6 agosto, 2020El gobierno de Zimbabue ha utilizado a la COVID-19 como pretexto para prohibir las manifestaciones. El 31 de julio, las personas que respondieron el llamado a protestar por salarios dignos y los derechos de los trabajadores y en contra de la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la captura de instituciones estatales fueron secuestradas, arrestadas, agredidas, torturadas o forzadas a esconderse. Esto ha sido condenado ampliamente a nivel internacional.
Entre los arrestados se encontraba la galardonada autora Tsitsi Dangarembga, cuya novela This Mournable Body fue preseleccionada para obtener el Premio Booker para 2020. La escritora se encuentra en libertad bajo fianza mientras otros permanecen en prisión. Algunos sindicalistas se escondieron para evitar los arrestos.
El foro de ONG de derechos humanos de Zimbabue afirmó que más de 40 personas han sido arrestadas desde el 20 de julio, entre ellas activistas, periodistas que investigaban la corrupción en torno a los fondos destinados a la COVID-19 y políticos de la oposición.
A principios de esta semana, una campaña de Twitter, #ZimbabweanLivesMatter (“Las vidas zimbabuenses importan”), que denuncia las violaciones de los derechos humanos, atrajo la solidaridad regional e internacional con más de 700.000 publicaciones. El 4 de agosto, como respuesta a la campaña popular, el presidente Emmerson Mnangagwa afirmó que la crisis económica fue causada por “elementos políticos de oposición, sanciones económicas ilegales, ciclones, sequías y más recientemente la pandemia de la COVID-19”. También culpó a ciertas “manzanas podridas” por la crisis y dijo que estas “se eliminarán”.
La represión empeora la terrible situación de los trabajadores zimbabuenses, quienes cobran salarios muy inferiores a los dignos y no pueden cubrir sus necesidades básicas. La jornada laboral se ha reducido debido a las restricciones con motivo de la COVID-19, lo que ha disminuido aún más los salarios. En algunos sectores, los trabajadores, que afirman necesitar un mínimo de 200 dólares para poder comprar alimentos, ganan entre 40 y 75 dólares al mes.
Cuando los trabajadores terminan de trabajar, no hay transporte público y algunos caminan más de 25 km para llegar a casa. Si no caminan esta distancia, pueden ser arrestados por incumplir el toque de queda por la COVID-19. El Gobierno prohibió a los operadores de transporte privados a favor de una empresa de autobuses estatal poco confiable.
IndustriALL Global Union tiene 10 afiliados en Zimbabue que organizan a los trabajadores en el sector químico, plástico, energético, metalúrgico y de ingeniería, minería y textil, de la confección, el calzado y el cuero, entre otros.
Con una hiperinflación de alrededor del 737 por ciento, la economía se encuentra en una crisis en la que es habitual que el combustible y el dinero escaseen. Sin embargo, los sindicatos no cederán. Para proteger a los trabajadores del duro entorno económico, se están preparando para emprender una huelga general por salarios dignos.
El Gobierno considera que protestar por las malas condiciones es un intento de “cambio de régimen” y ha respondido con amenazas y represión por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, el partido de gobierno, ZANU PF, afirmó la semana pasada que el Congreso de Sindicatos de Zimbabue (ZCTU) es una “organización terrorista”, lo que desató un fuerte repudio por parte de los sindicatos del país, las federaciones sudafricanas y las organizaciones sindicales regionales y mundiales. El presidente del ZCTU, Peter Mutasa, se encuentra prófugo después de que su nombre apareciera en una lista policial para realizar “entrevistas” en relación con las manifestaciones.
Paule France Ndessomin, secretaria regional de IndustriALL para África Subsahariana, declaró:
“La constitución de Zimbabue de 2013 reconoce los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los derechos laborales. Esto significa que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que estos derechos estén protegidos y no sean violados por las fuerzas de seguridad del Estado. La pandemia de la COVID-19 no debe usarse como excusa para vulnerar los derechos humanos y laborales”.
Mavis Koogotsitse, secretario ejecutivo del Consejo Coordinador de Sindicatos de África Meridional, denunció “el trato hostil y la intimidación continuos contra sindicalistas y activistas de la sociedad civil por parte de agentes de seguridad del Estado en Zimbabue”.
Imagen: foto de archivo de la violencia policial en Harare en octubre de 2019. Por Lovejoy Mtongwiza