30 septiembre, 2024Debido al deterioro y la precarización de las condiciones laborales de más de 1000 trabajadores, el Sindicato de Mineros de Ghana (GMWU) y otras organizaciones hicieron una campaña y solicitaron al gobierno ghanés que anulara la concesión de la mina de oro de Bogoso-Prestea.
Uno de los motivos de la cancelación es el incumplimiento del pago en fecha de salarios y prestaciones. Los trabajadores solo cobraron los salarios de diciembre de 2023 y enero de 2024, y no han vuelto a percibir ningún ingreso desde entonces. También se les deben las pensiones y otras prestaciones.
La empresa británica Future Global Resources (FGR) adquirió la mina en 2020 con la condición de invertir en ella. Sin embargo, FGR, propietaria del 90 % de la mina, no realizó inversiones ni la desarrolló y, en su lugar, se endeudó con sus proveedores. El gobierno de Ghana es titular del 10 % restante.
Durante muchos años, la comunidad de Prestea ha expresado su preocupación ante la contaminación del agua por parte de las empresas mineras auríferas, entre ellas FGR. Los temores de la comunidad se han visto agravados por la inundación del pozo Central. El pozo Bondaye solo tenía una bomba en funcionamiento, mientras que algunos pozos abiertos estaban ocupados por mineros artesanales y de pequeña escala.
Además, según el anuncio oficial de la rescisión, algunas secciones de las instalaciones de almacenamiento de relaves se han descuidado y la planta de procesamiento se encuentra en mal estado. El sindicato afirma que esto pone de manifiesto que FGR no cumple sus responsabilidades medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
“FGR no tiene la capacidad económica para inyectar el capital necesario en la mina de Bogoso-Prestea y, de hecho, ha demostrado su incapacidad para justificar ante la Comisión de Minerales, durante el periodo de preaviso de 120 días, por qué no debe rescindirse su concesión minera”,
escribió el sindicato en una petición al Parlamento ghanés.
Atendiendo a las peticiones y manifestaciones del sindicato y de otras partes interesadas, el Ministerio de Tierras y Recursos Naturales puso fin a la concesión minera el 18 de septiembre.
“La decisión de rescindir la concesión minera se tomó tras analizar varios informes de la Comisión de Minerales, así como de un comité ministerial creado para revisar las operaciones de la empresa, y tras un exhaustivo diálogo con todas las partes implicadas en este asunto”,
declaró el ministerio en un comunicado. Dicho organismo público declaró que estaba buscando otros inversores para hacerse cargo de la mina y que, desde entonces, había nombrado un equipo provisional para supervisar las operaciones.
El GMWU, afiliado a IndustriALL, está a favor de la reanudación de la producción en la mina, que beneficiará a los trabajadores.
“En una reunión sindical se resolvió emprender una serie de manifestaciones, piquetes y marchas de protesta si el ministro se negaba a rescindir la concesión minera y permitir que otros posibles inversores se hicieran cargo de la mina y la gestionaran por el bien de todas las partes interesadas”,
expresó Abdul-Moomin Gbana, secretario general del GMWU.
Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, declaró:
“FGR debe pagar los salarios y prestaciones pendientes, y el equipo provisional debe garantizar la protección de los puestos de trabajo. Además, el gobierno tiene que hacer cumplir las leyes medioambientales para garantizar la protección de las fuentes de agua de la comunidad contra la contaminación”.