1 mayo, 2023Más de dos años después del golpe militar en Myanmar, la situación para el pueblo y las y los trabajadores sigue empeorando. El Primero de Mayo es un día en el que alzamos nuestras voces por los derechos de los trabajadores y contra los abusos: la diligencia debida en materia de derechos humanos no es posible bajo la dictadura militar y las empresas deben planificar una salida responsable del país.
Después del golpe militar en febrero de 2021, IndustriALL apoyó un llamado de los sindicatos del país para que se retiraran todas las empresas multinacionales que operan en el territorio. Las empresas que mantienen operaciones en el país son cómplices involuntarios de una creciente crisis humanitaria y están financiando de facto la guerra de los militares contra su propio pueblo, recientemente a través de ataques aéreos que produjeron la muerte de más de 100 personas.
La situación sigue empeorando. Se han prohibido lo sindicatos y, al no contar con un mecanismo para ayudar a los trabajadores ni tener libertad sindical, las y los trabajadores quedan en una situación muy vulnerable. Los abusos contra la clase trabajadora están aumentando, al igual que la explotación salarial, el trabajo forzoso y el acoso contra las mujeres. El ejército ha tomado medidas represivas contra los sindicatos y sus miembros, tales como arrestos y ataques violentos. Más de 60 sindicalistas están en prisión por cargos falsos y deben ser liberados inmediatamente.
Preocupa el proyecto financiado por la UE, MADE in Myanmar (“Hecho en Myanmar”), que afirma apoyar al sector de la confección mediante la sustitución de los sindicatos por “representantes de los trabajadores” seleccionados por los empleadores. Estos aprovechan la situación política para privar a las y los empleados de sus derechos y permiten que continúen las graves violaciones de los derechos humanos y laborales en Myanmar, al tiempo que ayudan a los militares a adquirir legitimidad.
La libertad sindical es un derecho humano y un principio fundamental consagrado por la UE. Las restricciones a los sindicatos y el derecho a la negociación colectiva en Myanmar bajo el régimen militar son una grave preocupación que pone en tela de juicio la legitimidad de esta iniciativa.
Las inversiones tienen repercusiones a largo plazo sobre los derechos laborales. Todas las empresas deben irse de Myanmar para cortar los fondos a los militares. Planificar una salida responsable es la única posición acorde con el cumplimiento de las normas mundiales en materia de derechos humanos. La diligencia debida no es posible bajo una dictadura militar y en un estado de guerra civil.