22 marzo, 2018A pesar de haber un acuerdo limitado con Freeport, miles de trabajadores y trabajadoras despedidos por la empresa en Indonesia siguen sufriendo represalias por el paro.
El 21 de diciembre de 2017, los dirigentes nacionales del CEMWU, organización afiliada a IndustriALL, llegaron a un acuerdo con PT Freeport, filial de Freeport en Indonesia. Unos 4.220 trabajadores y trabajadoras fueron despedidos en la mina Grasberg de PT Freeport en represalia por una huelga convocada por el CEMWU en mayo de 2017. El acuerdo ofrece a los trabajadores/as beneficios financieros limitados que incluyen pago de un monto basado en los años de servicio en la empresa, señalando que pueden solicitar empleo a contratistas en Grasberg.
El acuerdo en cuestión respalda el planteamiento fundamental de Freeport, que afirma que los trabajadores/as renunciaron al trabajo al no presentarse para trabajar, y, por lo tanto, la empresa no tiene la obligación de reincorporarlos.
El acuerdo contradice el planteamiento de que los 4.220 trabajadores fueron despedidos por haber declarado la huelga, y que deben ser readmitidos al trabajo, lo que fue la base de la campaña mundial de IndustriALL.
La campaña que realizó IndustriALL para lograr la reintegración de los huelguistas despedidos incluía varias cartas de protesta dirigidas a Freeport y al Gobierno de Indonesia, una misión de investigación de alto nivel a Indonesia, un programa de divulgación a inversionistas de Freeport, solicitudes de intervención de la OIT y del Relator Especial de las Naciones Unidas, una reunión con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia, la producción de un cortometraje que describe la difícil situación de los huelguistas despedidos, presión a Rio Tinto para usar su participación en Grasberg para apoyar a los huelguistas despedidos, y peticiones en línea.
Los dirigentes nacionales del CEMWU informan que firmaron el acuerdo luego de concluir que no podían convencer a la compañía para que reincorporara a los huelguistas ni persuadir al gobierno a intervenir en su nombre. Señalan que el acuerdo ofrece beneficios financieros para los huelguistas despedidos, muchos de los cuales estaban desesperados después de ocho meses de huelga sin ingresos, y que proporciona cierta seguridad para que los trabajadores/as puedan seguir adelante con sus vidas en lugar de esperar la reincorporación al trabajo anterior.
Según los informes, hasta febrero de 2018, dieciséis huelguistas habían fallecido por no tener acceso al servicio de salud porque PT Freeport les quitó su seguro de salud en represalia por la huelga.
El acuerdo otorga a los trabajadores/as el derecho de aceptar el acuerdo o rechazarlo y, por lo tanto, conservan el derecho a demandar en forma individual a la compañía. Según nos han informado los dirigentes nacionales del CEMWU, a principios de marzo, sólo 300 huelguistas despedidos habían decidido aceptar el acuerdo. Todavía no está claro cuántos trabajadores/as van a demandar en forma individual a la compañía.
Lokataru, firma de abogados de derechos humanos en Indonesia, ha rechazado el acuerdo con PT Freeport y continúa abogando por los huelguistas despedidos. En un informe que publicó en febrero sobre la huelga, Lokataru criticó a Freeport por violar la ley durante la huelga y al Gobierno de Indonesia por no proteger los derechos de los trabajadores/as despedidos.
Lokataru hace un llamado para que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores/as despedidos, que se restablezca su seguro de salud y que se investiguen las prácticas inapropiadas que aplicaron los bancos, el servicio de salud y la policía contra los trabajadores/as.
En una carta que dirigió recientemente al Presidente de Indonesia, el Secretario General de IndustriALL Valter Sanches señaló:
“Freeport es personificación de lo peor de la industria mundial de la minería y metalurgia. Provocó una huelga al negarse a entablar negociaciones con el CEMWU, lo que provocó la muerte de algunos huelguistas, a consecuencia de que la empresa les quitara su seguro de salud. El gobierno de Indonesia debe defender los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de Indonesia contra este tipo de abuso. Le instamos a procurar que se restablezca de inmediato el seguro de salud de los huelguistas despedidos, que Freeport rinda cuentas por sus acciones ilegales e inmorales, y que vuestra excelencia se asegure de que los huelguistas no tengan que seguir soportando el peso de estas acciones”.