30 septiembre, 2021Durante más de tres décadas, el gobierno del Reino de Esuatini ha violado los derechos humanos y sindicales. Sin embargo, cada vez surgen más reclamos en contra esta impunidad y a favor de la implementación de reformas democráticas.
Se llevaron a cabo manifestaciones nacionales a favor de la democracia en todo el país y, el 6 de agosto, las federaciones sindicales internacionales celebraron un Día de Acción Mundial en apoyo de los sindicatos de Esuatini.
Durante las manifestaciones, más de 72 personas fallecieron a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército contra los manifestantes prodemocracia. Cientos resultaron heridos, mientras que algunos siguen desaparecidos. Algunos activistas se escondieron y otros se exiliaron.
Es en este contexto que el 3.er Congreso de IndustriALL, celebrado el 14-15 de septiembre, adoptó una resolución a favor de la democratización de Esuatini que incluye el respeto por el derecho a la vida y la libertad sindical, de reunión y expresión.
“Pedimos un diálogo nacional para promover reformas que permitan la elección democrática del primer ministro y una revisión de la Constitución nacional para habilitar la transferencia de poderes ejecutivos del rey a una autoridad elegida democráticamente”,
expresa una de las demandas de la resolución.
Atle Høie, secretario general de IndustriALL, le escribió una carta al primer ministro de Esuatini, Cleopas Dlamini, exhortándolo a tomar medidas para poner fin a las “graves violaciones de los derechos humanos y el uso de fuerza excesiva y letal contra los manifestantes”. En otra carta a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), solicitó “una investigación exhaustiva sobre la muerte de civiles y el paradero de los desaparecidos” y recomendó que el Consejo de Derechos Humanos “considere este asunto con urgencia”.
En una petición presentada a la oficina de las Naciones Unidas en Mbabane por sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, se insistió en que la ONU debe intervenir a favor de “un diálogo inclusivo, la eliminación de la prohibición de los partidos políticos, un consejo de transición, una Constitución democrática y una democracia multipartidista”. La ONU también debe “obligar al rey a dialogar con la gente en lugar de matarla”. Además, los peticionarios quieren que el rey Mswati III sea juzgado en la Corte Penal Internacional por “el asesinato despiadado de civiles desarmados”.
Los afiliados de IndustriALL en Esuatini, el Sindicato Amalgamado de Suazilandia (ATUSWA) y el Sindicato de Trabajadores de Mantenimiento del Suministro Eléctrico y Afines de Suazilandia (SESMAWU) participaron en la marcha para presentar la petición.
“Como trabajadores de Esuatini, agradecemos el apoyo que estamos recibiendo a nivel mundial por nuestras demandas de reformas democráticas. La solidaridad internacional de los trabajadores es importante en la lucha para eliminar el régimen antidemocrático que está causando tanta miseria en nuestro país. Agradecemos el apoyo de nuestros afiliados hermanos en IndustriALL. La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes”,
expresó Wander Mkhonza, secretario general de ATUSWA.
Según los peticionarios, más del 65 por ciento de la población del país vive en la pobreza, con menos de US$ 1,25 dólares al día.
“La pobreza se ha agravado a través del despojo de los medios de vida de la gente por parte del rey, que desaloja a la gente de sus tierras, propiedades y negocios. El país está experimentando una pobreza incalculable debido a la apropiación indebida de recursos nacionales para financiar el lujoso estilo de vida de la realeza”.
Esuatini es la última monarquía absoluta de África y el rey Mswati lleva un estilo de vida extravagante, con coches caros y jets privados para su familia de 15 esposas. Luego de protestas públicas, el monarca prohibió que se fotografiaran sus coches. El patrimonio neto del rey es de más de 200 millones de dólares. Además, está a la cabeza de Tibiyo Taka Ngwane, una empresa de inversión con un valor de más de 140 millones de dólares, supuestamente mantenida en fideicomiso en beneficio del pueblo de Esuatini.