM considera que otros 120.000 pueden haber perdido sus empleos y salarios debido a que las cifras de desempleo no incluyen cierres temporales, permiso sin pago o reducción de la producción.
Los trabajadores sindicalizados que antes del golpe estaban protegidos por convenios colectivos han sido despedidos y reemplazados por trabajadores eventuales sin derechos. La IWFM tiene información sobre numerosos casos de trabajadores despedidos sin compensación. Se ha informado también que las fuerzas de seguridad han llegado a las casas de dirigentes sindicales para detenerlos después de que los gerentes de las fábricas les proporcionaran sus datos personales. Se han conocido casos de trabajadores que han sido víctimas de balacera durante manifestaciones de protesta contra la dictadura, de trabajadores despedidos injustamente, de dirigentes sindicales víctimas de amenazas contra su vida y que han sido blanco de las fuerzas de seguridad.
Los militares hacen redadas y asaltos a domicilios de organizadores, educadores, negociadores y dirigentes de la IWFM. En la actualidad, la mayoría de los trabajadores de la confección gana menos de US$1,80 por día, en tanto cientos de miles han sido despedidos del sector público, y de los hospitales, escuelas, universidades y ferrocarriles por negarse a trabajar para el ejército.
En una carta dirigida a la OIT, la IWFM señaló que
“Bajo la dictadura militar no podemos proteger adecuadamente los derechos de los trabajadores, debido a que no se permite que los sindicatos democráticos funcionen libremente. No obstante, en 2021 tratamos de proteger a los trabajadores colaborando con las marcas a través del mecanismo de diálogo que hemos establecido.
“En este momento, la experiencia que hemos adquirido durante todo ese año de negociación está demostrando claramente que las marcas de occidente no pueden proteger los derechos de los trabajadores”.
Se ha informado sobre muchos casos que han ocurrido en las fábricas, frecuentemente de propiedad china, que proveen productos para marcas como Adidas, H&M, C&A, Tesco, Bestseller e Inditex. La IWFM ha informado a las marcas sobre estas violaciones y muchas han sido resueltas. Pero como la diligencia debida es imposible en una dictadura militar, las fábricas niegan cualquier acusación, por tanto hay casos que siguen sin resolverse. La IWFM se ha enterado de trabajadores que fueron amenazados con despido si se negaran a mentir sobre las condiciones laborales, y de militares que, a punta de pistola, obligan a los trabajadores a devolver su compensación.
Como los sindicatos no pueden funcionar libremente, y la debida diligencia es imposible, los sindicatos de Myanmar creen que el país corre el riesgo de convertirse en un enorme campamento de mano de obra esclava. En el verano de 2021, el movimiento sindical de Myanmar emitió un llamado para que se aplicaran sanciones económicas de gran alcance, señalando que la prioridad tiene que ser quitar recursos al régimen, especialmente las divisas.
En su Congreso de septiembre 2021, IndustriALL apoyó el llamado para sanciones y escribió a las empresas con operaciones en Myanmar, pidiéndoles que suspendan sus operaciones hasta que se restablezcan la democracia y los derechos laborales fundamentales. Posteriormente, muchas empresas se fueron del país, entre ellas Voltalia, POSCO, Telenor, Total, Chevron, Shell, Woodside Petroleum y Bridgestone. Total afirmó que debido a los atropellos contra los derechos humanos, que aumentan constantemente, sus operaciones en ese país ya no pueden hacer una contribución positiva a la empresa.
Myanmar Garment facory 2015
A pesar de todo, la mayoría de los productores de prendas de vestir se han quedado en Myanmar. Si bien algunas empresas se han comprometido a no recibir nuevos pedidos, el ciclo de producción significa que muchos tienen compromisos que continúan hasta 2022. La industria textil y de la confección es una fuente importante de divisas para el país, y los sindicatos temen que, con el paso del tiempo, se considerará normal trabajar con la dictadura militar.
Las marcas de prendas de vestir afirman que salir del país de manera responsable es una tarea compleja y difícil, sin embargo la experiencia de Rusia demuestra que donde existe voluntad política, es posible actuar con rapidez. Por ejemplo, ante las sanciones mundiales y la indignación generalizada del público, H&M cerró todas sus tiendas en Rusia a los pocos días de la invasión de Ucrania. Esa empresa todavía sigue adquiriendo productos de Myanmar.
