18 diciembre, 2013La Coordinadora para la Unidad del sector Minero Energético CUSME, hace un llamado para que a la Unión Sindical Obrera les den garantías para ejercer en la actividad sindical, que los trabajadores detenidos sean liberados, que se detengan las órdenes de captura y se archiven los 39 procesos que hoy cursan contra la USO, 34 de los cuales están basados en las protestas de los trabajadores y la población en la República Bananera de Pacific Rubiales en el Meta.
En el 2011 el grito contenido de 12.000 trabajadores petroleros en el Meta se hizo escuchar en el país, bajo un cerco militar sin precedentes. Pacific Rubiales y sus contratistas intentaron acallar esta protesta incurriendo en concierto para delinquir y violación a la libertad sindical, razón por la cual la USO los denunció penalmente. Hoy los principales testigos de esta denuncia han sido apresados y dirigidos a la cárcel. En un solo día la Fiscal 239, Luisa Fajardo, hizo efectiva la orden de captura de los compañeros de la USO Héctor Sánchez, José Dilio Naranjo y Campo Elías Ortiz, con acusaciones temerarias que dan para penas de 10 a 30 años de prisión, tales como concierto para delinquir y secuestro agravado.
Pacific Rubiales se ha convertido en un Estado dentro del Estado, con fuerzas militares, alcaldes y fiscales totalmente sometidos a sus intereses, con mordaza a los medios, pautas publicitarias y el lavado de su imagen mediante patrocinios como el de nuestra selección Colombia.
En la audiencia pública de imputación de cargos, la Fiscal 239 se atrevió a manifestar que el delito de concierto para delinquir se fundamentaba en el hecho de que los tres compañeros inculpados pertenecen a la misma organización, la Unión Sindical Obrera USO. Ante lo cual el abogado defensor le replicó que por lo pronto, en este país, el derecho de asociación sindical es un derecho constitucional.
La desfachatez de la fiscal fue complementada por un juez timorato, que les negó la presunción de inocencia al dictar medida de aseguramiento, consciente de que los delitos que se pretendía imputar a los compañeros son descabellados e infundados. La Fiscal aseveró que los tres compañeros estaban al mando de 300 “encapuchados” y que estos secuestraron a otros 5.000 trabajadores en octubre del 2011. Que Héctor Sánchez fue soldado profesional y sabe de estrategias militares. Pero, al mismo tiempo, dice que la geografía de los hechos se corresponde a 57.000 veces la Plaza de Bolívar, de Bogotá y, que del área entraban y salían personas y vehículos normalmente.
Los llamados encapuchados son parte de los 12.000 trabajadores, ataviados con la indumentaria necesaria para protegerse del clima y de los riesgos profesionales, que en su momento estaban protestando contra las condiciones de esclavismo a que venían siendo sometidos por Pacific, durante más de una década. A la Fiscal se le olvida intencionalmente que el área estaba totalmente acordonada por un Batallón Energético, Boinas Rojas, Smad, policía y la Seguridad privada de Pacific.
Algo parecido ocurre con el compañero Oscar Orozco, presidente de la CUT y de SINTRAELECOL en Caldas, quien después de ser objeto de 4 atentados le quitan el esquema de seguridad, después de lo cual sufre otro atentado y además le imputan cargos por un supuesto auto atentado. El fiscal solicitó medida de aseguramiento y decretó el silencio: impedir cualquier pronunciamiento del compañero Oscar sobre su causa y cualquier manifestación en su respaldo. Por fortuna en esta oportunidad el juez del caso no lo permitió.
Hoy el movimiento social y la oposición política viene siendo sometida a muerte social y política, unos mediante la Ley de Seguridad Ciudadana y otros a través del Procurador General Alejandro Ordoñez, convertido en el inquisidor de turno, quien se ha especializado en destituir a miembros de la oposición política de este país e inhabilitarlos de por vida. Así lo ha hecho con la Senadora Piedad Córdoba y hoy, destituye e inhabilita por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Destitución y muerte política con la que pretende oponerse al proceso de paz con la insurgencia que se adelanta en la Habana.
El Sector minero energético agrupado en la Coordinadora para la Unidad Minero Energética CUSME, exige “garantías, para que la USO pueda ejercer la actividad sindical, garantías que la Fiscal Luisa Fajardo no proporciona, que se detengan las órdenes de captura y se archiven los 39 procesos que hoy cursan contra la USO, 34 de los cuales están basados en las protestas de los trabajadores y la población en la República Bananera de Pacific Rubiales en el Meta. Que los compañeros detenidos sean liberados de inmediato, que se proporcione garantías al debido proceso y al derecho a la defensa, que los casos de la USO sean trasladados a la unidad nacional de análisis y contexto de la Fiscalía y que se derogue la ley de Seguridad Ciudadana, que sirve de soporte a todos estos exabruptos contra el movimiento social”.
IndustriALL Global Union, se ha adherido a las demandas de la Coordinadora http://www.industriall-union.org/es/demandamos-libertad-inmediata-de-los-lideres-sindicales-de-la-uso. Y ha llamado al gobierno colombiano para que intervenga en la libertad inmediata de los trabajadores y dirigentes sindicales, y el cese de la persecución del Estado contra los trabajadores petroleros y contra el movimiento sindical y social en el país.