31 mayo, 2010
El Sindicato de Trabajadores de la Bauxita y Generales de Guyana (GB&GWU) ha solicitado al gobierno de dicho país sudamericano medidas correctoras para poder seguir representando a 500 mineros de la Bauxite Co. of Guyana Inc. (BCGI), cuya empresa rusa RusAl, del sector de los metales, controla un 90% de las acciones.
Por fin, la semana pasada, el 25 de mayo, el GB&GWU logró una audiencia ante el Consejo de Reconocimiento y Certificación Sindical de Guyana, tras seis meses de intensa lucha, que culminó en diciembre de 2009 cuando RusAl tomó la decisión unilateral de retirar reconocimiento al sindicato en las minas de bauxita en Aroaima y Kwakwani, contradiciendo la legislación laboral de Guyana.
Sin embargo, esa audiencia no llegó a ninguna conclusión, y el sindicato solicita que el Ministerio del trabajo aplique medidas correctivas antes de presentar a los mineros una votación acerca de si quieren o no conservar el sindicato que existe desde hace mucho tiempo. Siguen despedidos cincuenta y siete activistas del GB&GWU, después de haber encabezado una huelga, el 22 de noviembre de 2009.
Los miembros del GB&GWU en frente del Ministerio del trabajo, 4-5 Febrero
El sindicato busca compensación por cuanto el Ministro del Trabajo se negó a tomar medidas o a realizar una investigación después de haber terminado la huelga. La BCGI preparó una petición de desautorización, y obligó a los trabajadores a firmarla, contra el GB&GWU. En abril, se supo que la administración de BCGI, tanto en Aroaima como en Kwakwani había aupado la organización de un comité de trabajadores para dar forma a un sindicato rival, conectado con el partido de gobierno, el People’s Progressive Party (PPP) de Guyana. (Tradicionalmente, el GB&GWU se ha identificado con el partido de oposición, el People’s National Congress Reform, PNCR).
-Lo que estamos pidiendo- señaló Lincoln Lewis, Secretario General del GB&GWU, -es que se respete la legislación del país, antes de realizar ninguna votación en la BCGI. Esto implica corregir la desautorización unilateral impuesta por BCGI, terminar con la persecución de dirigentes sindicales, que se estudien los casos de despido ilegal, y que se corrija su descarada interferencia en los derechos de libertad de sindicación.
Pues esto no se ha hecho. No podemos realizar una votación sin que se responda a todas estas quejas. Si hiciéramos así, establecería un precedente indeseable para cualquier sindicato en Guyana, sea cual sea su afiliación política, para hacer caso omiso de la legislación nacional y las normas internacionales del trabajo con el fin de socavar a un sindicato legítimo.-
Este conflicto está ahora muy politizado, ya que delegados de la PNCR en la Asamblea Nacional han presentado en la Asamblea Legislativa una moción de censura contra el Ministro del Trabajo, Servicios Humanos y seguridad Social, Mansoor Nadir. El Caribbean Guyana Institute for Democracy ha hecho un llamado para que renuncie el mencionado ministro.
Secretario General del GB&GWU, Lincoln Lewis
El conflicto laboral se inició primero en las negociaciones salariales que se realizaban en noviembre del año pasado. BCGI presentó tres propuestas, y pidió a los mineros votar para aceptar una de ellas. Cuando aceptaron la propuesta que menos convenía a la BCGI, los administradores empezaron a reunirse con grupos de trabajadores para convencerles a cambiar su posición. La administración avisó a los que respaldaban la votación democrática, que serían los primeros en ser despedidos.
Por lo tanto, las tácticas de intimidación usadas por la administración fueron causa de la huelga, durante la cual BCGI despidió a los dirigentes sindicales, retiró su reconocimiento del sindicato, y posteriormente quiso introducir otro sindicato. La ICEM intervino ante el gobierno de Guyana, pero recibió solamente una respuesta seca que señalaba que se están observando todas las leyes y procedimientos. La ICEM seguirá apoyando al GB&GWU hasta que se logre imponer completa justicia.