22 marzo, 2016El comercio mundial necesita reglas, pero éstas tienen que incluir elevadas normas laborales y que garantizar beneficios para todos, en lugar de debilitar el control democrático y de favorecer a las empresas multinacionales.
El libre comercio no es un tema fácil para los sindicalistas. Tenemos diferentes opiniones en nuestra familia global. Los sindicatos en países que dependen de las exportaciones, como los países nórdicos y Japón, están a favor del libre comercio, aunque con condiciones. Otros, como los norteamericanos dicen que han perdido un millón de empleos a causa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).
En diciembre de 2014, el Comité Ejecutivo de la IndustriALL Global Union acordó una serie de principios para las negociaciones de acuerdos comerciales como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversiones UE-EE.UU. (TTIP) y el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA) entre Estados Unidos y Canadá.
- Garantizar la transparencia y la legitimidad democrática
- Incluir la atención social, el empleo y los intereses de los trabajadores
- Reconocer y promover los Convenios de la OIT sobre los derechos de los trabajadores
- Los acuerdos comerciales no pueden sustituir a una política industrial y de inversión activa
- Los acuerdos comerciales no son un instrumento de desregulación
- Estamos en contra del mecanismo de protección del inversor ISDS: no puede sustituir a la legislación democrática
- La desregulación de servicios no es necesaria
- Derechos de propiedad intelectual: tenemos que mantener un justo equilibrio entre los intereses del consumidor, del trabajador y del productor
- El comercio justo debe ser una herramienta para el progreso social de todos, y no beneficiar a unos pocos
Lamentablemente, en el TPP alcanzado en octubre de 2015 por 12 países del Arco del Pacífico tras varios años de negociaciones secretas no se tuvieron en cuenta nuestras demandas. A raíz de un llamamiento del Comité Ejecutivo de la IndustriALL en diciembre, cierto número de afiliados iniciaron una nueva acción para detener la ratificación del acuerdo comercial por los parlamentos de los países firmantes.
Una de las disposiciones más controvertidas del TPP es el mecanismo de solución de diferencias entre el inversor y el Estado (ISDS), que ofrece a las empresas multinacionales la posibilidad de tratar de obtener miles de millones de dólares por daños de los Estados miembros en grupos jurídicos privados si estiman que las leyes o las políticas afectan a su rentabilidad.
Esas disposiciones se han utilizado para atacar medidas de salud pública, regulaciones sobre el medio ambiente y las finanzas, y leyes sobre el empleo y salud y seguridad. Canadá sigue siendo el país más demandado por inversores extranjeros. En estos momentos, empresas estadounidenses están tratando de obtener un total de 6.000 millones $ EE.UU. de daños del Gobierno canadiense.
No podemos aceptar que se socaven el control democrático y la soberanía nacional, manteniendo para ello elevadas normas laborales, sociales y medioambientales.
Tras una considerable presión de los sindicatos y de organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Europea convirtió la negociación del TTIP en un procedimiento más transparente, inició consultas y publicó una propuesta sobre un tribunal de inversión en lugar del ISDS. Sin embargo, los líderes sindicales europeos y estadounidenses coinciden en que ese tribunal no es necesario. En cambio, el TTIP debe contener protecciones amplias y de obligado cumplimiento sobre los derechos de los trabajadores, los servicios públicos y el medio ambiente.
El comercio libre debe ser justo y crear reglas uniformes para la inversión y el desarrollo, en condiciones mutuamente iguales y razonables para la justa competencia. Por lo tanto, los derechos fundamentales del trabajo como la libertad sindical tienen que ser una parte esencial de todo acuerdo comercial.
Jyrki Raina
Secretario General