Uno de los mayores obstáculos es que, a diferencia de Rusia, la comunidad internacional está dividida sobre la situación en Myanmar y la efectividad de las sanciones. Si bien el Consejo de Administración Estatal de la junta militar se ha visto cada vez más aislado de la democracia internacional – por ejemplo, la ONU le ha negado credenciales – el gobierno democrático de Myanmar en el exilio, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés), no se ha reconocido ampliamente a nivel internacional como gobierno legítimo del país. El movimiento sindical mundial apoya el llamado de los sindicatos de Myanmar para reconocimiento diplomático del NUG.
El Gobierno de Unidad Nacional (NUG) ha destacado la importancia de no proporcionar ingresos a la junta militar, diciendo en una declaración reciente que “el NUG quisiera recordar que todas las empresas tienen instrucciones de NO pagar ningún impuesto ni proporcionar ingresos al régimen militar de Myanmar. Si no es posible evitar el pago a los militares, entonces la única opción es suspender las operaciones comerciales hasta que la democracia se restablezca por completo en Myanmar”.
Las marcas mundiales que operan en Myanmar no pueden negar ingresos a los militares. Esos ingresos provienen de impuestos, aranceles para la importación de tela, gastos de agua, electricidad etc. para empresas de propiedad militar, y tarifas en los dos puertos de Myanmar, ambos de propiedad militar.
El obstáculo principal que enfrenta la campaña en favor de las sanciones es la UE, que actualmente otorga a Myanmar acceso gratuito a sus mercados a través del programa de preferencias comerciales ‘Todo menos armas’ (EBA, por sus siglas en inglés). El programa EBA ha sido muy beneficioso para la economía de Myanmar, ya que la UE recibe más de la mitad de las exportaciones de prendas de vestir de Myanmar.
Aunque en el pasado la UE utilizó sanciones para presionar a Myanmar para que tomara la vía democrática, los intereses comerciales se han opuesto a esta política. La posición actual de la UE se basa en la idea de que los vínculos económicos y el compromiso constructivo son la mejor manera de avanzar. Esta es la misma filosofía que llevó a Europa a depender fuertemente del petróleo y gas de Rusia. Si bien la amenaza existencial de una guerra en el continente europeo y la gran cantidad de refugiados que ingresan a la UE influyeron para que la UE actuara rápida y enérgicamente para aislar económicamente a Rusia, pareciera ser que la ubicación geográfica remota de Myanmar permite evitar medidas semejantes.
Originalmente el programa EBA se diseñó como una forma de apoyar la democracia a través del comercio, pero la UE ha llegado a depender de la producción barata en las cadenas de valor mundiales. Myanmar es un destino que atrae mucho a las marcas de prendas de vestir, que han realizado importantes inversiones en el país. El hecho de no suspender EBA contraviene legislación que se hace cada vez más frecuente, incluyendo la legislación de Alemania sobre diligencia debida y una directiva de la UE.
A los sindicatos de Myanmar les preocupa que la crisis de Ucrania y otros problemas puedan desviar la atención del mundo. Si la junta militar logra ganar suficiente tiempo, puede fortalecer y consolidar su gobierno a través de un proceso electoral falso, tratando de normalizar las relaciones diplomáticas y económicas.
A medida que disminuye la posibilidad de lograr un cambio pacífico en Myanmar, muchas personas se van uniendo al movimiento de sublevación armada. Esto plantea graves riesgos ambientales, sociales y de gobernanza empresarial (ESG) para las marcas de prendas de vestir. Al optar por operar en una zona de conflicto, tienen la responsabilidad de demostrar diligencia debida en materia de derechos humanos y evitar complicidad en violaciones de estos derechos. Las marcas corren el riesgo de dañar su reputación, litigios, quejas que se presenten ante la OCDE y rebelión de los accionistas. También se corre el riesgo de problemas en la cadena de suministro debido a la intensidad cada vez mayor del conflicto.
IndustriALL Congress 2021
Por su parte, Atle Høie, secretario general de IndustriALL, afirmó:
“La situación en Myanmar corre el riesgo de deteriorarse, creando una guerra civil. Tras más de un año de ataques armados de los militares contra civiles, ahora la gente se va uniendo a las milicias armadas para defenderse. Esto se debe al cierre de vías democráticas para lograr el cambio.
“Sanciones económicas de gran alcance son la solución no violenta para devolver la democracia a Myanmar. Mientras las marcas mundiales de prendas de vestir sigan adquiriendo productos de ese país, mayor será su complicidad, prolongando el sufrimiento de Myanmar”.