4 junio, 2009El movimiento sindical internacional está de luto por la muerte del defensor de los derechos humanos y laborales, el Dr. Manuel Arroyo Galván y se llama a una inmediata y transparente investigación.
México. La FITIM llama a las autoridades mexicanas a una urgente investigación del asesinato del destacado defensor de los derechos de los trabajadores, el Dr. Manuel Arroyo Galván, ocurrido en la ciudad de Juárez, Chiguagua, el 29 de mayo.
Dr. Arroyo cooperó con la FITIM en el área de los derechos de los trabajadores y en el proyecto de investigación sobre las condiciones de trabajo en las maquiladoras.
El Dr. Arroyo fue profesor de sociología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y participó durante muchos años en diferentes organizaciones de justicia social, entre ellas la "Organización Popular Independiente", la cual el formó.
En la actualidad estaba escribiendo un libro para pedir a los movimientos sociales unir sus fuerzas para mejorar los derechos humanos y las condiciones de trabajo en las maquilas y fue un largo tiempo abogado y coordinador de la campaña para defender la libertad de asociación y los derechos laborales en Ciudad Juárez.
El Dr. Arroyo tenía 44 años y fue asesinado al aire libre en calles de Ciudad Juárez y recibió seis balazos en la cabeza, pero hasta ahora ningún autor ha sido detenido. De acuerdo con la Fundación Friedrich Ebert en México D.F. (FESMEX), el Dr. Arroyo es el séptimo profesor universitario asesinado en los últimos dos años. Todos los fallecidos han participado en la organización no gubernamental o en proyectos de derechos laborales y humanos.
Juárez es una de las ciudades más violentas de México. En el último año alrededor de 1600 personas han sido víctimas de la violencia y en la mayoría de los casos estos crímenes no han sido investigados y han quedado impunes, a pesar de que hay estacionados 8.500 soldados en la ciudad.
La FITIM se une al movimiento sindical internacional en el duelo de la muerte del Dr. Manuel Arroyo Galván y pide que el Estado de Chihuahua y el Gobierno Federal adopte medidas urgentes para identificar y castigar a los culpables de su asesinato, y que garantice el derecho a la vida y la integridad física de los defensores de los derechos humanos y de la población de Juárez.